Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Frente a Palacio Nacional, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya respondido a su petición de que el Ejército entregue los documentos sobre el paradero de sus hijos, e insistieron en la exigencia de su entrega inmediata.
En un mitin ante más de 5 mil manifestantes, con el que concluyó una marcha con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres acusaron a López Obrador de defender al Ejército, y no a la verdad y la justicia, como se comprometió.
Por medio de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, las madres y padres manifestaron su rechazo tajante a la narrativa sobre la desaparición de los normalistas que presentó el lunes el actual gobierno, “que no se sustenta en prueba alguna”, e incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica.
Expuso que la nueva narrativa del gobierno reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas en Iguala a un ámbito local y desestima cualquier participación del Ejército mexicano.
Apoyada en un bastón, la señora Hilda Hernández, madre del desaparecido César Manuel González Hernández, aseguró que han vivido muchas mentiras respecto a las investigaciones para dar con los estudiantes, a pesar de que tenían una luz de esperanza.
“Nosotros queremos decirles que en este camino hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras. Pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así”, señaló.
Agregó que la presente administración busca brindar una nueva versión de los hechos que no comparten los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y recuerdan los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde directamente se señala la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
“Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica de la cual no estamos de acuerdo. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el Ejército y la Marina. Señalando que falta documentación foliada la cual no han entregado y ellos dicen que ya entregaron todo”, mencionó.
Sobre la entrega total de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la señora Hilda calificó esto como una completa mentira, razón por la cual existe molestia y enojo por parte de los padres de familia.
“Eso es una reverenda mentira, por eso estamos molestos, por eso estamos enojados. No puede ser posible que cinco años perdidos otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. No es válido, es injusto, no es posible que sigan protegiendo al Ejército teniendo tanta evidencia”, comentó.
Indicó que los padres y madres de los 43 no son necios y critica que no se haya podido entregar la documentación que previamente habían solicitado, y aclararon que no tienen ningún interés fuera de conocer lo que sucedió con sus hijos.
“No somos necios como el señor presidente dice. No somos necios ni nos hacemos ideas en la cabeza. Hemos sabido leer, no hay necesidad de que el nos diga que leamos, hemos aprendido y tenemos unos grandes equipos. No es posible que no nos pueda entregar esa documentación para saber qué fue lo que le pasó a nuestros muchachos y eso es lo que no entiende esa gente. Nosotros no queremos hacerle ningún daño a ningún partido a ningún color, nos interesa saber de nuestros muchachos”, insistió.
El señor Mario González, padre de César Manuel González, confesó que los padres depositaron confianza en el gobierno del presidente López Obrador y creían en un cambio, particularmente por la instrucción presidencial de otorgar información sobre el caso.
“Depositamos un poquito de esperanza en este gobierno porque creímos que de verdad iba a haber un cambio, porque creímos que al firmar un decreto presidencial íbamos a encontrar a nuestros muchachos, pensamos que firmando todas las instituciones como el general Sandoval, nos iban a entregar las respuestas que hemos anhelado durante tanto tiempo, el paradero de nuestros muchachos”, argumentó.
Aseguró que el Ejército mexicano estaba directamente involucrado con el grupo delictivo Guerreros Unidos, así como con otras organizaciones criminales del estado, y cuestionó las razones por las que no se ha entregado toda la información solicitada.
“Quién sabe a dónde fueron a parar los muchachos, pero aún así quisiéramos saber por qué tanta negación para entregarnos la información. Han de pensar que no sabemos que el Ejército mexicano está involucrado con el crimen organizado, que no sabíamos que el mismo Ejército mexicano le vendía armas a Guerreros Unidos y otros grupos del crimen organizado en Guerrero”, dijo.
Deploró que actualmente quien fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los normalistas, Omar García Harfuch, busque ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de señalar que tiene nexos con el crimen organizado.
“Él estaba en la carpeta negra, su número y su nombre, del jefe de Guerreros Unidos de Sidronio Casarrubias. Qué es lo que está pasando que en vez de que lo investiguen, todavía lo protegen”, dijo el señor Mario acompañado de gritos de “asesino” entre la multitud cada que mencionaba a García Harfuch.
Por su parte el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que desde su punto de vista, ha faltado a una de sus promesas de campaña.
“Lamentamos que la postura del presidente sea ponerse primero enfrente de esa institución y no primero ante la verdad y la justicia como él prometió en su campaña”, declaró.
Indicó que tanto él como el resto de los padres, no se van a someter ni al gobierno ni al presidente López Obrador, y reiteró que el objetivo prioritario es conocer la verdad de lo que pasó con los jóvenes.
“Nosotros queremos saber la verdad, dónde están nuestros hijos a dónde se los llevó el gobierno. Porque ellos fueron o son los que nos han arrebatado desde el 2014 a nuestros jóvenes y hoy siguen siendo los principales obstaculizadores para poder acceder a la verdad y la justicia”, puntualizó.
