Diputados del PRD y el CEE pagarán la fianza de la ex regidora Martina Reyes

* La autoridad fijó como pago 70 mil pesos

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y los 17 diputados del PRD aportarán mil pesos cada uno, para pagar la fianza y lograr la libertad de la ex regidora en Ahuacuotzingo, Martina Reyes Antonio, detenida el lunes 7 de marzo por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Arturo Hernández Cardona, líder del Movimiento Azteca (Movaz) y secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, dijo haber convenido lo anterior con integrantes del CEE y diputados de la fracción parlamentaria el miércoles 10, con el objetivo de lograr la libertad de la ex regidora.

El PRD resolvió pagar mil pesos por cada uno de los 21 integrantes del CEE, para apoyar con ese recurso en el pago de la fianza que le impuso el juez a Reyes Antonio y que es de 70 mil pesos, precisó Hernández Cardona.

Este mismo acuerdo –dijo– se extendió a los 17 diputados perredistas del Congreso local, con lo cual tendrían casi 40 mil pesos.

Aseguró que al concluir la semana anterior, los abogados del partido presentaron un recurso de reconsideración de la fianza para que baje de 70 a 60 mil pesos.

La otra parte, indicó Hernández Cardona, le correspondería a los otros familiares de la ex regidora y compañeros solidarios del mismo partido.

Exige la dirigencia del PRD la libertad de la dirigente de Ahuacuotzingo

 

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La dirigencia estatal del PRD demandó ayer la libertad de la ex regidora de ese partido en el municipio de Ahuacuotzingo, Martina Reyes Antonio, quien fue detenida el lunes pasado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, dijo que no hay elementos que comprueben que la dirigente haya incurrido en los delitos de rebelión y motín, como se le acusa.

Informó que de acuerdo con la causa penal 103/97, se le relaciona con presuntos hechos delictuosos cometidos en 1997, “lo que implica que el gobierno usa las averiguaciones previas cuando le conviene, qué casualidad que hasta ahora la vinieron a detener”.

Aseguró que no hay elementos que comprueben que la ex regidora cometió los delitos de motín y rebelión de que la acusan, “por eso la dirigencia estatal exige su libertad”.