Si se perdona a militares no tiene razón de ser la Fiscalía, dice un ex guerrillero

 

 Comenta Gallegos declaraciones del general Vega

 Adalberto Valle Sánchez

El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, Arturo Gallegos Nájera, cuestionó la postura del secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien pidió “olvidar la historia” para que no se castigue a los militares que reprimieron en la guerra sucia de los años 70.

“Entonces no tendría razón de ser la Fiscalía (Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado) si los militares ya están buscando el perdón. Quiere decir que el jefe militar no quiere detenciones. Se puede decir que con Vicente Fox hubo un cambio para que nada cambie”.

En una entrevista que publica la revista Milenio, en referencia al discurso de Vega García el 19 de febrero, en el Día del Ejército mexicano, el titular de la Sedena “se contrapone” –de acuerdo con Arturo Nájera– a la “buena voluntad” de Vicente Fox de castigar los delitos del pasado con la creación de la Fiscalía Especial.

“Nosotros en la asociación lo que pedimos es el esclarecimiento de los hechos, la verdad histórica. Queremos saber dónde están nuestros familiares: vivos o muertos. Queremos saber quiénes son los responsables de las detenciones, de las torturas y los asesinatos, y que la ley los juzgue”.

Agregó que los militares no pueden pedir que se olviden “las cosas feas” del pasado ni que se pretenda limpiar la imagen de los que participaron, en este caso en la guerra sucia en Guerrero. “En aquel entonces hubo excesos por parte del Estado contra la población civil. No puede ser que después de 30 años no se sepa nada claro de lo que sucedió”.

Señaló que uno de los argumentos del Ejército ha sido que hubo excesos por parte de los guerrilleros, a lo que Arturo Gallegos comentó que en el caso del Partido de los Pobres no se torturaba ni asesinaba a los detenidos, como sí lo hacían los militares.

Por otro lado, dio a conocer que ha trascendido que desde diciembre de 2003, la Fiscalía Especial que lleva los casos no cuenta con recursos económicos para trabajar. “Lo poco que llega no se usa para investigar, sino para pagarle a la planta laboral.

–¿Cómo ha sido el papel de Ignacio Carrillo Prieto al frente de la Fiscalía Especial?

–En la asociación creemos que se ha excedido en el discurso, debería ocuparse más por allegarse de recursos. Es muy criticable el hecho de que no tenga dinero y se ve entonces que no va a caminar. Esto lo decimos sin afán de golpear a nadie, pero es una realidad.

Arturo Gallegos dijo que en la asociación no están conformes con el trabajo de Ignacio Carrillo, al considerarlo como “muy lento”. “Como que les están dando largas y puede quedarse truncado al término del sexenio de Fox. Hay mucha lentitud con el propósito de que se mueran los responsables, que se mueran los deudos”.

Denuncian ante el MPF a soldados por daños al ambiente y despojo en Yucunduta

 Viene a Chilpancingo, líder de ejidatarios de Metlatónoc

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El presidente del comité de vigilancia de los Bienes Ejidales de Yucunduta, en Metlatónoc, Modesto Gálvez González, denunció ante el Ministerio Público federal al Ejército Mexicano por delitos ambientales, daños en propiedad ajena y despojo.

Lo anterior luego de que autoridades municipales y pobladores de esa comunidad mixteca acusaron a soldados de provocar un incendio forestal que afectó dos hectáreas de bosque, en la región de La Montaña, el 23 de abril.

Posterior a la denuncia, el Ministerio Público federal comenzó una averiguación previa en contra de militares del 94 Batallón de Infantería, ubicados en la ciudad de Tlapa de Comonfort.

Por la mañana, Gálvez González llegó a la delegación de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en Chilpancingo, acompañado por el abogado del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, y un traductor.

El agente del MP federal, Martín Saldaña Sixto, en el momento de tomar la denuncia al presidente del consejo de Bienes Ejidales de Yucunduta, constantemente se olvidaba del nombre de la comunidad mixteca y utilizaba expresiones de burla para referirse a ella.

“Yucun…sepa la chingada”, exclamaba el personaje –con el ceño fruncido–, para indicar a la secretaria el sentido de la redacción de la denuncia.

Su actitud y semblante cambió cuando la jefa de prensa de la PGR, Cecilia Colmenares, le informó sobre la presencia en el lugar de reporteros. Inmediatamente se dirigió a la oficina del subdelegado de la dependencia federal y salió con la consigna de ordenar la salida de los reporteros de El Sur.

Fue el policía que se encuentra en el módulo de registro, quien exhortó, sin fundamento legal, sólo “por órdenes del subdelegado”, al fotógrafo Eric Chavelas y este reportero a abandonar el edificio.

Al momento de salir de las instalaciones de la PGR, el abogado de Tlachinollan y el presidente de los Bienes Ejidales de Yucunduta confiaron en que el Ministerio Público federal investigará.

