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Niega Mendoza Tapia que transportistas estén detrás de la muerte de Melesio Montiel




El dirigente de la Coordinadora Estatal de Taxistas Independientes de Guerrero (Cetig), Juan Mendoza Tapia, aseguró que detrás de la muerte de Melesio Montiel no hay transportistas.
Opinó que el asesinato del funcionario pudo ser por conflictos internos en la Dirección del Transporte, ya que “había versiones de que en unos días Melesio Montiel sería designado como el director de Transporte en el estado”.
Luego de que algunos transportistas relacionaran la muerte del delegado en Acapulco, Salvador Melesio Montiel, con el intento de ordenar el sector y retirar a los taxis piratas, Mendoza Tapia –que encabeza piratas– se deslindó de los señalamientos y lo atribuyó a problemas internos en la dependencia.
“Ante los señalamientos que se dan en los medios de comunicación en el sentido de que en octubre Melesio Montiel me detuvo 25 taxis, ahora mentes perversas nos pretenden implicar en la supuesta ejecución, pero de antemano yo aclaro que no es así”, dijo.
Reconoció que sí tuvieron algunas diferencias con la víctima pero “fue por el trabajo, no fue personal, el señor lo único que hacía era cumplir con su trabajo”.
Mendoza Tapia comentó que detrás de la muerte de Melesio Montiel no están grupos de transportistas, “en la Dirección de Transporte había muchos conflictos por intereses en los que estaba envuelto el director Félix González”.
“El 20 de abril comenzaron a circular versiones de que en unos días, y por instrucciones del gobernador Zeferino Torreblanca, Melesio Montiel sería el nuevo director del Transporte en el estado, con lo que se desataron ataques desde la Dirección contra Melesio Montiel”, indicó.
El dirigente agregó que el secretario general de la Comisión del Transporte y Vialidad, Adolfo Plancarte, por instrucciones de Félix González comenzó operaciones en Acapulco para descubrir las irregularidades que “supuestamente” cometía Salvador Melesio, y así “presentar al gobernador pruebas de que no merecía estar en la Dirección de Transporte”.
Dijo que Adolfo Plancarte le ofreció protección a cambio de que informara que Melesio Montiel le permitía trabajar sus taxis piratas, “pero eso es mentira, porque mis taxis desde hace varios meses que no están trabajando”.
Mendoza Tapia aseguró que no tiene nada que ver con el crimen, incluso ya recopila varios documentos y hechos para deslindarse y los dará a conocer en los próximos días.

Hallan en Renacimiento una casa donde un ex policía escondía partes de autos robados

Policías investigadores ministeriales descubrieron ayer una casa donde presuntamente un ex policía de esa corporación ocultaba partes de más de 40 vehículos reportados como robados.
Por medio de una llamada anónima, en la mañana, los policías hallaron una casa pequeña de material, pintada de color amarillo y ubicada entre las calles José María Izazaga y Consuelo Vázquez Estrada, del Sector 2 de Renacimiento, y al entrar descubrieron motores, salpicaderas, placas, parabrisas, chasis, llantas y otros enseres amontonados en cuatro habitaciones.
Un anciano que vive cerca dijo que la dueña murió el año pasado y sólo dejó dos hijos, uno de ellos Luis, quien llega a la casa y se va después en su taxi.
De acuerdo con esa corporación, en esa casa su ex compañero Luis Bustamante Romero ocultaba las piezas de los carros que robaba.
Agregaron que al dar con el lugar, el ex agente escapó en un taxi.
La vivienda cuenta con un pequeño patio donde hay un árbol de mango y otro de almendras, así como una hamaca sujeta entre los árboles. Un perro sucio que familiarizó con los cuatro policías que quedaron custodiando la casa.
Uno de los policías, con ayuda de una base de datos de una computadora, se dedicó a verificar los números de serie de las partes con el archivo de reporte de autos robados. (Jorge Nava).

