Ya solicitó el fiscal la orden para detener a “varios” por el asesinato de Chavarría

Entregó Javier Olea al Congreso un documento de cuatro hojas en el que sostiene que investigó las hipótesis “afectiva, política, de la delincuencia organizada y los grupos subversivos” sin precisar cuál línea fue la determinante

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un escrito de cuatro páginas tamaño carta, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó al Congreso que solicitó a un juez que libere una orden de aprehensión contra “varios sujetos que presuntamente participaron en el homicidio” del presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Armando Chavarría Barrera.
El fiscal indicó que llegó a esa conclusión después de desarrollar las hipótesis “afectiva,  política, de la delincuencia organizada y los grupos subversivos”, sin precisar cuál fue la línea determinante.
Ayer durante la sesión de la Comisión Permanente se notificó de la llegada del informe del fiscal sobre el caso Chavarría.
El pasado 26 de junio, durante su comparecencia ante comisiones del Congreso, el fiscal se había comprometido a entregar a los diputados un informe concluyente en el que revelaría quiénes eran los autores del crimen, y con base en ello solicitaría las conducentes órdenes de aprehensión.
De acuerdo con el documento que se distribuyó a los integrantes de la Comisión de Justicia y de Asuntos Políticos para “su análisis y discusión”, el informe por el asesinato cometido hace ocho años, consta sólo de cuatro páginas tamaño carta, escritas a doble espacio. El fiscal indica allí que como señaló en su comparecencia ante diputados, “se ha concluido la investigación del homicidio” de Armando Chavarría ocurrido el 20 de agosto del 2009. Y menciona en qué consistieron las investigaciones del caso.
Las dos primeras hojas solamente traen una relación de todos los procuradores que participaron en la averiguación. Menciona a Eduardo Murueta Urrutia, en el momento de los hechos, posteriormente Albertico Guinto Sierra quien estuvo como encargado de despacho tras la dimisión del primero, luego David Augusto Sotelo Rosas y cinco abogados coadyuvantes de PRD.
“En esta etapa de manera desafortunada no se avanzó en la investigación”, dice en alusión a los procuradores del gobierno de Zeferino Torreblanca.
Agrega que del 18 de mayo de 2011 al 6 de diciembre del mismo año Alberto López Rosas “practicó únicamente 23 diligencias sin relevancia alguna o trascendencia en la investigación”.
Del 20 de diciembre del 2011 al 4 de enero de 2012 estuvo César de los Santos Mendoza, el subprocurador encargado de la Procuraduría “no practicó ninguna diligencia” y agrega que lo mismo ocurrió con el encargado del 4 de enero al 15 de mayo del 2012, Manuel Herrera Campos.
Detalla que del 14 de julio del 2012 al 21 de mayo del 2013  cuando era procuradora Martha Elba Garzón Bernal se practicaron 61 diligencias en 1075  fojas y que el procurador Iñaki Blanco  practicó 109 diligencias.
Y el anterior procurador Miguel Ángel Godínez Muñoz “no practicó ninguna diligencia”.
En el informe se apunta que Javier Olea “participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomos, diez etapas de investigación y, determinó la averiguación previa, en el periodo de 11 de diciembre de 2015 al 16 de julio de 2017, invirtiendo más de mil 950 horas en la investigación”, resaltó el fiscal en el escrito.
Y continúa: “amén de que se removió de su cargo al fiscal de asuntos especiales, en virtud de que dicho servidor público, no había practicado diligencias idóneas desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para ello, designó un grupo especial de Ministerios Públicos y Policía Ministerial, que atendiera exclusivamente el asunto Armando Chavarría, en el que el propio fiscal participó para llegar a la conclusión que se puso a disposición del órgano jurisdiccional”.
En el documento de siete puntos también se apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) “remitió al Juzgado Penal correspondiente la solicitud de orden de aprehensión en contra de varios sujetos que presuntamente participaron materialmente en el homicidio”, pero no menciona nombres ni a cuántos acusó ante el juez.
No obstante sostiene que su conclusión es que se trata de  “los presuntos responsables después de desarrollar las siguientes hipótesis, la afectiva, la política, la delincuencia organizada y los grupos subversivos, determinando después de la ardua investigación qué sujetos presuntamente intervinieron en el injusto penal de referencia (sic)”.
“Razón por la cual se consignó ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que primeramente, se obsequie la  orden de aprehensión que –en su caso- libre el juzgador en materia penal que conozca el asunto, una vez que analice todos los tomos que fueron remitidos”, agrega.
Al final el informe indica que “una vez hecho lo anterior la Fiscalía General del Estado de Guerrero, procederá a poner a los responsables a disposición del órgano Jurisdiccional”.

Con carácter “confidencial” entrega el fiscal a Flor Añorve el informe del caso Chavarría

