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¿En qué manos estamos?

 Miguel Angel Granados Chapa

Tras 26 meses de ejercerlo, dejó su cargo la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido. Su despido o dimisión sería sólo una de las innumerables mudanzas que se producen en los gobiernos, incluido el de Fox que, según sus propias palabras, contrata para seis años. Pero la frecuencia y los modos con que se renueva el personal en la Procuraduría General de la República revisten gravedad que debe ser señalada.

La funcionaria que dejó de serlo el viernes pasado reemplazó a quien ahora es el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida. Este, miembro del equipo de Jorge Madrazo (que aceptó el eminente y activo consulado en Seattle), fue confirmado en su cargo, el segundo más importante en la PGR. Retenerlo y ratificarlo entrañaba una contradicción en el general procurador Rafael Macedo de la Concha, que al comenzar su gestión, y aún ahora, no cesa de deplorar (aunque no convirtió su continuo lamento en denuncia alguna) el estado en que halló esa oficina.

La contradicción se acentuó cuando Navarrete Prida fue blanco de una campaña interna que lo llevó a la renuncia, no sin afirmar que en la PGR podían tanto los chismes como las balas. Se insinuó que había admitido conductas delictuosas (como venta de plazas de agente judicial) y él mismo se dijo víctima de amenazas de muerte. Pero como si no se tratara de la Procuraduría de la República, encargada de combatir las más peligrosas manifestaciones de delincuencia organizada, sino de una pequeña oficina situada en una covacha, todo quedó en habladurías.

El carpicista Navarrete fue reemplazado por la moralechuguista Lima Malvido. Tiene sentido referir el origen de los funcionarios porque el pasado es presente en la PGR. Las pertenencias a equipos que antagonizaron fuertemente hace diez años influyen en las conductas de hoy. Por eso le fue dable al ex procurador Jorge Carpizo echar mano de material interno de la PGR, sustraído ilegalmente, para desprestigiar a quien sustituyó a su antiguo secretario particular.

Otros altos cargos de la PGR se retiraron o fueron cesados sin conocerse la causa o sin que se concretaran formalmente las hablillas que les atribuían comportamientos impropios de su función. En cambio, permanecen en sus tareas, y han sido y serán promovidos funcionarios que fueron legalmente sujetos a averiguaciones previas cuyo resultado es fácil prever si se sabe que ellos mismos eran los encargados de realizarlas.

Poco después de su nombramiento la subprocuradora Lima Malvido abrió, no por espontánea decisión propia sino por presiones de un conservadurismo militante al que ella no ha sido ajena, la averiguación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. El año pasado ella misma ofreció el parco informe sobre los avances de las nuevas líneas de investigación abiertas a instancias del cardenal Juan Sandoval, sucesor del purpurado caído a las afueras del aeropuerto de Guadalajara. Un año más tarde ya no figuró en el acto semejante, lo que prefiguraba su derrota política, consumada con su despido de sólo una semana después.

Perdió sus batallas en el frente externo y en el interno. Carpizo la incluyó, con el diputado jalisciense Fernando Guzmán, el propio cardenal Sandoval y el representante legal de este último, José Antonio Ortega Sánchez, en un “cuarteto infernal” que ahora se desmembra con la salida de la subprocuradora, y con el ataque a Ortega Sánchez. Experto de la Coparmex en seguridad pública, ahora se le embate señalando a uno de sus hijos como vinculado a secuestradores. La dupla restante es menos frágil: Sandoval obtuvo de nuevo el apoyo de la Conferencia Episcopal (o al menos su apariencia, pues el Episcopado ha sido oscilante o ambiguo en este asunto), y Guzmán sumará una tercera diputación, federal esta vez, a su historia política. Con todo, la teoría de la confusión, y con ella Carpizo, salen avantes de este lance.

En el frente interno la ex subprocuradora resultó vencida por su propio jefe (al que, eso no obstante, rindió el homenaje de la cortesía burocrática), que en el más añejo estilo admitió que el Presidente Fox la nombrara pero hizo cuanto pudo para echarla. También fue derrotada por el inexplicablemente todopoderoso director de la AFI, Genaro García Luna, que fue formalmente acusado por la Secretaría de Seguridad Pública (federal) y ha sido incapaz de detener a uno de sus hombres, a quien la justicia ha ordenado en vano detener por el asesinato de Guillermo Vélez Mendoza, hijo de Guillermo Vélez Pelayo, que hace cuarenta años fue miembro de la dirección del MURO, como lo fue el esposo de la subprocuradora despedida, Luis Rodríguez Manzanera.

Se equivocaría quien crea que el conservadurismo agresivo de entonces y de ahora han sido contenidos en la PGR. Independientemente de los efectos de lo que allí sucede en el terreno de los enfrentamientos ideológicos, lo cierto es que la gestión errática del general procurador general tiene repercusiones graves en actividades de excepcional importancia para la sociedad. Es imposible olvidar que, como procurador militar en el sexenio anterior, Macedo de la Concha pertenecía al círculo de confianza del general secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre. Aunque por presiones externas él mismo se vio obligado a detenerlo, Cervantes Aguirre impulsó el nombramiento de J. Jesús Gutiérrez Rebollo, un general que en vez de combatir al narcotráfico lo servía.¿En qué manos está la procuración federal de justicia? ¿En qué manos estamos?