“A pesar               de que no hay plazo legal para la integración de la averiguación previa, estoy seguro que la aplicación de la justicia será pronta y expédita”, indicó Mario Patrón.

Como pruebas de las acusaciones en contra de los militares, los denunciantes entregaron fotografías y muestras de los árboles quemados.

Militares incendiaron 2 hectáreas de bosques de la reserva de Yucunduta, Metlatónoc, denuncia la comunidad

 

 El 21 de abril, efectivos del Ejército llegaron al área y cuando se retiraron no apagaron sus fogatas y dejaron quemando la basura, afirma el vocal del consejo de vigilancia de los bienes ejidales, Natalio Prado Moreno. El pueblo se organizó, y tardó casi todo el día en apagar el fuego, informa. Las autoridades del pueblo pidieron la ayuda del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan para presentar una denuncia ante la PGR y exigir la reparación del daño

 Ezequiel Flores Contreras

Yucunduta, Metlatónoc

Autoridades municipales y habitantes de Yucunduta, municipio de Metlatónoc acusaron a efectivos del Ejército mexicano de provocar un incendio en una reserva forestal que afectó aproximadamente 2 hectáreas de bosque en abril y anunciaron que este martes presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir la reparación del daño.

El comisario municipal de esa población mixteca, Catarino Moreno González, dijo que ya no permitirán que los soldados instalen su campamento –como cada mes– en la reserva forestal y criticaron a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) de no hacer caso a un escrito de queja interpuesto en mayo ante la dependencia federal por los pobladores de Yucunduta.

Narró que los saldados desde hace diez años ocupan un área considerada como reserva forestal “sin el permiso del pueblo”. Llegan cada mes y permanecen tres días. Sin explicar el motivo de su presencia a las autoridades de Yukunduta, hacen recorridos por algunos cerros del lugar, señaló el comisario municipal.

“A nosotros no nos dicen nada, ni se meten con la gente, nomás vienen caminan por los bosques y se van”, explicó el comisario al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, quien acudió al lugar para recabar testimonios con el propósito de elaborar la denuncia en contra del Ejército mexicano que interpondrán los pobladores este martes ante la delegación estatal de la PGR.

Los mixtecos intentan mantener el equilibrio ambiental

Yucunduta, vocablo de origen mixteco que significa Cerro del Agua, es una pequeña población indígena ubicada en una zona boscosa que pertenece al municipio de Metlatónoc se encuentra a tres horas de la ciudad de Tlapa, a través de abruptos caminos de terracería.

Los habitantes desde hace años practican la reforestación. Han aprendido a mantener un equilibrio ambiental al designar áreas específicas para la plantación de maíz y de pinos. La madera de sus bosques se destina principalmente para uso doméstico.

La actividad del comercio forestal no es rentable, afirman los pobladores, por el mal estado de los caminos. “Aquí más bien hay que salir pa’ ganar dinero”, expresa un joven de esa población que hace cinco años estuvo en Chilpancingo trabajando como vendedor de periódicos y tuvo que regresar a Yucunduta “porque allá está de la chingada”.

Ante la falta de empleo y oportunidades de estudio la mayoría de los habitantes como en gran parte de los municipios de la Montaña, deben buscar trabajo en otros lugares principalmente en campos de cultivo de los estados del norte del país y en Estados Unidos.

Cortan árboles para la construcción de viviendas, y utilizan leña para cocer alimentos y proporcionar calor en las pequeñas casas, ya que el frío en esa zona es muy intenso.

La piel agrietada en rostro y manos de Carolina, una niña de 5 años que acompañó a su papá y a los abogados de Tlachinollan a recorrer el área de bosque que presuntamente incendiaron los militares, es una muestra del clima extremo de la región.

Un aparente descuido causó el incendio

En esta zona es donde –desde hace diez años– efectivos del Ejército mexicano instalan un campamento y recorren cañadas y cerros para detectar y erradicar cultivos de enervantes, principalmente amapola, según versiones de los habitantes. Sin embargo en esta ocasión lo que parece ser un descuido de los militares provocó un incendio forestal que perjudicó aproximadamente 2 hectáreas de bosque y generó el descontento de la población.

Al respecto, el vocal del consejo de vigilancia de los bienes ejidales de Yukunduta, Natalio Prado Moreno, aseguró que los soldados provocaron el                     incendio forestal. Dijo que la última ocasión que se les vio acampar en la reserva natural, el pasado 21 de abril, permanecieron dos días y cuando se retiraron del sitio “no apagaron sus fogatas y dejaron quemando la basura”, indicó, y señaló que esta es la principal causa que provocó el incendio.

“Ellos (los militares), se fueron como a las 8 de la mañana y como a las 11 vimos una humareda en el lugar en donde habían acampado. El pueblo se organizó y fuimos al bosque para apagar el incendio, tardamos casi todo el día”, aseveró Prado Moreno, ya que el viento ayudó a que las llamas se expandieran rápidamente.

