Critica Vidulfo que AMLO encabece investigación de los 43 pues respalda a ultranza al Ejército

El 25 de septiembre, en la Ciudad de México, Mario César González Contreras, padre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, habló frente a los medios, como parte del movimiento para exigir que el Ejército entregue información sobre la desaparición de los normalistas Foto: Cuartoscuro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que él es quien ahora encabeza las investigaciones del caso Ayotzinapa, “despierta preocupación” y les parece “peligroso” porque no es garantía de imparcialidad en el caso porque ya ha tomado partido por el Ejército mexicano.
Entrevistado por teléfono, el abogado dijo que una cosa es que el presidente diga que tiene la voluntad y que está interesado en el caso, y otra decir que es él quien encabeza las investigaciones, “eso nos parece peligroso”.
Dijo que “es delicado” que encabece las investigaciones el presidente por la posición que ha asumido en el caso al “respaldar totalmente a ultranza al Ejército que tiene la obligación de aportar información”.
Reiteró que el Ejército tiene en sus archivos documentos que refieren que 17 estudiantes fueron desaparecidos, y que esa información, archivos, audios, videos y comunicaciones intervenidas, deben aportarse toda.
“Pero si el Ejército se niega y el presidente lo respalda a ultranza, al grado de descalificar y desprestigiar a quienes estamos acompañando la investigación, con tal de encubrir y respaldar la obstrucción que está haciendo el Ejército mexicano, y si con esa posición va a investigar no se va a lograr grandes avances”, declaró Rosales Sierra.
Para el abogado es más importante que el presidente siga su labor, “mostrando esa voluntad política y que siga estando pendiente de la investigación porque decir, de pronto, que él la dirige despierta preocupación”.
Explicó que esa preocupación es porque “estamos en un punto en el que desde la Presidencia de la República se ha tomado partido por el Ejército mexicano”.
E insistió que es riesgoso porque la investigación ha llegado a un punto en el que se implica a personajes claves del 27, 42 y 50 batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso y resultan con responsabilidad y tienen que ser investigados.
“Se tiene que verificar todos los archivos que hay dentro de esta institución. (Los militares) ya son parte de la investigación porque los ha tocado, los implica y les imputa responsabilidad en diferentes niveles, por lo cual deben responder y se les debe realizar una investigación”.
Insistió que tan están implicados los militares que hay 14 de ellos detenidos, “y ya no pueden decir nosotros nada tenemos que ver con el caso. No, están implicados en el caso Ayotzinapa y el presidente de la República ya no puede estar tomando partido a su favor, ya no puede estar diciendo que el Ejército no tiene nada que ver, que no lo toquen, que ya entregó la información y que ha colaborado, porque no es así, por el contrario, ha obstaculizado y ha ocultado la información durante nueve años al más alto nivel, y está negando en este momento la información”, declaró Rosales Sierra.
Contó que el jueves se reunieron los padres con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, quien les mostró más documentos; por lo menos 18 folios en los que existe información relevante, que indica que miembros del Ejército mexicano hicieron más intervenciones telefónicas a una diversidad de personas que están hablando del caso Ayotzinapa, “pero son conversaciones fragmentadas, incompletas, no se sabe quiénes fueron esas personas que fueron objeto de esas intervenciones telefónicas”.
Sin embargo, aseguró que esas personas están hablando del caso Ayotzinapa, “es decir, están hablando de los hechos que tuvieron lugar del 26 de septiembre hasta a mediados de octubre”.
Explicó que de los 800 folios que están reclamando los padres, el subsecretario Encinas buscó y encontró 18 y de ésos varios son intervenciones que hizo el Ejército el 26, 27 y 28 de septiembre y los primeros días de octubre.
Informó que personal del Ejército transcribió fragmentos muy pequeños de esas conversaciones que intervino en esos días en las que es claro que las personas están hablando de lo que está pasando en el caso Ayotzinapa.
“Eso nos da cuenta de que hay más información en los archivos militares que el Ejército tendría que estar poniendo a disposición, aparte de los 800 folios que nosotros estamos solicitando. Hay información relevante que están ocultando”, insistió el abogado.
Los conservadores están en el gobierno de AMLO