Se salta Javier Olea las instancias de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Oficialía de Partes, aunque la presidenta de la Junta de Coordinación Política remite el sobre en el que recibió el informe a la primera oficina. No se informa cuándo se entregó el documento, cuyo procedimiento es calificado por el diputado por MC, Ricardo Mejía Berdeja, de “clandestino”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso se notificó de la llegada del informe del fiscal del estado Javier Olea Peláez sobre el caso del asesinato del presidente del Poder Legislativo, Armando Chavarría Barrera, que llegó en un sobre con carácter de “confidencial” dirigido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo.
El informe del fiscal, que se comprometió a ofrecer desde el 26 de junio, se turnó a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Asuntos Políticos para su “análisis y discusión”, sin embargo éste no tendrá ningún alcance legal.
Olea Peláez informó el 9 de agosto que desde dos semanas antes entregó el informe al Congreso local y se consignó a la “autoridad jurisdiccional” el expediente con la conclusión sobre los responsables del asesinato, mientras que los diputados locales negaron que el informe hubiera llegado, y fue ayer cuando se conoció de su existencia de manera oficial pero no se informó cuándo llegó.
En tribuna, el diputado Ricardo Mejía Berdeja dijo que ayer por la mañana se enteraron “con sorpresa, vemos que clandestinamente este fiscal hizo llegar, no a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, ni a la Oficialía de Partes, cual debe ser el procedimiento, sino a la presidenta, directamente, en un sobre confidencial el famoso informe”.
El diputado no precisó cuándo llegó el informe pero dijo que Flor Añorve, “diligente y responsable, como lo es, pues le da el trámite que corresponde”, ya que lo envió a la Secretaría de Servicios Parlamen-tarios para que le dé entrada.
“No tiene el fiscal que andar clandestinamente entregando cosas, y luego mal informando a la opinión pública, cuando esta soberanía no se ha enterado oficialmente de ningún informe”, señaló.
Calificó como grave que “al Congreso siempre lo ha usado (el fiscal) como coartada de su ineficiencia, como cuando no procedió contra el diputado con licencia, Saúl Beltrán Orozco y justificó su inacción porque supuestamente el Congreso le pidió que no actuara”.
En su intervención criticó que el fiscal “andaba declarando que ya había informado al Congreso cuando no era cierto”.
Y adelantó que pediría copia del informe “pero también esperemos que diga lo mismo del caso de Ambrosio Soto, del caso del (periodista) Cecilio Pineda, del caso del ex alcalde de Tecpan Crisóforo Otero Heredia, que permanecen en la impunidad como cientos de homicidios, robos, secuestros y extorsiones en todo el estado”.
Dijo que si la fiscalía solo acumula carpetas, “yo creo que se le deba cambiar el nombre a la Fiscalía General del Estado, y ponerle Carpetería General del Estado”.

No se revelará su contenido, adelanta el priista Vicario

En declaraciones al culminar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, informó que el informe del fiscal fue entregado a la Mesa Directiva hasta ayer, porque antes sólo lo tenía la presidenta de la Junta de Coordinación Política.
Comentó que la diputada Flor Añorve le notificó que “previo a la sesión había llegado a su oficina un sobre cerrado que decía ‘confidencial’ y que en su interior traía el informe del fiscal”.
Magdalena Camacho precisó que “el informe es sólo de conocimiento, ya que jurídicamente no tiene  ningún alcance” porque “en el informe no se dice, ni se revelan otras cosas, sino lo que ya se conoce y ha pronunciado el fiscal”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón, advirtió que no se le daría ninguna difusión al informe para cuidar la secrecía del tema.
“Estamos obligados a salvaguardar la secrecía de la investigación y no vamos hacer ninguna difusión de ese informe. Cuando menos en el turno que se le dé a la Comisión de Justicia, no habremos de hacer público lo que en ese informe se dé, porque puede que venir ahí líneas de investigación y se pueden violar el debido proceso. No-sotros se lo daremos a conocer a los diputados integrantes,  pero no será un documento que se pueda exhibir públicamente”, dijo el  priista.
Al diputado se le preguntó los alcances del informe que se entregó al Congreso, a lo que respondió: “esto son asuntos que se deben de salvaguardar, que se deben de reservar  en la Fiscalía  del estado, por eso nosotros nunca hicimos un planteamiento de que llegara dicho informe al Congreso porque nosotros no tenemos facultades para darle seguimiento”.
Precisó que a pesar de que el informe se envió a su comisión, “nosotros no haremos ni siquiera una evaluación siquiera de dicho informe, porque no tenemos materia ni siquiera competencia, eso es de la fiscalía y es asunto de las instancias jurisdiccionales. El Congreso no es una dependencia para andar litigando asuntos que corresponde a una dependencia muy puntual. Como diputados debemos ser responsables y debemos de mantener la exigencia de investigación, aprehensión y castigo de quienes cometieron ese delito”. El también ex compañero de legislatura de Armando Chavarría dijo que no serviría de nada que los diputados “analicemos o evaluemos, en nada” y consideró que el informe fue solo en “atención” a lo que se comprometió el fiscal en su comparecencia.

Protege la PGR?al fiscal: Mejía

En tribuna el coordinador de los diputados de MC recordó que en la comparecencia del 26 de junio, el fiscal informó que 293 elementos de la Fiscalía, entre ministerios públicos policías investigadores y peritos, habían reprobado los exámenes en control y confianza. Sin embargo, continuaban desarrollando sus funciones.
Dijo que el fiscal seguía violando el artículo 21 de la Cons-titución, que establece que nadie podrá ser parte de la instituciones de seguridad pública, si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mejía recordó que encontró trabas cuando presentó la denuncia penal en la Procuraduría  General de la República (PGR) por delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y contra la administración de justicia.
“No querían recibirla y cuando se admite y la ratificamos, la PGR en la sede de Chilpancingo saca un acuerdo de abstenerse de investigar al fiscal general basando, supuestamente en el artículo 258 del Código nacional de procedimientos penales”, dijo el diputado.
Comentó que entonces acudió ante un al juez de control para presentar un recurso de inconformidad porque el MP federal no quiere investigar al fiscal del estado. A la inconformidad se le dio entrada y fijaron audiencia para el 24 de agosto a las 10 de la mañana.
El pleno del Congreso aprobó a propuesta de la diputada Silvia Romero Suárez (PRD), un exhorto al ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunica-ciones y Transportes a que realice revisiones al servicio de autotransporte de turismo y garantice la seguridad de los pasajeros desde el momento que suben a un autobús.
Romero Suárez dijo se debe identificar a concesionarios que no cuentan con el seguro del pasajero y las condiciones físicas y mecánicas de las unidades y sancionar a los que no cumplan los protocolos.