El gobernador Héctor Astudillo Flores visitó ayer las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana, el edificio inteligente que se construye en Acapulco desde 2011, y dijo que está en análisis el uso final que se le dará al inmueble.
Informó que se encuentra en 96 por ciento de su construcción y se espera que en dos meses sea entregado a su gobierno.
El pasado 23 de diciembre, mediante su cuenta de Facebook, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, informó que el edificio inteligente de Acapulco se destinaría a las salas del nuevo sistema penal, pero ayer el gobernador señaló que ha escuchado opiniones sobre la “inoperatividad, inviabilidad e inadecuado” que sería llevar a esa zona el nuevo sistema de justicia penal, por lo que la decisión del uso final del inmueble no se ha definido.
“Hay una orientación de una decisión de que se reciba a las oficinas del nuevo sistema penal acusatorio, pero hemos recibido una serie de comentarios de buena fe, bien intencionados, de un grupo de profesionistas organizados en el Consejo de Desarrollo Urbano de Acapulco de la inoperatividad, inviabilidad o lo inadecuado que sería colocar en ese lugar, lo estamos valorando, vamos a tomar las decisiones en las próximas horas a efecto de hacer lo conducente; voy a conocer el edificio, no lo conozco y voy a tomar las decisiones de manera inmediata respecto de que vamos a hacer”, dijo el gobernador a reporteros después de la ceremonia de inauguración de la exhibición y reunión internacional de negocios de la industria ferroviaria.
Agregó que también está en análisis la conveniencia para el gobierno del estado del ahorro que significaría el dejar de pagar rentas, pues “se están pagando casi 20 millones de pesos de rentas en Acapulco, si nosotros ocupamos el edificio para lo que originalmente fue destinado nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos en rentas, lo voy a valorar, estamos en eso”.
Astudillo Flores reiteró que no es todólogo y en su formación política siempre ha sabido escuchar para tomar las decisiones adecuadas.
Después de la visita el gobernador dijo que no tenía idea de las dimensiones del edificio, pues cuenta con espacios amplios, “es necesario encontrarle una utilidad pronto”.
Indicó que lo que le hace falta al edificio es definir su uso para acondicionar los espacios de acuerdo al fin que se le vaya a dar al inmueble.
Adelantó que revisará el convenio que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero firmó con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), mediante el cual se ofrecía un espacio del edificio inteligente para la instalación de un centro de estudios continuos.
En el recorrido acompañaron al gobernador el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete; el supervisor general de la obra, Jorge Madrigal García y Fernando Donoso Pérez, su asesor, y colaborador estrecho de Zeferino Torreblanca cuando fue gobernador y que dejó inconclusa la obra precisamente del edificio inteligente.
Al gobernador le explicaron que las ventanas del edificio cuentan con parasoles y doble vidrio para evitar que los rayos del sol incrementen el uso de energía eléctrica con aires acondicionados.
Lo que está pendiente es poner una reja en el perímetro del inmueble para delimitar el espacio, según le explicaron.
Mediante un video de 13 minutos se detallaron las especificaciones técnicas del edificio, llamado Centro de Atención Ciudadana; está construido en una superficie de 15 mil 500 metros cuadrados y tiene 4 niveles de 31 metros de altura; cuenta con 157 aisladores sísmicos que reducen la intensidad de un temblor en un 70 por ciento, cuenta con una cisterna para almacenar 7 mil metros cúbicos de agua, y dispone de 13 mil metros cuadrados de celdas solares para generar su propia electricidad.
Cuenta con 900 cajones de estacionamiento, plaza pública, auditorio, cafetería y módulos de atención.
En el video se planteó que se alberguen en el inmueble las oficinas de 37 dependencias del gobierno del estado.
En la breve visita de ayer se observó a una veintena de trabajadores realizando maniobras en el inmueble, guardias de seguridad privada, jardines deteriorados, en algunas zonas el césped está prácticamente seco, hay mangueras colgantes para suministrar agua a las partes altas del inmueble, hay una cisterna, hay cintas de plástico con letreros de precaución, y las baldosas en los pisos están cuarteadas y sucias.
El supervisor general de la obra, Jorge Madrigal, indicó que al edificio sólo le falta una subestación de electricidad y conectar todos los sistemas que tiene el inmueble para probarlos; además de colocar las divisiones entre las oficinas que deberán ser de aluminio, “no pueden ser de otra cosa”, y el mobiliario de las oficinas.
Estimó que será en dos meses cuando se podrá entregar la obra al gobierno del estado, y dijo que “está hecho para los ciudadanos acapulqueños”.

Una obra de cinco años y acusaciones de corrupción

El edificio se encuentra entre la Costera frente a la playa Hornos, y ocupa toda la cuadra que forma con la calle lateral de la Vía Rápida (Diego Hurtado de Mendoza) y Vasco Núñez de Balboa.
Actualmente en el edificio opera el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4).
El edificio inteligente de Acapulco fue anunciado el 31 de marzo de 2010 por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y fue presentado como un centro de gobierno que reuniría a las diferentes dependencias estatales que están dispersas en Acapulco en un solo lugar, porque el objetivo era mejorar la atención a la población y la integración de los servicios.
La obra fue anunciada con la promesa de que a su conclusión y puesta en operación generaría “un gran ahorro” para la administración estatal, porque las oficinas de gobierno dejarían de pagar renta y disminuirían drásticamente los costos por el consumo de agua y energía eléctrica.
Al concluir el gobierno de Zeferino Torreblanca en marzo de 2011, la obra quedó inconclusa y estuvo abandonada durante un año por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014); fue en 2012 cuando se continuaron los trabajos luego de que el inmueble fue señalado como “ejemplo de corrupción”, porque el predio donde fue edificado fue adquirido a un valor superior a su valor comercial; en la transacción participaron funcionarios zeferinistas.
La Contraloría General del estado inició una investigación de la que nunca se conocieron los resultados contra cinco ex funcionarios zeferinistas, el ex secretario de finanzas, Ricardo Cabrera Morín; el ex subsecretario de Finanzas y Administración, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y Servicios Generales, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta, y la ex coordinadora regional de Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez, porque se encontraron irregularidades financieras y físicas por un monto de mil 038 millones 674 mil 837 pesos.
El 8 de septiembre de 2012 el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó un convenio general de colaboración con el IPN e informó que dos pisos del inmueble serían destinados a un centro de estudios continuos.
En diciembre 2013, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, solicitó al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero que cediera al ayuntamiento un piso del edificio inteligente para instalar las oficinas municipales que actualmente se encuentran en el inmueble de la ex zona militar, en la calle Hornitos.
El 27 de julio de 2015 el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez (2014-2015) anunció que el 15 de septiembre de ese año concluirían las obras del edificio inteligente; dijo que la obra tenía el 95 por ciento de avance y reiteró la idea de que se concentrarían en el inmueble las oficinas de gobierno que operan en Acapulco.