Desarman a 17 preventivos en Tetipac y retienen al síndico en la Comandancia

Se movilizan contra la visita de Isaac Ocampo

 Claudio Viveros Hernández Tetipac

Cerca de cien personas se reunieron durante la mañana y el mediodía de ayer en este municipio, para evitar que el responsable del programa Pensión Guerrero, Isaac Ocampo Fernández, hiciera labores de registro con el apoyo de personas cercanas al alcalde priísta Serafín Ayala Ramos, de quien se pide su destitución por actos de corrupción, prepotencia e ineptitud, desde el pasado 23 de febrero.

También se movilizaron para presenciar el desarme pacífico de los policías preventivos ante la queja de los ciudadanos de que por las noches se quedan sin seguridad pública, y retuvieron al síndico por varias horas en la comandancia, luego de haberse descubierto un boquete en una pared de ese lugar, el cual comunica a la tesorería y el interior del ayuntamiento al que no se permite el acceso al presidente municipal.

Alrededor de las 10 de la mañana los ciudadanos se percataron de la presencia del responsable del Programa Pensión Guerrero destinado a adultos mayores, Isaac Ocampo Fernández, a quien encontraron en compañía del ex presidente municipal, Felipe Castillo Flores, y su hijo Jesús Castillo, ambos cercanos al aún alcalde de Tetipac, Serafín Ayala Ramos, lo que consideraron “otro acto de provocación”, similar a un caso registrado hace unas semanas cuando la hermana de Ayala Ramos pretendió repartir materiales de una bodega sin autorización.

Lo anterior ocasionó que los lugareños que se reunieron de inmediato y junto con los regidores Miguel Ángel Verdalles Hernández, María Lorena Bustos Rivera, Ignacio Bustos Albarrán (PRI) y Joaquín García Vega (PT) y el dirigente del PRI local, Daniel Gutiérrez Serrano, prohibieron a Ocampo Fernández, continuar con ese trabajo y éste tuvo que retirarse.

Más tarde, por acuerdo de los regidores y la gente, se trasladaron hacia el ayuntamiento donde está la comandancia de la Policía Preventiva porque, según dijo el dirigente priísta, “siempre salen en las noches y dejan al pueblo sin seguridad”, por lo que siguió el decomiso pacífico del armamento a 17 policías preventivos, que fue resguardado bajo llave en una bodega de la misma comandancia ante la presencia de la gente.

Otra de las situaciones que ocasionaron la inconformidad de los ciudadanos, fue el descubrimiento de un boquete para extraer documentos oficiales que se encuentra en una pared del dormitorio del oficial de permanencia (en turno) asignado por la comandancia de la Policía Preventiva.

El boquete encontrado medía aproximadamente poco más de 50 centímetros por cerca de 40 y en otro tramo rebasa los 15 centímetros, abertura suficiente para que por ahí quepa y pase una persona de un lado a otro, hacia la oficina que ocupa la tesorería municipal y de ahí a las demás oficinas.

Ante esta situación, los pobladores fueron a buscar al síndico municipal, Juan de Dios Castillo Rodríguez, y fue un grupo de mujeres quienes lo localizaron en una calle del centro de Tetipac y enseguida le quitaron las llaves de un vehículo oficial que conducía, para después retenerlo en la comandancia hasta esperar la llegada del Ministerio Público para integrar una averiguación por el descubrimiento del boquete.

Al respecto, el dirigente priísta, Daniel Gutiérrez Serrano, acusó al síndico Juan de Dios Castillo, de recibir órdenes del alcalde Serafín Ayala, para hacer el boquete a través del cual podía sacar documentación.

El descubrimiento en la pared

Uno de los agentes de guardia entrevistado por El Sur, Rosalío Montes Pereyra declaró que su servicio comenzó a las 9 de la mañana de ayer martes y señaló que cuando se disponía a recibir el cambio le dieron la novedad del hallazgo del boquete.

