Lourdes Chávez
Chilpancingo
La abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, Verónica Garzón Bonetti dijo que el caso de Aurelia García Cruceño, la joven nahua absuelta esta semana del delito de homicidio en razón de parentesco tras un parto fortuito en octubre de 2019, evidenció que en México y particularmente en Guerrero, “estamos a años de tener justicia con interculturalidad”.
Indicó que a la joven ahora de 23 años de edad, de los cuales tres estuvo en prisión en Iguala, no se le garantizó lo más básico que es un intérprete en el proceso, y sobre todo, verificar que haya entendido cada situación.
En consulta telefónica consideró que la visibilización de las irregularidades que detectaron en el proceso contra Aurelia, y que se dieron a conocer principalmente durante el juicio oral (entre noviembre y diciembre), desató a nivel nacional cuestionamientos de que haya más casos de criminalización de mujeres en el país.
Es decir, que estén en prisión no sólo por haber tenido un parto fortuito, como fue el caso de Aurelia, también por aborto espontáneo, voluntarios o inducidos, violentando sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Mencionó que estimaciones de organizaciones civiles retomadas en documentos por la Comisión Nacional para Atender y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim), es de unas 300 o 400 mujeres detenidas en estas circunstancias, y aunque no es certero, es lo único que existe ante la falta de cifras oficiales.
“Este dato se ha otorgado a nivel nacional, pero es lo más cercano y fue retomado por Conavim en algún momento de las organizaciones de la sociedad civil, que lo pusieron en la mesa, en el proceso de una ley de amnistía federal (2020)”.
Ahí se incluyó la libertad de mujeres acusadas de aborto y también de mujeres que tuvieron emergencias obstétricas como el caso de Aurelia.
Explicó que la ley de amnistía federal contemplaba este supuesto, como referente para que los estados sacaran sus propias leyes de amnistía, ya que el que se deliberó no es del fuero federal, no hay delito de aborto, sino del fuero común.
“Se contemplaba el supuesto de delitos relacionados con el aborto, porque presentaba un referente importante para los estados que sacaran sus leyes de amnistía local”.
Aclaró que el planteamiento fue la revisión de las denuncias de homicidio en razón de parentesco que tiene muchas, los cometidos contra ascendiente, descendiente, conyugue, incluso en reacciones de defensa personal, “no se sabe cuántas son en esos contextos similares como el de Aurelia, eso impide tener tener información real”.
La revisión de expedientes de casos relacionados por aborto en Guerrero es una de las 21 medidas de la alerta de violencia feminicida decretada en Guerrero, desde 2017.
Es lo que tendrían que revisar todos los estados, através de los directores de cada centro penitenciario, indicó la abogada de derechos humanos.
Falencias y omisiones en el sistema judicial
“La sentencia absolutoria de Aurelia es un precedente importante de la violencia institucional en contra de mujeres indígenas, no sólo en lo relacionados con aborto, sino en cualquier otro tipo de delito”, denunció.
Lamentó que en 2022 las indígenas enfrentan un sistema de falencias y omisiones, después de años de la reforma en materia de derechos humanos (2011), y criterios en torno a la perspectiva de género.
Enfatizó que ocurre en un estado con alta población indígena en relación con otras entidades.
“El caso permite visibilizar que a pesar de todo los avances siguen discriminando a las mujeres dentro del sistema de justicia, ni hablar de la criminalización de mujeres en casos de abortos fortuitos y abortos espontáneos”.
“Desde el instituto consideramos que el caso permite problematizar la situación del país y pueda servir como precedente para cambiar las formas en que actúa la autoridad para atender a las personas indígenas”.
Aclaró que la justicia intercultural representa muchas cosas, pero lo más básico es que justamente haya una intérprete en todos los momentos, y que la persona imputada entienda todo el procedimiento.
Implica acercarse al contexto de las personas, a la cultura, a la ideología, a las instituciones comunitarias, (lo cual) parece imposible en el sistema de justicia, precisó.
“No se garantiza lo fundamental, estamos a años luz de tener una justicia intercultural en todo el país pero sobre todo en Guerrero”, señaló.
Aclaró que la sentencia de Aurelia quedará firme una vez que pasen los cinco días de plazo de apelación, que podría promover la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV), que representó a la parte acusadora.
Cuando todo haya terminado, estimó que podrían hacer un análisis exhaustivo de la argumentación de la argumentación de la sentencia.
Por ahora, dijo que tampoco tienen información de que se haya iniciado un proceso de obstrucción de la justicia contra ella y otra abogada del caso, como trascendió en una de las audiencias del juicio oral.