Rosales Sierra reprochó que el presidente, en vez de ordenar que se investigue al personal del Ejército implicado, insiste en su narrativa de descalificar a quienes lo cuestionan y critican, al colocarlos del lado de los conservadores, “no importa quiénes sean”.
El abogado dijo que supone que cuando el presidente López Obrador se refiere a que hubo injerencia de grupos conservadores en el caso, se refiere al ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo y a Karla Quintana ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Pero recordó que ambos vienen del movimiento social y de los derechos humanos.
“Es la narrativa del presidente descalificar, denostar, cuestionar, desprestigiar y colocar a las organizaciones que han defendido los derechos humanos del lado conservador para debilitarlas y socavar el trabajo que vienen realizando”.
Defendió que jóvenes como Karla Quintana y Omar Gómez Trejo surgieron del movimiento de derechos humanos en México en la década de los 80 desde cuando estuvieron cuestionando el autoritarismo, las graves violaciones a los derechos humanos y fueron férreos defensores de las causas populares y de los derechos económicos y sociales.
En este mismo movimiento ubicó Rosales Sierra a organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) “que desde los años 90 trae un empuje fuerte, cuestionando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, la imposición de proyectos hidroeléctricos como la presa La Parota, y contra las incursiones ilegales del Ejército en las comunidades indígenas”.
Sostuvo que estas agrupaciones y quienes participan en ellas han respaldado el movimiento de los padres, “y lejos de ser parte del movimiento conservador han estado de parte del movimiento democrático, somos aliados del movimiento social, hemos defendido a los presos políticos y a defensores sociales que han reivindicado grandes luchas”.
E insistió: “Pero el presidente, con su juego de palabras nos coloca como conservadores, cuando somos parte de las luchas de la izquierda progresista y democrática y pugnamos por cambio”.
Dijo que incluso estos movimientos son parte del cambio que encabeza el presidente, mismo que ahora está desviando.
“Yo creo que los conservadores no son ni Karla Quintana ni Omar Gómez, los conservadores están en su gobierno, él hizo una coalición con personajes de derecha y tiene enquistados en su gobierno a personajes que estuvieron en el PAN y en el PRI, que haga una revisión”.
“Los conservadores están infiltrados en su gobierno y son los que lo están llevando ahora a colocarse del lado de la derecha”, dijo el abogado.

Desvarío, reconocer a Salvador Cienfuegos

Dijo que entregar un reconocimiento al ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, forma parte de ese “desvarío de la 4T, de la pérdida de rumbo y de la desviación de este gobierno, que, de pronto, a quienes hemos luchado en el movimiento democrático, social, de izquierda y progresista, nos coloca del lado de los conservadores y a los militares sumamente cuestionados y responsables de graves violaciones a los derechos humanos les entrega reconocimientos”.
Recordó que los militares son los responsables de la represión de los ferrocarrileros en los años 50 y 60, del asesinato y represión del movimiento que encabezó Rubén Jaramillo, son responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968, que sigue sin esclarecerse, de las graves violaciones a derechos humanos del movimiento social de los años 70 en llamada guerra sucia, de violaciones a los derechos humanos en el año 2000 cuando incursionó en comunidades indígenas de Guerrero que derivaron en violaciones sexuales a mujeres indígenas como Inés Fernández y Valentina Rosendo y ahora responsables del caso Ayotzinapa.
“Es un Ejército que siempre ha jugado del lado de la derecha, ideologizado y que ve a los movimientos sociales y al movimiento campesino como enemigos a los que tiene que mantener a raya”.
Explicó que el caso Ayotzinapa ilustra claramente cómo infiltró a la Normal por considerarla un enemigo, y que al movimiento social en Guerrero “nos tiene dentro de las listas a las que hay que espiar y darles seguimiento. No se preocupa de la delincuencia organizada, el Ejército está preocupado en el movimiento social. Es un Ejército contrainsurgente”, denunció.
Concretamente del general Salvador Cienfuegos que recibió un reconocimiento del presidente López Obrador, el abogado Rosales dijo que es imposible que él no haya estado al tanto del ocultamiento de información del caso Ayotzinapa.
“Es difícil imaginar que no sepa que el Ejército infiltró a la Normal y que estaba al tanto de todo lo que estuvo pasando de principio a fin, y que ocultaron y tergiversaron los hechos”.
Señaló: “Claro que tiene responsabilidad y debería enfrentar una investigación por el caso Ayotzinapa, en vez de reconocimientos”.

