Desalojados de Metlapil ofrecen no reincidir a cambio de sus detenidos

Castrejón Lobato les responde que intercederá ante el procurador de Justicia en el estado

 Karina Contreras

Los desalojados del predio de Metlapil entregaron un documento con más de 80 firmas al director general del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato, donde se comprometen a no intentar reinvadir el predio de 14 hectáreas propiedad de esa dependencia, y a su vez el funcionario gestionará con ellos que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)       “otorgue el perdón” a los detenidos.

Por primera vez –luego del desalojo violento del 4 de mayo–, los inconformes se reunieron con el director de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato, con quien hicieron un “pacto de caballeros” para juntos acudir a las instancias correspondientes, para que las 12 personas que están acusadas de despojo recuperen su libertad.

La reunión fue en las oficinas de Invisur donde, además de Castrejón Lobato estuvo el delegado, Alejandro López Salgado. La comisión de los inconformes estuvo integrada por los abogados, Álvaro Díaz Castro, Manuel Baltazar Ávila Sierra, Diocelina Facundo Mendoza, Juan Carlos Muñoz Leal, entre otros. Afuera, alrededor de 30 personas esperaban la respuesta del titular de la dependencia sobre el desistimiento de la demanda de despojo.

El primero en hablar fue el abogado, Álvaro Díaz Castro, quien fue directo al asunto entregando el documento a Castrejón Lobato con las firmas que la dependencia solicitó para desistirse de la denuncia de despojo, pues con ésta se garantiza que hay voluntad para cumplir con la palabra de no reinvadir.

Castrejón Lobato respondió que “ya no cabe el desistimiento de la demanda por parte de Invisur, pero para corresponder a la buena fe de los inconformes, pedirá al procurador, Jesús Ramírez Guerrero, el perdón para los detenidos, pues hay un compromiso que no volverá a pasar”.

Luego les dijo que lamentaba que no se hubiera acudido a los canales de entendimiento, porque la dependencia siempre está abierta al diálogo, y agregó que jamás vieron una solicitud de tierra. Les pidió no caer en un “circulo vicioso” de reinvadir de nuevo. Insistió en que hablará con el procurador, porque es el único que puede desistirse de la demanda ante el juez octavo que es el que lleva el proceso de los 12 inculpados.

Luego le dijo que no se vale llevar por delante a la gente pobre en la invasión de predios, y reveló que la dependencia ha hecho investigaciones donde muchos de los invasores tienen casa.

El abogado Manuel Baltazar Ávila Sierra, pidió a Castrejón Lobato, que si no sirve el documento debe decirlo inmediatamente,                     pues perdieron mucho tiempo con el anterior documento –el cual nada más llevaba tres firmas– que entregaron y sus compañeros fueron procesados. Y luego irónico dijo que los juzgados se habían vuelto eficientes, pues en 19 horas dio una orden de desalojo.

La reunión duró escasamente media hora, y las partes acordaron que a partir de hoy buscarán al procurador, para informarle del acuerdo y que otorgue el perdón a los 12 detenidos en el Cereso de Las Cruces.

Firman convenio el Invisur y el Frente Popular Tierra Digna de Coyuca

Acuerdan el pago de 7 mil pesos por lote a la propietaria del predio invadido

 Karina Contreras

El director general de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato, y el dirigente del Frente Popular Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla,  firmaron un convenio para que los habitantes de la colonia Tierra Digna paguen 7 mil pesos por cada lote que ocupan en dicho asentamiento, y así puedan ser regularizados.

Lo anterior lo dieron a conocer en una conferencia de prensa en donde también estuvo el delegado de Invisur, Alejandro Salgado López, la dueña del predio invadido, Elizabeth Gómez Chino y su representante legal, Carlos Carvajal.

El acuerdo entre los involucrados consiste en que las 296 familias que invadieron el predio de Gómez Chino –que consta de 5.5 hectáreas– pagarán 7 mil pesos por cada uno de los lotes de 120 metros cuadrados.

Como se recordará, en los primeros días de febrero unos 200 habitantes de la colonia irregular Tierra Digna mantuvieron secuestrados por casi 12 horas a los empleados de Invisur, e incluso, golpearon a algunos empleados para exigir la solución inmediata a la regularización de los predios que ocupan.

El director general de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato, informó que luego de reanudar las negociaciones con dicho Frente, se logró la firma del convenio para que los colonos paguen el predio invadido, y señaló que con esto serán beneficiadas 296 familias.

El funcionario manifestó que con esta firma queda solucionada “en un cien por ciento”, el problema que tenían con el Frente Popular Tierra Digna, y dijo que “con este convenio se liberan las tensiones que se ha tenido en Invisur”, reconoció el funcionario.

Castrejón Lobato adelantó que también se tienen avances en la firma de convenios con otras colonias irregulares, como Ampliación La Mira, el ex Cici en Renacimiento, Barranca de La Laja, Fraccionamiento Playas II, y el fraccionamiento Rubén Jaramillo, ya que, dijo, “por órdenes del gobernador, René Juárez Cisneros, se tiene que buscar el bienestar social”.

Añadió que “se tiene que buscar el diálogo y la concertación entre los involucrados, y evitar cualquier acción que cause desorden”.

También informó que otro convenio en que ya se trabaja, es el del predio donde se encuentra la colonia ex Campo de Tiro, y que ya se habla con los dueños “para que vendan”, e insistió que con la regularización de estos predios invadidos se verán beneficiados mil 960 familias.

“Pero además –dijo Castrejón Lobato– hay otro convenio con funcionarios del Infonavit, para regularizar 5 mil terrenos que están en predios que les pertenecen”, y dijo que para este año se tiene estimado regularizar 7 mil predios.

Cuando se le dijo que muchos de ellos están en zonas de alto riesgo, el funcionario aseguró que esos “no serán regularizados”. Sobre la denuncia penal que tiene personal de Invisur, manifestó que “todavía no ha sido retirado” y que apenas se está en pláticas, pero no descartó que se retire dicha denuncia.

Por su parte, el dirigente del Frente de Defensa Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, se mostró conforme con el acuerdo, ya que manifestó que con esto se benefician más de 250 familias de escasos recursos económicos.

Ponce Radilla dijo que lo que se logró “es en base a la lucha social” que han emprendido para tener un terreno donde vivir, y               que “lamentablemente” han llegado a los golpes.

Dijo que “no justifica las invasiones ni el daño a terceros”, pero el problema de vivienda “es nacional”, y hay una necesidad de los ciudadanos de tener un lugar donde vivir.