Representantes de unas 100 familias desplazadas de la sierra de Tierra Caliente y Costa Grande denunciaron la desatención del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la primera reunión que tuvieron con la nueva administración, ayer en el Palacio de Gobierno.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quien acompañó a los afectados, denunció que recibieron la misma respuesta de los gobiernos anteriores: que no hay dinero para atender la demanda principal de la compra de terrenos para vivienda.
Al salir de la reunión, a las 4 de la tarde, denunció que las autoridades no atienden a los desplazados, pero tampoco aplican políticas públicas para evitar desplazamientos por la violencia en las regiones.
Sobre la seguridad, añadió que tampoco hay investigación de los hechos de violencia ni castigo a quienes amenazan y agreden a los afectados, “sigue siendo un problema que al gobierno parece que no le interesa, porque no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida y al patrimonio, hablamos de derechos incumplidos, no hablamos de favores entre amigos”, expresó.
Como ejemplo, señaló el caso de Santa María Sur, en San Miguel Totolapan, donde casi toda la población huyó por la presión de narcotraficantes, quienes exigían la incorporación a su grupo o serían asesinados, o en La Laguna y Hacienda de Dolores, donde prácticamente viven desplazados desde 2011, y suman 27 personas asesinadas y tres desaparecidos
Detalló que entre las comunidades que asistieron a la reunión están Santa Maria Sur, El Barroso, Las Mesas y Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan, así como del ejido de Pie de la Cuesta, de Tecpan de Galeana, y los desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores.
Indicó que las víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) promovieron la reunión a la que Salazar Adame se comprometió a asistir, y aclaró que su intervención es relevante porque sólo él y el gobernador dan el visto bueno para autorizar dinero.
Indicó que llegaron a la reunión la directora de Asuntos Jurídicos, de Seguridad y Derechos Humanos, Norma Galicia Saenz, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Políticos, David Augusto Sotelo Rosas y otros comisionados.
“Repitieron lo mismo que en el pasado, no hay dinero, que el gobierno está en quiebra, que en enero o febrero se podrían atender las peticiones inmediatas como proyectos productivos, apoyo de alimentación, entre otros derechos, a la salud y a la alimentación”, se quejó Olivares Hernández.