Policía con cursos en el FBI y la DEA, Camacho ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos




El 12 de diciembre de 2002, el entonces procurador general de Justicia Jesús Ramírez Guerrero –en el gobierno de René Juárez Cisneros– designó a Alfredo Camacho Millán como comandante regional de esa corporación en Acapulco, en sustitución de Arnulfo Jacobo Luviano.
Policía de carrera con cursos del FBI en tácticas de negociación de rehenes, y cursos de la DEA en investigaciones criminales, Camacho Millán ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos al menos en un par de ocasiones.
A finales de 2000, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) emitió dos recomendaciones en contra del comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) Alfredo Camacho Millán, junto con otros ocho jefes judiciales, en las que se le señala como uno de los involucrados en la desaparición forzada de José Rodríguez Román, a quien la policía al parecer arrestó como presunto sospecho del secuestro del empresario Raúl Astudillo, en Tixtla, en mayo de 2000.
El 16 abril de 2004, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Francisco Díaz González, denunció que policías ministeriales encabezados por su coordinador regional, Alfredo Camacho Millán, violaron los derechos humanos de vecinos de San José Mogollón –municipio de Coyuca de Benítez–, después de la detención de cuatro presuntos secuestradores.
Según el comisario municipal de ese poblado, Miguel Ocampo Balanzar, los policías llegaron en la madrugada, encañonaron a la gente y entraron a las casas de manera arbitraria ante la presencia de mujeres y niños, para lograr la detención de cuatro sospechosos del secuestro del empresario Felipe Galeana Talavera ocurrido el 15 de diciembre de 2003, y a quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los relacionó con grupos armados.
Por los mismos hechos, los afectados presentaron una queja por privación ilegal de la libertad de Andrés de Jesús y Francisco de Jesús, así como por allanamiento de morada y amenazas ante la Codehum. (Redacción).