Colectivos de víctimas de la violencia, organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores, una disculpa pública “por sus juicios viscerales”, que hizo luego de que le pidieron el viernes de la semana pasada que pare el baño de sangre en Guerrero.
Se quejaron de que lejos de investigar en dónde están los desaparecidos y castigar a los responsables, los criminalice, declarando que su desaparición tiene que ver con la falta de valores.
El viernes directivos del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) y del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), exigieron a las autoridades federales y estatales en conferencia de prensa un alto al “baño de sangre” que ocurre en varias ciudades del estado. Denunciaron que “las calles se han convertido en ríos de sangre”, hay “llanto en las casas” y “dolor por doquier”.
En respuesta ese mismo día en la tarde, según una nota de la agencia Proceso, el gobernador Astudillo Flores aseguró que los jóvenes desaparecidos en la entidad, participaban en acciones delincuenciales y atribuyó la imparable ola de inseguridad y violencia a “la pérdida de valores” en las familias guerrerenses, durante la ceremonia de toma de protesta de la junta directiva del Club Rotario Acapulco Las Brisas 2018-2019, en Las Brisas de Acapulco.
Ayer el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Chilpancingo, el Centro Minerva Bello, Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Ciro Fuentes Uriostegui representante de familias de desaparecidos de Acapulco, y las víctimas Carlos Alberto González Campos y Sandra Román expresaron su rechazo a esas declaraciones del gobernador en un pronunciamiento conjunto.
“El odio y resentimiento afloró el 4 de agosto después de que familiares de desaparecidos exigieran un alto al baño de sangre en Chilapa y Chilpancingo, y que las autoridades dejen de ser omisas ante su responsabilidad, en cuanto (el gobernador) tuvo el espacio propicio para manifestar su verdadero rostro hizo señalamientos re victimizantes para las familias, responsabilizando a los desaparecidos y ejecutados del hecho victimizante que sufrieron, diciendo que muchos de los desaparecidos participaban en acciones delincuenciales”, denunciaron en su escrito.
Demandaron que “así como sin ninguna investigación de por medio el gobernador señala a nuestros hijos de ser delincuentes, que nos diga dónde están y que detenga y castigue a los responsables de su desaparición”.

No es la pérdida de valores, es el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades…

Los representantes de los organismos expresaron que el gobernador sabe bien que si la delincuencia ha crecido y se ha fortalecido es por la corrupción en que han caído los políticos, las autoridades y los gobernantes que hacen posible la impunidad con que actúan los grupos delincuenciales, “ya que para el pueblo queda claro que sólo con el apoyo del gobierno y los políticos pueden actuar sin que nadie los detenga”.
Le respondieron al gobernador que no es la pérdida de valores lo que impulsa a las personas a sucumbir a la tentación de aceptar participar en acciones fuera de la ley, “es el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades de estudio para niños y jóvenes, la falta de apoyo para el campo, que no se le olvide que los pueblos indígenas son los damnificados históricos de esta sociedad de explotación capitalista que los está despojando de todos los recursos naturales”.
También le dicen que no se le debe olvidar que el baño de sangre que vivimos, así como los cientos de miles de asesinados, secuestrados y desaparecidos incrementaron sus cifras desde que Felipe Calderón Hinojosa sacó a los militares a las calles, y que con Enrique Peña Nieto ha ido en aumento.
Expresaron que la responsabilidad es del Estado y sus instituciones que no garantizan los derechos humanos y que por acción u omisión él como gobernador y todo el aparato gubernamental, son responsables del baño de sangre que sufre el estado de Guerrero.
“Exigimos al gobernador una disculpa pública por sus juicios viscerales realizados, como si en lugar de investigar a quienes los desaparecieron estuvieran investigando al desaparecido. También exigimos que ordene a los grupos de poder fáctico detener el baño de sangre en el estado de Guerrero”, agregan.
Además exigieron el cumplimiento de todos los derechos a los familiares de los desaparecidos, el avance de las investigaciones hasta encontrar a los desaparecidos. y castigo a los culpables.
A las manifestaciones de rechazo a las declaraciones del gobernador se sumó la OCSS, que manifestó: “no es la primera vez que Astudillo Flores señala de manera irresponsable que las hijas e hijos desaparecidos y ejecutados que los familiares buscamos son delincuentes, lo hizo en diciembre del 2016 y hoy vuelve a declararlo”.
La organización reprocha al gobernador que “ha sido su partido, el PRI, sus aliados PAN y PRD, así como sus gobernantes los responsables de la violencia al implementar desde hace más de 25 años políticas para beneficiar a las elites políticas, sus amigos y familiares, quienes su único interés ha sido saquear los recursos públicos y beneficiarse del poder que como gobernantes tienen”.
Abunda que con ello han dejado a la inmensa mayoría de la población en la pobreza y la miseria.
A pesar de ello, “somos estas familias y sobre todo las madres en la pobreza, quienes contra viento y marea mantenemos arraigados valores que estoy segura que ellos no tienen porque su vida gira en torno al dinero y al poder político que éste les da”.
Señala que el gobernador Héctor Astudillo es quien no tiene valores, pues al abandonar su responsabilidad de proteger y dar seguridad a las y los guerrerenses, “comete omisión e impunidad a favor de los grupos delincuenciales, por lo que día a día se viven desapariciones, ejecuciones, personas torturadas, enfrentamientos armados, miles de desplazados y pueblos fantasma”.
Llamó al gobernador a que pruebe su dicho, de lo contrario se disculpe públicamente con los colectivos de familiares.
Pide que cumpla sus obligaciones garantizando a los habitantes de la entidad la libertad, la seguridad, el bienestar y la justicia.
De igual manera le exige al Congreso de Guerrero que exija al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila que devengue su salario al cumplir su encomienda, y deje las superficialidades para cuando deje el cargo. Al fiscal le exige que cumpla lo declarado a los medios de comunicación el día de su toma de protesta, “que la mejor fiscalía estaba por venir”, ya que hasta la fecha no ha dado ningún resultado al igual que a quién sustituyó, “en vez de andar dirigiendo al Club Rotario de Acapulco”, dice en referencia a que el fiscal fue designado como vicepresidente de ese Club el día en que el gobernador hizo las declaraciones.