Por lo ocurrido, Montes Pereyra comentó: “Suponemos que fue en el transcurso del día domingo, fue cuando se quedó aquí sólo el comandante (de nombre Domingo Ocampo), nos ordenó que saliéramos a dar un recorrido y que él se iba a hacer cargo aquí, que nos fuéramos a dar una vuelta a los centros educativos, todo lo que es la zona urbana de Tetipac, y no supimos más”.

Agregó que Domingo Ocampo, posteriormente, les ordenó que se fueran a descansar, “que no pusiéramos la vigilancia como se acostumbra. Eso es lo que sucedió, el único que puede entrar aquí (en donde se descubrió el boquete) es el oficial de permanencia que trabaja directamente con el comandante, de hecho nosotros nada más obedecemos órdenes”, dijo.

Por su parte, el síndico municipal, Juan de Dios Castillo Rodríguez, quien estuvo retenido cerca de tres horas, aseveró que “quien haya estado de guardia debe saber quién le ordenó (hacer el boquete), ahí se deslindan responsabilidades”, y agregó que el responsable del lugar donde se encontró el boquete en la pared, es el comandante, “yo aquí no vengo mucho, no puedo estar aquí las 24 horas, vengo poquito, casi no entro para acá”.

Junto al síndico estaba el regidor priísta, Miguel Ángel Verdalles Hernández, quien dijo que esperan que los agentes enviados del Ministerio Público también tomen cartas en el asunto y haya soluciones favorables para el pueblo.

Así, durante poco más de cinco horas, la gente estuvo atenta y vieron la llegada y salida del auxiliar del Ministerio Público y una mujer perito que se retiraron cerca de las tres de la tarde luego de una inspección.

En tanto, la población y los regidores discutían y trataban de llegar a algunos acuerdos. Mientras, los policías preventivos a que estaban a la entrada de la comandancia y al lado de la gente, sólo escuchaban .

Revela dictamen de Contraloría el desvío de 45 mdp por el ex alcalde de Taxco

Sin comprobar los montos de inversión de 44 obras fantasmas en diversas comunidades del municipio que gobernó Isaac Ocampo Fernández, actual subsecretario de Desarrollo Social

Claudio Viveros Taxco Por los menos 44 obras fantasmas y un monto no comprobado de más de 45 millones de pesos, son los presuntos actos de desvío de recursos cometidos por el ex alcalde y actual subsecretario de Desarrollo Social, Isaac Ocampo Fernández, a unos días de concluir su periodo en noviembre de 2002.

De acuerdo con un dictamen técnico de la Contraloría General del Estado, obtenido por El Sur, en un acta se detallan los resultados obtenidos en la revisión físico-financiera de las supuestas obras que ejecutó el ayuntamiento de Taxco, contempladas dentro de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20 en el ejercicio presupuestal 2002.

De ahí se desprende que con pleno conocimiento de los resultados, tanto el gobernador del Estado, René Juárez Cisneros, así como de la Contraloría entonces a cargo de Enrique Alarcón Vélez, no actuaron al aplicar la ley ante estas irregularidades y en donde además, las obras de las comunidades mencionadas y los montos de inversión nunca fueron del conocimiento de los habitantes, es decir nunca se iniciaron, según se observó en algunos recorridos.

La documentación, que comprende más de 60 hojas, es un resumen en el que se da cuenta del no ejercicio de obras y comprobación de recursos por un total de 45 millones 264 mil 845 pesos, de los cuales, tan sólo en el programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), conocido como Ramo 33, en el aspecto físico existe un total de 64 obras con observaciones, 20 en proceso y 44 de ellas no iniciadas con un monto de 18 millones 200 mil 637 pesos.

En cuanto al aspecto financiero, la revisión y análisis de estos recursos y comprobación de obras del mismo programa FISM, los resultados generales señalan irregularidades y observaciones por 20 millones 505 mil 832 pesos por comprobar, de un total de más de 31 millones asignados y la comprobación de sólo 5 millones 840 mil 630 pesos, sin que las obras hayan comenzado, y aún cuando también los auditores se enteraron que para el manejo y control de estos recursos se abrió la cuenta número 0132499614 de BBVA Bancomer, sucursal Taxco, que curiosamente tenía un saldo de 1 millón 831 mil 589 pesos con 05 centavos.

