Al menos 30 por ciento de los 6 mil 500 taxis de Acapulco circulan con placas falsas y números económicos apócrifos, utilizados hasta por cuatro vehículos distintos.
De acuerdo con información de la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del actual gobierno estatal, desde hace siete años se han vendido unas 400 placas falsificadas –de los 4 mil 560 taxis azules y 2 mil amarillos que componen el actual padrón de la dependencia– por una red de defraudadores que opera desde 1999, y que presuntamente está dirigida por Brissio Pérez Ramírez.
Sin embargo, fue hasta fines de 2005 que la Dirección de Transporte presentó una denuncia formal en contra de esa persona. Salvador Melesio Montiel presentó tres denuncias ante el Ministerio Público del fuero común contra Brisio Pérez, la primera en septiembre de 2005, y la última el 27 de marzo de 2006, por el delito de falsificación de documentos.
Dos semanas antes, Melesio Montiel interpuso la segunda denuncia ante el MP sector central. En esa ocasión, el extinto delegado opinó que Brissio Pérez no era un líder transportista, sino que simplemente su oficio era mecánico y hojalatero, “y de ahí uno se imagina la magnitud de lo que ha ganado en esto, porque se sabe que ahora tiene casa en Las Brisas”.
Con esta versión coincidieron algunas fuentes consultadas, que pidieron omitir sus nombres, quienes dijeron que gracias a esas actividades ilícitas y de haber dejado en la calle a varias familias con sus fraudes, Brissio Pérez posee casas en fraccionamientos exclusivos como Condesa, Flamingos y Joyas de Brisa Mar, además de autos lujosos y hasta un yate.
Por su parte, el coordinador regional de la Policía Investigadora Ministerial, Emiliano Portillo Lagunas, dijo ayer que en el homicidio del delegado de Transporte Salvador Melesio Montiel, no se descarta el pirataje como una de las principales líneas de investigación.
Las fuentes relataron que el presunto transportista inició su carrera delictiva en 1999, cuando fue director de transporte el ahora candidato a diputado federal del distrito 09 por la coalición Por el Bien de Todos, César Flores Maldonado, con quien tiene un parentesco familiar –al parecer son concuños.
Detallaron que para contactar a posibles compradores de las concesiones, Brissio Pérez cuenta –porque sigue vendiendo documentos falsos– con la ayuda de cuatro personas: José Luis Hernández Herrera, Hermenegildo Dimas del Carmen, Félix Radilla Pineda y Elías Castrejón –pues se ha sabido que nunca busca a sus clientes personalmente y él solamente hace los tratos cuando la gente ya está decidida a pagar– quienes tienen procesos penales pendientes por el delito de fraude. De hecho, Elías Castrejón estuvo 8 años en prisión por un fraude que presuntamente organizó Brissio Pérez, registrado bajo la causa penal 65-2/2004.
Uno de los últimos procesos legales que libró Brissio Pérez fue por un fraude que sufrieron los hermanos Silva Sequeida –Fernando, Martín y Mauricio. El juicio se turnó al juzgado sexto de distrito; después de varias comparecencias, los afectados otorgaron el perdón al acusado y por ello no se inició ninguna causa penal.
En ausencia del juez sexto penal Marco Antonio Ordorica Ortega, se consultó al encargado de despacho, Víctor Pérez Valdez, quien declaró a El Sur que el inculpado siempre estuvo amparado, y que por cada expediente se le fijó una fianza de no menos de 300 mil pesos.
El último perdón a Brissio Pérez fue el pasado 16 de diciembre, concedido por Antonio Torres Bazán, “se entiende que les pagó y por ello el juicio no llegó a sentencia porque se otorgaron los perdones al empezar a pagar, comentó Pérez Valdez”.
Otra irregularidad se presentó durante el caso de Marco Antonio Andraca Bravo, cuya denuncia quedó “frenada” en el MP de Barrios Históricos, cuando era titular Josefina Verduzco, de quien se quejaron los abogados de Andraca Bravo ante la Coddehum, “por impedir” que el caso fuera turnado a un juzgado.
Andraca Bravo acusó a Brissio Pérez de la venta de 6 placas de taxis; a cambio de su perdón, el transportista recibió un auto Spirit y 600 mil pesos en efectivo.
Complicidad de autoridades
Fuentes extraoficiales señalaron que el supuesto transportista tiene una red de cómplices que lo ayuda y opera en los Ministerios Públicos y en los juzgados donde son turnadas las averiguaciones previas, y hasta en los juzgados federales donde consigue amparos antes de que sean libradas las órdenes de aprehensión.
“Curiosamente”, dijeron las fuentes, la mayoría de los casos son atraídos por el juzgado sexto penal desde 2003, cuando fungía como juez Julio Obregón, con quien se presume Brissio Pérez tenía un acuerdo para que los procesos se enviaran a ese juzgado.
Las fuentes aseguraron que Brissio Pérez Ramírez dirige una organización de taxistas que opera en las zonas aledañas al panteón Valle de la Luz.
El transportista tiene a su servicio a “capos de zona”que se encargan de operar y buscar clientes en distintas áreas de la ciudad. Precisaron que, en Puerto Marqués opera Toscano; en Ciudad Renacimiento, Cenorino; en la parte céntrica de Acapulco, Elías Castrejón; y en La Garita, Florentino Vargas.
Brissio Pérez no solamente entrega a sus clientes el juego de placas, sino también hologramas, tarjetas de circulación y órdenes de pago idénticas a las originales, que normalmente pasan desapercibidas en una revisión rutinaria por parte de agentes de Tránsito.
Una de las fuentes señaló al trabajador de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, Hernán Santoyo Báez, como el contacto de los falsos recibos de pago –requisito para conseguir una concesión.
De igual forma, en complicidad con un trabajador de Transporte, el Brissio Pérez concertaba una cita con los compradores más desconfiados e incrédulos y los llevaba a las oficinas de esa dependencia en Chilpancingo, para que “vieran que realmente” sus nombres estaban en el padrón, que previamente ya había sido modificado por su cómplice.
La visita se hacía muy temprano, desde las 6 de la mañana, antes de que llegara la mayoría de los trabajadores; al final, si los clientes salían contentos, entonces lograba concretar hasta el último pago convenido de la compra-venta.
Según un funcionario de Transporte –que tampoco quiso dar su nombre– afirmó que en el inicio de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, esa dependencia identificó 350 ordenes de pago falsificadas, correspondientes a taxis azules.
La anomalía se detectó porque las concesiones no estaban dentro del padrón que había sido depurado, además de que la documentación tenía otro color de papel, una impresión falsa, y el número de folio no correspondía al registrado.