Jacob Morales Antonio
En unos 15 días el juez segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación emitirá la sentencia por la tortura sexual contra la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, pero el militar inculpado podría recurrir a una apelación y después a un amparo.
Este lunes y luego de que hace ocho días se suspendió la audiencia de vista final, ayer se realizó y duró aproximadamente 45 minutos.
A la salida del Juzgado Segundo de Distrito, localizado en la zona Diamante de Acapulco, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, defensor de Inés Fernández, informó que en la audiencia la indígena me’phaa volvió a ratificar la denuncia en contra del militar preso desde 2013 en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.
El abogado recordó que este proceso judicial comenzó en 2013, y la audiencia celebrada este lunes es “importantísima”, porque en un estimado de 15 días se tendrá una sentencia por parte del juez.
Indicó que en la audiencia los abogados del militar acusado pidieron su libertad debido a que para ellos no hay las pruebas suficientes para acreditar la tortura sexual. Pero “doña Inés volvió a señalar al militar como responsable de haber cometido actos incorrectos en su persona”, en 22 de marzo de 2002, en su casa de la comunidad Barranca Tecoani, municipo de Ayutla.
Confió en que se haga justicia y pronto se tenga la sentencia contra el agresor. Recordó que en 2018 Valentina Rosendo Cantú en un proceso similar en el Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, emitió una sentencia condenatoria a 35 años de prisión a tres militares por el mismo delito.
El defensor abundó que en este contexto se debe de tomar el mismo precedente y se tiene que poner un ejemplo claro ante estas agresiones que los militares realizaron contra las mujeres indígenas. Teliz García agregó que en el caso de Inés también se debe de juzgar con perspectiva de género
Indicó que la sentencia podría ser emitida en 15 días sin embargo debido a que esta tiene que ser informada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el juez podría tardar más tiempo para hacer un análisis minucioso.
Debido a que el 30 de agosto de 2010, la Coidh declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, de igual manera encontró responsable al Estado por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio.
Una vez que se emita la sentencia dijo que el militar y sus abogados pueden presentar una apelación y si vuelven a perder se pueden ir a un juicio de amparo.
El abogado lamentó que la justicia sea lenta en México, porque Inés lleva 20 años desde los hechos y no hay una sentencia, ni una condena final y confió en que el juez emita una sentencia conforme a derecho.
Pero manifestó su preocupación de que el gobierno mantenga en todas las instancias a los militares “es preocupante porque va a influir en muchas decisiones cuando el Ejército nunca rinde cuentas”.
La señora Inés Fernández Ortega en su lengua materna solicitó justicia porque no es sólo para ella, sino por todas las mujeres indígenas que han sido agredidas por los miembros del Ejército.