¿En qué manos estamos?

 Miguel Angel Granados Chapa

Tras 26 meses de ejercerlo, dejó su cargo la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido. Su despido o dimisión sería sólo una de las innumerables mudanzas que se producen en los gobiernos, incluido el de Fox que, según sus propias palabras, contrata para seis años. Pero la frecuencia y los modos con que se renueva el personal en la Procuraduría General de la República revisten gravedad que debe ser señalada.

La funcionaria que dejó de serlo el viernes pasado reemplazó a quien ahora es el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida. Este, miembro del equipo de Jorge Madrazo (que aceptó el eminente y activo consulado en Seattle), fue confirmado en su cargo, el segundo más importante en la PGR. Retenerlo y ratificarlo entrañaba una contradicción en el general procurador Rafael Macedo de la Concha, que al comenzar su gestión, y aún ahora, no cesa de deplorar (aunque no convirtió su continuo lamento en denuncia alguna) el estado en que halló esa oficina.

La contradicción se acentuó cuando Navarrete Prida fue blanco de una campaña interna que lo llevó a la renuncia, no sin afirmar que en la PGR podían tanto los chismes como las balas. Se insinuó que había admitido conductas delictuosas (como venta de plazas de agente judicial) y él mismo se dijo víctima de amenazas de muerte. Pero como si no se tratara de la Procuraduría de la República, encargada de combatir las más peligrosas manifestaciones de delincuencia organizada, sino de una pequeña oficina situada en una covacha, todo quedó en habladurías.

El carpicista Navarrete fue reemplazado por la moralechuguista Lima Malvido. Tiene sentido referir el origen de los funcionarios porque el pasado es presente en la PGR. Las pertenencias a equipos que antagonizaron fuertemente hace diez años influyen en las conductas de hoy. Por eso le fue dable al ex procurador Jorge Carpizo echar mano de material interno de la PGR, sustraído ilegalmente, para desprestigiar a quien sustituyó a su antiguo secretario particular.

Otros altos cargos de la PGR se retiraron o fueron cesados sin conocerse la causa o sin que se concretaran formalmente las hablillas que les atribuían comportamientos impropios de su función. En cambio, permanecen en sus tareas, y han sido y serán promovidos funcionarios que fueron legalmente sujetos a averiguaciones previas cuyo resultado es fácil prever si se sabe que ellos mismos eran los encargados de realizarlas.

Poco después de su nombramiento la subprocuradora Lima Malvido abrió, no por espontánea decisión propia sino por presiones de un conservadurismo militante al que ella no ha sido ajena, la averiguación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. El año pasado ella misma ofreció el parco informe sobre los avances de las nuevas líneas de investigación abiertas a instancias del cardenal Juan Sandoval, sucesor del purpurado caído a las afueras del aeropuerto de Guadalajara. Un año más tarde ya no figuró en el acto semejante, lo que prefiguraba su derrota política, consumada con su despido de sólo una semana después.

Perdió sus batallas en el frente externo y en el interno. Carpizo la incluyó, con el diputado jalisciense Fernando Guzmán, el propio cardenal Sandoval y el representante legal de este último, José Antonio Ortega Sánchez, en un “cuarteto infernal” que ahora se desmembra con la salida de la subprocuradora, y con el ataque a Ortega Sánchez. Experto de la Coparmex en seguridad pública, ahora se le embate señalando a uno de sus hijos como vinculado a secuestradores. La dupla restante es menos frágil: Sandoval obtuvo de nuevo el apoyo de la Conferencia Episcopal (o al menos su apariencia, pues el Episcopado ha sido oscilante o ambiguo en este asunto), y Guzmán sumará una tercera diputación, federal esta vez, a su historia política. Con todo, la teoría de la confusión, y con ella Carpizo, salen avantes de este lance.

En el frente interno la ex subprocuradora resultó vencida por su propio jefe (al que, eso no obstante, rindió el homenaje de la cortesía burocrática), que en el más añejo estilo admitió que el Presidente Fox la nombrara pero hizo cuanto pudo para echarla. También fue derrotada por el inexplicablemente todopoderoso director de la AFI, Genaro García Luna, que fue formalmente acusado por la Secretaría de Seguridad Pública (federal) y ha sido incapaz de detener a uno de sus hombres, a quien la justicia ha ordenado en vano detener por el asesinato de Guillermo Vélez Mendoza, hijo de Guillermo Vélez Pelayo, que hace cuarenta años fue miembro de la dirección del MURO, como lo fue el esposo de la subprocuradora despedida, Luis Rodríguez Manzanera.

Se equivocaría quien crea que el conservadurismo agresivo de entonces y de ahora han sido contenidos en la PGR. Independientemente de los efectos de lo que allí sucede en el terreno de los enfrentamientos ideológicos, lo cierto es que la gestión errática del general procurador general tiene repercusiones graves en actividades de excepcional importancia para la sociedad. Es imposible olvidar que, como procurador militar en el sexenio anterior, Macedo de la Concha pertenecía al círculo de confianza del general secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre. Aunque por presiones externas él mismo se vio obligado a detenerlo, Cervantes Aguirre impulsó el nombramiento de J. Jesús Gutiérrez Rebollo, un general que en vez de combatir al narcotráfico lo servía.¿En qué manos está la procuración federal de justicia? ¿En qué manos estamos?