El representante del clúster minero de Guerrero, Alfredo Philips Greene dijo que el sector económico al que representa se manifestó por el respeto a las 10 comunidades que formaron su autodefensa en los alrededores de Mezcala, pues a ellas se deben, pero también por el respeto al Estado de derecho, ante lo que pidió un marco legal que le dé certeza.
“El sector (minero) se debe a sus comunidades y a la estabilidad que hay en sus comunidades. Nosotros respetamos plenamente el derecho de las comunidades de auto organizarse como mejor les convenga, y preferimos que eso esté avalado por el Estado de derecho que en este caso, entendemos que es un caso complejo porque no están reconocidos (como policías comunitarias), pero son una expresión de las comunidades que nosotros tenemos que respetar”, dijo por teléfono.
Pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco integraron su autodefensa con el propósito de frenar la delincuencia organizada de esas localidades, ubicadas en terrenos donde hay explotación de oro por empresas canadienses.
Anoche Philips Greene llamó a encontrar comunicación y que converjan las propuestas de los habitantes de las comunidades y las autoridades, para que las policías comunitarias sean avaladas.
“Hay que buscar un canal para que todo ese tipo de expresiones, que son importantes, puedan mantenerse en un marco legal que dé certeza porque eso se necesita”, dijo.
Se le preguntó si las empresas mineras asentadas en Guerrero apoyan a la naciente autodefensa y lo negó.
Los vecinos de los nueve pueblos marcharon por la paz del Zócalo de Mezcala a la Carretera Federal México-Acapulco este domingo, donde los policías comunitarios bloquearon, recibieron agua y comida de trabajadores de las empresas.
Consultado al respecto Alfredo Phillips aseguró que ninguna minera está participando en la movilización, “apoyamos a las comunidades en su libre organización y como mejor les convenga, pero ninguna de las dos empresas (Media Luna y Gold Corp), ni como clúster minero, han apoyado estos movimientos. Los empleados que pudiesen haber participado lo hicieron en el ejercicio de sus derechos y lo que nosotros manifestamos es el derecho de la comunidad de organizarse porque se siente amenazada”, indicó.
“Lo que nosotros proponemos es que se les busque un marco legal, que les dé certeza, porque en la medida que se carece de un contexto legal siguen siendo inciertas (las policías comunitarias). Necesitamos encontrar soluciones con la colaboración de todos, con la colaboración del estado, los municipios y la federación, las propias comunidades y las empresas que participamos para resolver el tema de la seguridad, para que las comunidades se sientan tranquilas y no tomen estos temas en sus propias manos”, declaró.
Reiteró que las mineras están enfocadas en generar empleos.