El acta circunstanciada, con clave CGE/DGFE/126/2002 de la Contraloría General del Estado, fue firmada el 4 de noviembre del año 2002, a 26 días de concluir su administración el presidente municipal Isaac Ocampo Fernández, el tesorero, Miguel Antúnez Cuevas, y Víctor Gómez Blanco quien fungió como director de Obras Públicas.

Así, la tarea comenzó el 18 de septiembre del 2002 mediante un oficio girado por el entonces contralor general del Estado, Enrique Alarcón Vélez, quien comisionó a los analistas auditores José Guadalupe Nava Acevedo, Arnulfo Torres Catalán, Leticia García Vázquez e Hildeberto Barrios Culebrina para llevar a cabo dicha revisión de 271 obras en el municipio, con un monto de inversión de 60 millones 319 mil 051 pesos con 97 centavos de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20.

De acuerdo al dictamen emitido por los auditores de la Contraloría, destacan la inexistencia de expedientes técnicos de las obras, que debían ser validados por los comités de desarrollo locales o las dependencias normativas correspondientes.

Desde últimos meses de gobierno del exalcalde Isaac Ocampo Fernández fueron recurrentes las versiones de que muchas obras no habían sido ejecutadas, al grado de que algunas comunidades solicitaron la intervención de la propia Contraloría estatal y del gobierno federal por las presuntas irregularidades, entre ellas las comunidades de San Pedro y San Felipe Chichila, donde el actual comisario Rogaciano Rodríguez, otorgó el sello de la comunidad para hacer válida una supuesta comprobación de la apertura de una brecha sacacosechas que hasta la fecha no existe, por un monto autorizado de 650 mil pesos.

En varias de las comprobaciones, de rehabilitación de caminos y canchas de futbol, los habitantes nunca conocieron los montos de inversión ni se formaron los comités ciudadanos que el Copladeg exige, y menos aún se ejecutaron las obras referidas en los millonarios recursos destinados para el municipio, por lo que a 16 meses después, hay versiones que algunos ex funcionarios cercanos al ex alcalde han pretendido simular e intervenir en la ejecución de obras pendientes, en evidente maniobra para comprobar el millonario desfalco.

A todo esto se suma el adeudo de 30 millones de pesos que Isaac Ocampo –hombre cercano de Juárez Cisneros, funcionario de su gabinete y responsable del programa Pensión Guerrero– contrajo para la construcción de la llamada Vía Alterna, obra que hasta la fecha está sin concluir por el gobierno estatal y que mensualmente le reduce un millón 400 mil pesos a la actual administración.

Revela dictamen de Contraloría el desvío de 45 mdp por el ex alcalde de Taxco

 

 Sin comprobar los montos de inversión de 44 obras fantasmas en diversas comunidades del municipio que gobernó Isaac Ocampo Fernández, actual subsecretario de Desarrollo Social

 Claudio Viveros Taxco

Por los menos 44 obras fantasmas y un monto no comprobado de más de 45 millones de pesos, son los presuntos actos de desvío de recursos cometidos por el ex alcalde y actual subsecretario de Desarrollo Social, Isaac Ocampo Fernández, a unos días de concluir su periodo en noviembre de 2002.

De acuerdo con un dictamen técnico de la Contraloría General del Estado, obtenido por El Sur, en un acta se detallan los resultados obtenidos en la revisión físico-financiera de las supuestas obras que ejecutó el ayuntamiento de Taxco, contempladas dentro de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20 en el ejercicio presupuestal 2002.