 

La investigación de Ayotzinapa está estancada; el gobierno falta a su palabra: Vidulfo Rosales

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El abogado y representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que la condicionante que han puesto para reanudar el diálogo con el gobierno, es la reactivación de las canceladas órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios.
“La condición para continuar en el diálogo, la condición para continuar en las expectativas pasa por que este gobierno, la condición que tendrían que mostrar, las señales inequívocas que tendrían que mostrar que este gobierno tiene voluntad para esclarecer los hechos, pasa por la reactivación de las órdenes de aprehensión contra los militares y los funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero”, dijo Rosales Sierra.
En un mitin realizado en el Hemicilo a Juárez en esta ciudad capital del país, por 100 meses desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el abogado afirmó que no se puede “mantener” en la impunidad a elementos del Ejército mexicano y funcionarios del estado de Guerrero  que supuestamente participaron en la desaparición.
El representante añadió que el punto actual de la investigación realizada por autoridades federales se encuentra pausada, además de criticar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido el compromiso ante los padres de dar con la verdad de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
“Tenemos una investigación estancada, un Ejército intocable, un Ejército que no brinda información y un Poder Ejecutivo achicado, un Poder Ejecutivo que sucumbe ante el poder militar, un Poder Ejecutivo que falta al cumplimiento de su palabra”, agregó Vidulfo Rosales.
Además, señaló que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, perdió validez debido a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes catalogaron falsas capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp entre supuestos involucrados.
“Ese informe no tiene sustento, pero ese informe hoy en día es la nueva narrativa de este gobierno, este informe es la salida que este gobierno pretende darnos, ese es el cierre del caso, el gobierno quiere que aceptemos ese informe. Por eso el presidente de la República en sus mañaneras, cuenta y lo que no está en el informe no cuenta”, dijo el abogado.
Rosales Sierra afirmó que en el proceso de investigación realizado por la presente administración, existe un “punto de quiebre” que sucedió en septiembre de 2022, cuando se presentaron las órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios.
“En el mes de septiembre del año 2022, la investigación llegó a su punto más alto con 83 órdenes de aprehensión que involucraba a servidores públicos de distintos niveles, que involucraba a un grupo delictivo con toda su estructura” manifestó Rosales.
Agregó que en septiembre fue cuando se generó el debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sobre la ampliación del periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señalando que se ha preferido no ir tras los militares.
“Faltando al compromiso, faltando a la ética, faltando al compromiso con la verdad y con la justicia, este gobierno optó por no enjuiciar a los militares, prefirió dar el paso hacia atrás. Eso se tradujo en la cancelación de 20 órdenes de aprehensión, 16 de las cuales, militares” comentó el representante de los padres.
Recordó que el gobierno federal se comprometió al esclarecimiento de los hechos sobre lo sucedido con los 43 estudiantes normalistas “topara donde topara”, pero que al involucrar directamente a militares, prefirieron no acutar.
“Pero ese tope donde tope llegó en el mes de septiembre, en medio de toda esta discusión, en este contexto de esta lucha, de esta discusión en el país, de la militarización, de los acuerdos políticos del presidente con los militares, de las reformas que le dan más facultades al Ejército mexicano, en medio de esta discusión, tenía que tomar una definición el gobierno federal, una definición política de enjuiciar a los militares o no enjuiciarlos”, señaló Rosales.
De igual forma, dijo que han cumplido un año requiriendo al Ejército mexicano para que haga entrega a la Fiscalía Especializada del caso, de información relevante para continuar con la investigación, pero que no han hecho entrega de la misma.
Padres y madres de familia de los 43 estudiantes se manifestaron en la Ciudad de México por los 100 meses de la desaparición. Aproximadamente a las 4 y media de la tarde los manifestantes partieron desde el Ángel de la Independencia para arribar al Hemiciclo a Juárez, haciendo una pausa en el Antimonumento de los 43, para realizar un pase de lista.