De igual forma, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conocer herramientes legales para hacer frente a la postura gubernamental.
“Invitó también a los organismos defensores de derechos humanos internacionales como la CIDH, la ONU, para que veamos de qué forma podemos enfrentar a este gobierno con los argumentos legales que tenemos porque parece que él no quiere hacer el trabajo del grupo de expertos” dijo.
“No exageramos”, responde el abogado Vidulfo Rosales a AMLO
El abogado y representante legal de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que no están exagerando al comparar la nueva narrativa expuesta por el gobierno federal con la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, contrario a lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
“No estamos exagerado compañeras, compañeros. No podemos aceptar porque hasta este momento no existe ningún informe objetivo de organismo alguno que corrobore la colución entre los estudiantes y estos grupos delictivos”, afirmó.
Rosales Sierra indicó que les sorprende que en la nueva narrativa se tomen elementos de la llamada verdad histórica, misma que destacó que fue desestimada previamente.
En nombre de los padres y madres, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan planteó “rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada por este gobierno. Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica” dijo.
Reiteró que la narrativa comentada reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas a un ámbito local y desestima cualquier participación que pudo llevar a cabo el Ejército mexicano.
“El presidente le ha dado respaldo a una institución que, de manera criminal, se niegan a dar una información que tiene que ver con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señaló.
De igual forma, exigió que se les entregara de manera inmediata la información relacionada con la transcripción de una intervención telefónica donde se da cuenta de que se llevaban a 17 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 a las 10 de la noche.
“Exigimos la entrega inmediata de esa información que puede dar con el paradero de nuestros 43 compañeros, es criminal ocultar una información que puede dilucidar el paradero de por lo menos 17 compañeros, esto no es de un gobierno progresista”, comentó.
Estudiantes, organizaciones, normalistas con los padres
Encabezada por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, este martes se llevó a cabo la marcha a nueve años de la desaparición de los estudiantes.
Empezó el recorrido en el Ángel de la Independencia, casi a las 5 de la tarde.
Más de 5 mil manifestantes de organizaciones, escuelas normales de todo el país, colectivos de desaparecidos y la sociedad en general, salieron rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
Debido a la concentración de personas que se encontraban en avenida Paseo de la Reforma y para brindar mayor protección a los padres, se realizó un cerco con brigadistas, además de un apoyo extra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante más de 4 kilómetros del recorrido, se gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “justicia”, “Ayotzi vive, la lucha sigue”, además de criticar abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por no dar resolución al caso.
De igual forma, otros grupos señalaban como responsables de la desaparición de los normalistas al ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
La marcha tuvo una parada en el denominado Antimonumento de los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde los padres y madres de familia de los desaparecidos realizaron un pase de lista de sus hijos, mencionando cada uno de los nombres a los que se les respondía “presentación con vida”.
La manifestación siguió por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo.
A pesar de que los manifestantes se mostraron de una manera pacífica durante toda la marcha, cerca de 40 encapuchados pertenecientes al llamado Bloque Negro, buscaron integrarse a la manifestación, pero se les negó incluirse en la misma.
Durante el recorrido, se vio que los integrantes de ese bloque vestidos completamente con prendas negras y que cubrían su rostro, realizaban pintas en camellones, vallas publicitarias y rejas de edificios, concretamente en aquellos que son oficinas públicas.
No obstante que los centros comerciales, bancos, restaurantes, oficinas gubernamentales, tiendas de autoservicio y demás negocios sobre una de las principales avenidas económicas del país, se protegieron con anticipación, los miembros de ese bloque dejaron destrozos en esos lugares.
Tal fue el caso del restaurante Sonora Grill, que se encuentra paralelo al Antimonumento y es al aire libre. A pesar de que existían comensales en el lugar, los encapuchados rompieron vidrios, pantallas y lanzaron piedras al lugar con el argumento de que se trataba de una cadena “racista”.
El Hotel Imperial, en pleno paseo de la Reforma, también quedó con cristales rotos. Misma situación para la plaza WeWork 26, que a pesar de tener una barrera de protección, cayeron piedras en una cafetería de la cadena Tierra Garat.
Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del mitin por los nueve años, se escucharon dos detonaciones, mismas que fueron causadas por dos objetos lanzadas sobre la barrera que cubría Palacio Nacional, pero se pidió que se mantuviera la compostura y no pasó a mayores.
Por las pedradas no se reportó ninguna persona afectada y sólo se tuvieron daños materiales. Las pintas con mensajes se dieron desde antes de la marcha, concretamente en la estación del metro Balderas, donde un grupo buscaba utilizar el servicio público pero debido a la saturación del mismo, no les era posible. Al concluir la marcha y el mitin, los padres y los estudiantes regresaron al plantón que mantienen en el Campo Militar Número 1.