De ahí se desprende que con pleno conocimiento de los resultados, tanto el gobernador del Estado, René Juárez Cisneros, así como de la Contraloría entonces a cargo de Enrique Alarcón Vélez, no actuaron al aplicar la ley ante estas irregularidades y en donde además, las obras de las comunidades mencionadas y los montos de inversión nunca fueron del conocimiento de los habitantes, es decir nunca se iniciaron, según se observó en algunos recorridos.

La documentación, que comprende más de 60 hojas, es un resumen en el que se da cuenta del no ejercicio de obras y comprobación de recursos por un total de 45 millones 264 mil 845 pesos, de los cuales, tan sólo en el programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), conocido como Ramo 33, en el aspecto físico existe un total de 64 obras con observaciones, 20 en proceso y 44 de ellas no iniciadas con un monto de 18 millones 200 mil 637 pesos.

En cuanto al aspecto financiero, la revisión y análisis de estos recursos y comprobación de obras del mismo programa FISM, los resultados generales señalan irregularidades y observaciones por 20 millones 505 mil 832 pesos por comprobar, de un total de más de 31 millones asignados y la comprobación de sólo 5 millones 840 mil 630 pesos, sin que las obras hayan comenzado, y aún cuando también los auditores se enteraron que para el manejo y control de estos recursos se abrió la cuenta número 0132499614 de BBVA Bancomer, sucursal Taxco, que curiosamente tenía un saldo de 1 millón 831 mil 589 pesos con 05 centavos.

El acta circunstanciada, con clave CGE/DGFE/126/2002 de la Contraloría General del Estado, fue firmada el 4 de noviembre del año 2002, a 26 días de concluir su administración el presidente municipal Isaac Ocampo Fernández, el tesorero, Miguel Antúnez Cuevas, y Víctor Gómez Blanco quien fungió como director de Obras Públicas.

Así, la tarea comenzó el 18 de septiembre del 2002 mediante un oficio girado por el entonces contralor general del Estado, Enrique Alarcón Vélez, quien comisionó a los analistas auditores José Guadalupe Nava Acevedo, Arnulfo Torres Catalán, Leticia García Vázquez e Hildeberto Barrios Culebrina para llevar a cabo dicha revisión de 271 obras en el municipio, con un monto de inversión de 60 millones 319 mil 051 pesos con 97 centavos de los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Inversión Estatal Directa y Ramo 20.

De acuerdo al dictamen emitido por los auditores de la Contraloría, destacan la inexistencia de expedientes técnicos de las obras, que debían ser validados por los comités de desarrollo locales o las dependencias normativas correspondientes.

Desde últimos meses de gobierno del exalcalde Isaac Ocampo Fernández fueron recurrentes las versiones de que muchas obras no habían sido ejecutadas, al grado de que algunas comunidades solicitaron la intervención de la propia Contraloría estatal y del gobierno federal por las presuntas irregularidades, entre ellas las comunidades de San Pedro y San Felipe Chichila, donde el actual comisario Rogaciano Rodríguez, otorgó el sello de la comunidad para hacer válida una supuesta comprobación de la apertura de una brecha sacacosechas que hasta la fecha no existe, por un monto autorizado de 650 mil pesos.

En varias de las comprobaciones, de rehabilitación de caminos y canchas de futbol, los habitantes nunca conocieron los montos de inversión ni se formaron los comités ciudadanos que el Copladeg exige, y menos aún se ejecutaron las obras referidas en los millonarios recursos destinados para el municipio, por lo que a 16 meses después, hay versiones que algunos ex funcionarios cercanos al ex alcalde han pretendido simular e intervenir en la ejecución de obras pendientes, en evidente maniobra para comprobar el millonario desfalco.

A todo esto se suma el adeudo de 30 millones de pesos que Isaac Ocampo –hombre cercano de Juárez Cisneros, funcionario de su gabinete y responsable del programa Pensión Guerrero– contrajo para la construcción de la llamada Vía Alterna, obra que hasta la fecha está sin concluir por el gobierno estatal y que mensualmente le reduce un millón 400 mil pesos a la actual administración.