Durante un recorrido por el área se pudo observar lo que consideran los pobladores como los estragos que comenten los militares en la zona. Árboles talados de oyamel, encino y cedro blanco que fueron plantados hace 20 años. Restos de fogatas y varias zanjas en la tierra en las que se ven latas incineradas de atún y sardina, así como botes de plástico y cerveza.

El comisario afirmó que luego del incendio, la población en asamblea acordó no permitir que los soldados vuelvan a ocupar esa área forestal como campamento.

Sin respuesta, un llamado de auxilio a la Profepa

A través de una queja por escrito, que entregaron los primeros días de abril, pidieron a la coordinación de la Profepa en Tlapa que enviara a personal para realizar un diagnóstico del área afectada y ofrecieran asesoría para revertir el daño forestal provocado por el incendio, sin embargo “hasta la fecha no nos han hecho caso”, expresó el comisario de Yukunduta.

Por esa razón, la comunidad acudió al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan para buscar que el Ejército mexicano indemnice a los pobladores por la afectación forestal.

Denuncia Rocío Mesino que militares de Atoyac la amenazaron de muerte

 Francisco Magaña Atoyac

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra de El Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesón, denunció que fue amenazada de muerte por trabajadores de la Base Operativa Mixta (BOM) –conformada por militares, judiciales y motorizados– de la parte media de la sierra de Atoyac, por lo que solicitó la salida del Ejército de esa zona.

La líder campesina expuso que han recibido un trato déspota por parte de integrantes de la BOM, quienes se volvieron a plantar en un retén en la entrada de la población de El Escorpión.

Dijo que no están en contra del retén, pero que este se maneja de manera ilegal por ubicarse en el acceso a su población.

Los pobladores de la comunidad El Escorpión se caracteriza por ser pacífica –dijo–, además de que la entrada al pueblo es es reducida y están allí tres convoys del Ejército, una camioneta de la Policía Judicial del Estado y otra de la Policía Motorizada, “y no dejan pasar las unidades, es un abuso al libre tránsito”, indicó.

Señaló que incluso han estado a punto de dañar su vehículo cuando recorren la zona, pero sí lo han hecho a las camionetas pasajeras “y ellos sólo se rien de manera burlona”.

Mesino Mesino dijo que un comandante, de una manera grosera, le indicó que si le rayaba su camioneta le compraba otra.

Denunció que el abuso no es sólo en los retenes de El Escorpión y la Cebada, pues los pobladores de San Jun de Las Flores fueron tabipen intimidados.

Se quejó que unos 40 militares de la base de La Cebada se la pasaron bebiendo en una boda, donde molestaban a las invitadas.

La actitud de los soldados molestó a algunos ciudadanos, con quienes discutieron. “De ello hay testimonios, el responsable del grupo estaba ebrio y no le importó que sus subalternos cortaron cartucho en más de siete ocasiones.

Indicó que ella fue amenazada al comunicarles que los denunciaría por su trato déspota, pero que le respondieron: “no estés chingando la madre, te vamos a poner un comando y te asesinemos”.

Dijo que al otro día, por la mañana, al bajar de El Escorpión le tomaron fotografías, por lo que responsabilizó de lo que le pase a los militares del retén ubicado en La Cebada.

Informó que la situación ya la planteó al alcalde Germán Adame Bautista, y que interpondrá una denuncia ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Denuncian hostigamiento de militares contra pobladores de Xitopontla

 No pusieron ninguna queja con los enviados de la Codehum al poblado, dice el visitador Hipólito Lugo

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Autoridades comunales de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, denunciaron que militares los hostigaron para que les dijeran los nombres de los propietarios de dos viviendas donde encontraron 441 kilos de mariguana, el miércoles de la semana pasada.

En tanto, el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, informó que los trabajadores del organismo que acudieron a observar no recibieron ninguna queja de los pobladores.

Dijo que se trasladaron a Xitopontla luego de una llamada de Irene Salvador Escobar, integrante de la Red de Derechos Humanos de México, quien les dijo que el secretario del Comisariado Comunal, Nicolás Benito Francisco, denunció que tres mujeres fueron golpeadas por los militares.

Señaló que cuando los empleados de la Codehum llegaron al lugar, el propio Benito Francisco les indicó que las tres señoras sólo habían sido hostigadas por los soldados para que les dijeran los nombres de los propietarios de las tres viviendas donde encontraron la droga.

Explicó que los soldados y agentes de la AFI rodearon tres viviendas, pero que ese mismo día por la tarde llegó el general Audomaro Martínez Zapata, comandante de la 35 Zona Militar, con las órdenes de cateo y así pudieron ingresar.

Indicó que en dos de ellas efectivamente había droga, pero en la tercera sólo era fertilizante almacenado.

Lugo Cortés informó que durante el tiempo que permaneció el Ejército en la localidad, los ciudadanos del lugar se mantuvieron reunidos en la comisaría municipal, para actuar en caso de que cometieran abusos.

Indicó que al final los habitantes no quisieron presentar una queja formal ante los enviados de la Codehum.