En Acapulco, al menos 30% de los taxis circula con placas y números falsos




Al menos 30 por ciento de los 6 mil 500 taxis de Acapulco circulan con placas falsas y números económicos apócrifos, utilizados hasta por cuatro vehículos distintos.
De acuerdo con información de la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del actual gobierno estatal, desde hace siete años se han vendido unas 400 placas falsificadas –de los 4 mil 560 taxis azules y 2 mil amarillos que componen el actual padrón de la dependencia– por una red de defraudadores que opera desde 1999, y que presuntamente está dirigida por Brissio Pérez Ramírez.
Sin embargo, fue hasta fines de 2005 que la Dirección de Transporte presentó una denuncia formal en contra de esa persona. Salvador Melesio Montiel presentó tres denuncias ante el Ministerio Público del fuero común contra Brisio Pérez, la primera en septiembre de 2005, y la última el 27 de marzo de 2006, por el delito de falsificación de documentos.
Dos semanas antes, Melesio Montiel interpuso la segunda denuncia ante el MP sector central. En esa ocasión, el extinto delegado opinó que Brissio Pérez no era un líder transportista, sino que simplemente su oficio era mecánico y hojalatero, “y de ahí uno se imagina la magnitud de lo que ha ganado en esto, porque se sabe que ahora tiene casa en Las Brisas”.
Con esta versión coincidieron algunas fuentes consultadas, que pidieron omitir sus nombres, quienes dijeron que gracias a esas actividades ilícitas y de haber dejado en la calle a varias familias con sus fraudes, Brissio Pérez posee casas en fraccionamientos exclusivos como Condesa, Flamingos y Joyas de Brisa Mar, además de autos lujosos y hasta un yate.
Por su parte, el coordinador regional de la Policía Investigadora Ministerial, Emiliano Portillo Lagunas, dijo ayer que en el homicidio del delegado de Transporte Salvador Melesio Montiel, no se descarta el pirataje como una de las principales líneas de investigación.
Las fuentes relataron que el presunto transportista inició su carrera delictiva en 1999, cuando fue director de transporte el ahora candidato a diputado federal del distrito 09 por la coalición Por el Bien de Todos, César Flores Maldonado, con quien tiene un parentesco familiar –al parecer son concuños.
Detallaron que para contactar a posibles compradores de las concesiones, Brissio Pérez cuenta –porque sigue vendiendo documentos falsos– con la ayuda de cuatro personas: José Luis Hernández Herrera, Hermenegildo Dimas del Carmen, Félix Radilla Pineda y Elías Castrejón –pues se ha sabido que nunca busca a sus clientes personalmente y él solamente hace los tratos cuando la gente ya está decidida a pagar– quienes tienen procesos penales pendientes por el delito de fraude. De hecho, Elías Castrejón estuvo 8 años en prisión por un fraude que presuntamente organizó Brissio Pérez, registrado bajo la causa penal 65-2/2004.
Uno de los últimos procesos legales que libró Brissio Pérez fue por un fraude que sufrieron los hermanos Silva Sequeida –Fernando, Martín y Mauricio. El juicio se turnó al juzgado sexto de distrito; después de varias comparecencias, los afectados otorgaron el perdón al acusado y por ello no se inició ninguna causa penal.
En ausencia del juez sexto penal Marco Antonio Ordorica Ortega, se consultó al encargado de despacho, Víctor Pérez Valdez, quien declaró a El Sur que el inculpado siempre estuvo amparado, y que por cada expediente se le fijó una fianza de no menos de 300 mil pesos.
El último perdón a Brissio Pérez fue el pasado 16 de diciembre, concedido por Antonio Torres Bazán, “se entiende que les pagó y por ello el juicio no llegó a sentencia porque se otorgaron los perdones al empezar a pagar, comentó Pérez Valdez”.
Otra irregularidad se presentó durante el caso de Marco Antonio Andraca Bravo, cuya denuncia quedó “frenada” en el MP de Barrios Históricos, cuando era titular Josefina Verduzco, de quien se quejaron los abogados de Andraca Bravo ante la Coddehum, “por impedir” que el caso fuera turnado a un juzgado.
Andraca Bravo acusó a Brissio Pérez de la venta de 6 placas de taxis; a cambio de su perdón, el transportista recibió un auto Spirit y 600 mil pesos en efectivo.
Complicidad de autoridades
Fuentes extraoficiales señalaron que el supuesto transportista tiene una red de cómplices que lo ayuda y opera en los Ministerios Públicos y en los juzgados donde son turnadas las averiguaciones previas, y hasta en los juzgados federales donde consigue amparos antes de que sean libradas las órdenes de aprehensión.
“Curiosamente”, dijeron las fuentes, la mayoría de los casos son atraídos por el juzgado sexto penal desde 2003, cuando fungía como juez Julio Obregón, con quien se presume Brissio Pérez tenía un acuerdo para que los procesos se enviaran a ese juzgado.
Las fuentes aseguraron que Brissio Pérez Ramírez dirige una organización de taxistas que opera en las zonas aledañas al panteón Valle de la Luz.
El transportista tiene a su servicio a “capos de zona”que se encargan de operar y buscar clientes en distintas áreas de la ciudad. Precisaron que, en Puerto Marqués opera Toscano; en Ciudad Renacimiento, Cenorino; en la parte céntrica de Acapulco, Elías Castrejón; y en La Garita, Florentino Vargas.
Brissio Pérez no solamente entrega a sus clientes el juego de placas, sino también hologramas, tarjetas de circulación y órdenes de pago idénticas a las originales, que normalmente pasan desapercibidas en una revisión rutinaria por parte de agentes de Tránsito.
Una de las fuentes señaló al trabajador de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, Hernán Santoyo Báez, como el contacto de los falsos recibos de pago –requisito para conseguir una concesión.
De igual forma, en complicidad con un trabajador de Transporte, el Brissio Pérez concertaba una cita con los compradores más desconfiados e incrédulos y los llevaba a las oficinas de esa dependencia en Chilpancingo, para que “vieran que realmente” sus nombres estaban en el padrón, que previamente ya había sido modificado por su cómplice.
La visita se hacía muy temprano, desde las 6 de la mañana, antes de que llegara la mayoría de los trabajadores; al final, si los clientes salían contentos, entonces lograba concretar hasta el último pago convenido de la compra-venta.
Según un funcionario de Transporte –que tampoco quiso dar su nombre– afirmó que en el inicio de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, esa dependencia identificó 350 ordenes de pago falsificadas, correspondientes a taxis azules.
La anomalía se detectó porque las concesiones no estaban dentro del padrón que había sido depurado, además de que la documentación tenía otro color de papel, una impresión falsa, y el número de folio no correspondía al registrado.