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Judicatura

 Miguel Angel Granados Chapa  

Tan propio como suele ser, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara, no evidenciaba el jueves por la mañana ninguna de las tribulaciones que lo asediaban. Participante en una de las mesas redondas con que el Consejo de la Judicatura Federal festejó su octavo aniversario, habló con formalidad de las funciones de ese órgano y cotejó su integración y funcionamiento con el que él mismo preside, el Consejo local, y los de otras entidades.

Pero, por un lado, vivía el duelo por la pérdida de su padre, Juan José González A. Alpuche, un abogado muy próximo al ex presidente Miguel Alemán, con quien colaboró en el Consejo Nacional de Turismo, y que fuera presidente de la Asociación Nacional de Abogados y secretario del Instituto Mexicano de Cultura, dos entidades que denotaron por años la influencia alemanista. El deceso había ocurrido el 26 de mayo. Al día siguiente estalló en Estados Unidos el escándalo, el nuevo escándalo de Transportación Marítima Mexicana, TMM, que involucra a un juez civil mexicano, integrante de la judicatura a cuyo frente se encuentra González Alcántara. El propio jueves, después de su conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el magistrado anunció las medidas destinadas a investigar, y a suspender en sus funciones, al juzgador inmiscuido en la maniobra de un consorcio antaño poderoso, para burlar a sus acreedores.

Hace no mucho, TMM incurrió en una acción de contabilidad creativa, el eufemismo con que empresas como Enron denominan a maquinaciones para engatusar a los accionistas o los acreedores. La administración de la empresa de transporte marítimo, que llegó a ser orgullo del sector privado mexicano, incorporó a sus activos una cifra millonaria, resultante de la devolución de IVA que habría ganado en litigio a las autoridades fiscales. Pero lo hizo cuando el caso apenas cubría la primera instancia y en consecuencia podía ser engañoso el efecto que se buscaba crear en el mercado de valores para mejorar su cotización. Ahora TMM enfrenta un problema de mayor magnitud. Al mediar mayo estaban por vencerse términos de su deuda, y la empresa carecía de liquidez para encarar esos pagos. Requería un aplazamiento y el 12 de mayo lo consiguió por vía judicial. Pero sus acreedores pronto descubrieron que se fundaba en actos ilegales. TMM contaba con la orden de un juez que prorrogó el plazo para cubrir sus adeudos, pero quien la emitió no estaba facultado para hacerlo, ya que pertenece a la judicatura local del Distrito Federal y el caso, de permitirlo la situación de la empresa, hubiera debido tramitarse ante tribunales federales. Se sospechó que el juzgador había sido sobornado, y el miércoles pasado tuvo que suspenderse por unas horas la cotización de TMM en la Bolsa de Valores de México. El juez Hugo Muñiz Arreola proclamó de inmediato su inocencia. Pero varios indicadores lo señalan adversamente. Su intervención personal fue buscada; es decir no se presentó la demanda ante la oficialía de partes, de donde se distribuye por turnos, al azar, a cualquier juez. Y en cuanto la recibió, en sólo unas horas, a despecho de que se trataba de una jurisdicción distinta de la suya, el juzgador lo despachó con celeridad excepcional.

González Alcántara hablaba pues, el jueves, con toda tranquilidad de las formalidades de la administración de justicia mientras estaban en curso medidas para atajar este caso, de presunta corrupción en gran escala. A su lado, en la propia mesa redonda, el doctor Manuel Barquín abriría, en otro orden de cosas, una discusión que puede ser muy fértil pero que, por lo pronto, generó disgusto entre algunos de sus oyentes. Expresándose con toda libertad, quizá porque ya no se siente sujeto a las obligaciones formales de su cargo, pronto como está a concluir el plazo para el que fue elegido, Barquín hizo un elogio de la justicia ciudadana y de los jueces elegidos. En general, mostró su aprecio por la cultura judicial norteamericana, enteramente opuesta a la que rige en México, donde se ha buscado que la administración de justicia sea ejercida por profesionales que discurren por largos años a través de la carrera judicial desde cargos de escribiente hasta la magistratura propiamente dicho.

En Estados Unidos en cambio, dijo Barquín, los jueces suelen ser abogados retirados que dedican los últimos años de su vida a la impartición de justicia, pues no se requiere una sabiduría especial para hacerlo. Lo prueba así también, dijo, la justicia a cargo de jurados, a los que anima la sensatez que posee toda persona, para adquirir la cual no es preciso pasar años de puesto en puesto en el escalafón judicial. No cito textualmente sus palabras, pero ese es sin duda el sentido de sus expresiones. Tan fue así, que el director del Instituto de la Defensoría Pública (una dependencia del Consejo de la Judicatura), el magistrado César Esquinca Muñoz, se sintió obligado a expresar su desacuerdo con Barquín. No era ese el lugar para desplegar argumentos en contra, puntualizó con prudencia, pero no quiso callar. Y aun sugirió que el tema podría o debería discutirse de modo expreso en otro foro. Desde su experiencia de 40 años en la judicatura federal seguramente resintió el contraste establecido por el consejero Barquín entre el sistema norteamericano y el que priva en México. Barquín es un reputado profesor universitario que difícilmente habla a la ligera, por lo que habrá que discutir su convicción.