La diputada federal Irma Figueroa Romero presentó una iniciativa para modificar el artículo 49 de la Ley Federal de Turismo, y aplicar una sanción de hasta mil 500 salarios mínimos a negocios que trabajen como agencias de viaje sin estar regularizados o que comercialicen servicios no reglamentados ni certificados.
Dicha iniciativa se presentó en la sesión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, debido a denuncias de representantes de las agencias de viajes de que hay personas y negocios que venden servicios no reglamentados, ofrecen hospedaje sin certificación y paquetes o excursiones sin pagar impuestos ni dar garantías a los clientes.
Asimismo, hay quejas en el sentido de que los supuestos agentes irregulares ofrecen productos virtuales de empresas fantasma que regalan servicios, además de gente no capacitada ni acreditada por la Secretaría de Turismo que ofrece sus servicios en las calles.
“Sabemos que los viajes, sean de placer o de negocios, requieren de arreglos previos; los viajeros se enfrentan a diversas opciones con respecto al transporte, alojamiento y destinos, atracciones y actividades, por ello su mejor elección deberá ser asesorada y guiada por una agencia especializada de viajes”, explicó.
La diputada dijo que este tipo de empresas surgieron en respuesta a la información deficiente y nula difusión de los atractivos existentes, así como a la ausencia de agentes que proporcionaran orientación y aceptaran el compromiso de organizar los viajes.
Manifestó que como responsables de actualizar el marco jurídico de la actividad turística “es necesario identificar y promover las iniciativas requeridas, a fin de que se logren establecer los mecanismos necesarios que permitan mejorarla”.
Irma Figueroa expuso que es necesario reconocer el papel que implica el sector turismo para la economía no sólo de Guerrero, sino del país.
Explicó que con base en la solicitud hecha por las agencias de viajes afiliadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), particularmente su filial de Guerrero, se presentó la iniciativa para sancionar las prácticas que afectan el “sano desarrollo” de la actividad turística y así dignificar a los agentes de viajes y sus servicios.