Teresa de la Cruz Chilpancingo

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz Benítez, aseguró ayer que el conflicto que se suscitó el pasado 30 mayo en Tlapehuala por el cargo de fiscal de las fiestas religiosas, tiene de fondo “la disputa por el control del dinero y el liderazgo” mismo que en tiempos posteriores los empuja a ocupar cargos en el gobierno municipal. Y negó que por este hecho se haya generado un enfrentamiento entre los habitantes; sólo “se maximizó el asunto”.

De acuerdo a la versión de medios locales, el 30 de mayo en la comunidad de Nuevo Guerrero, en el municipio de Tlapehuala ocurrió un enfrentamiento entre dos grupos religiosos quienes se disputaban el cargo de fiscal de las fiestas religiosas, mismo que se encarga de organizar las fiestas del santo patrono en esa comunidad.

Para Bataz Benítez el hecho “se maximizo, si hubo una situación tensa por quienes buscaban ocupar el cargo, pero no hubo nunca un enfrentamiento entre los habitantes” de la comunidad. Consultado vía telefónica, dijo que las elecciones para el cargo religioso fueron el mismo domingo, pero       al parecer un grupo de un ex ocupante del puesto, Gabriel Alonso Márquez –abogado del despacho del universitario Román Ibarra Flores– “se inconformó por la nueva designación y fue él quien comunico con alarma algunas dependencias de gobierno que había un enfrentamiento”.

Mencionó que ante esta situación el sacerdote de la capilla del Santo Espíritu, Abraham García pidió la intervención de esa dependencia incluso “participo el delegado de municipal para asuntos religiosos y hoy el asunto ya esta en calma”.

Agregó que la disputa también tiene que ver con el manejo del dinero “y ese asunto realmente se tiene que atender de manera inteligente a modo de que se respeten las leyes eclesiásticas ya que una disputa por mayordomía es una cuestión interna”

Expuso que por la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte “él nos dio la orientación para ver que esta situación y las que prevalezcan en la entidad se resuelvan conforme a derecho para que prevalezca la paz social”.

Por su parte el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal indicó que en la comunidad de Nuevo Guerrero solo se dieron “algunas discusiones, no hubo ningún enfrentamiento”. Entrevistado en sus oficinas, señaló que el domingo       “una persona de nombre Gabriel Alonso Márquez,       vía telefónica me comunico que en la comunidad de Nuevo Guerrero se había presentado un grupo armado de encapuchados”, por lo que       solicitó que Policías Judiciales acudieran a la localidad.

Sin embargo, indicó que en Nuevo Guerrero los judiciales “no encontraron ningún grupo de encapuchados y solo había elecciones para nombrar a un       nuevo mayordomo”.

Para el lunes, según Nogueda Carvajal, “la misma persona reporta al Ministerio Público       de Arcelia que había un grupo armado, y resulto nuevamente falso se vuelven a encontrar con un conflicto de carácter religioso”.

Derivado de ese conflicto, dijo Nogueda Carvajal que el pasado martes el MP de Arcelia “recibió la denuncia de un grupo de personas que acusaron a Gabriel Alonso por lesiones y por privación ilegal de la libertad”

Nogueda Carvajal concluyó que la averiguación que interpusieron los habitantes de Guerrero Nuevo “es por delitos pequeños, por lesiones simples, es un delito del juzgado de paz que no tiene caso referir como un conflicto por que no hubo tal enfrentamiento”.