La comisión de la Caja de Ahorro del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) entregó los cheques de pago de ahorros más intereses de préstamos generados de diciembre de 2016 a noviembre de 2017.
El martes pasado, los trabajadores administrativos acudieron a las oficinas del Comité Ejecutivo Central (CEC), ubicadas en la avenida Alemán, en la capital, donde recibieron de los actuales responsables de la Caja de Ahorro, la presidenta, Martha Guadalupe García Bautista; el tesorero, Filiberto Jaime Gómez Estrada, y el contador, Ruffo Ortiz Valle, el pago de sus ahorros más los intereses generados por préstamos de diciembre de 2016 a noviembre de 2017.
A las 9 de la mañana, la oficina de la Caja de Ahorro se abrió y los responsables entregaron a los trabajadores sus cheques; también esclarecieron dudas y se prestaron para facilitar el proceso a los universitarios, debido a que integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) también ahorran en ese órgano.
Consultada al respecto, la secretaria general del STTAISUAG, Brenda Alicia Alcaraz González informó que este año no hubo ningún problema con el pago de la Caja de Ahorro, y que debido a las reformas en los reglamentos del sindicato, los actuales responsables han rendido los informes trimestrales correspondientes al CEC, contrario a Guadalupe Gutiérrez Campos, Erik Manrique Catalán y Felipe Alonso Alonso, ex presidente, tesorero y contador.
De los ex responsables, que fueron expulsados del STTAISUAG, despedidos de la Universidad y actualmente enfrentan un juicio penal y uno civil por el fraude millonario de 2016, Alcaraz González contó que “echamos a andar el reglamento (reformado) con ellos, entonces la información que nos daban en las reuniones de CEC era muy general, llevaban tres años trabajando como comisión autónoma y el último año les tocó el nuevo reglamento entonces, los vicios ya los traían”.
Sobre las declaraciones del rector Javier Saldaña Almazán, quien amagó con solicitar la anulación de la Caja de Ahorro si continúan los malos manejos que dan una mala imagen a la universidad, Alcaraz González dijo que esa comisión beneficia a los trabajadores, específicamente por la facilidad de préstamos.
Aunque “la confianza” de los trabajadores se deposita en los tres responsables de la comisión, consideró que si se revisaran nuevamente los reglamentos y se modificaran “poniendo más candados” para evitar que los recursos se desvíen, “podemos mejorar”.
El fraude de 2016, aún sin resolverse totalmente

La Caja de Ahorro se creó a la par del STTAISUAG en 1969, a raíz de una iniciativa del primer CEC que representó los intereses de los trabajadores administrativos ante la Rectoría, con base en sus necesidades y hechos circunstanciales que les supusieran un gasto mayor al de su salario.
En 1969 no había medios que ofrecieran facilidades para obtener préstamos, como actualmente hacen los bancos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por ello se creó la Comisión de Caja de Ahorro del STTAISUAG administrada por un presidente y un tesorero; años después, con las reformas a los reglamentos, se acordó que se añadiera un contador.
Los responsables de la Caja de Ahorro cambian junto con el CEC, su periodo administrativo es de cuatro años, aunque los recursos se manejan en periodos anuales por ejercicio fiscal; por ejemplo, lo ahorrado de la primer quincena de diciembre de 2016 a la última quincena de noviembre de 2017, es el pago correspondiente a 2017, que recibieron los universitarios el martes.
Los recursos de la caja provienen de los ahorros de los universitarios, con estos se otorgan préstamos a los trabajadores, cuyo único límite es su salario. Pueden solicitar cualquier monto, siempre y cuando puedan cubrir la deuda en un determinado lapso con los descuentos quincenales correspondientes; según los reglamentos vigentes, se cobra un 2 por ciento de intereses, que se reparten entre los ahorradores.
De acuerdo con su Contrato Colectivo, los trabajadores administrativos deben ahorrar un mínimo de 50 pesos quincenales, mientras que los académicos que solicitaron su ingreso en los primeros años aportaban cantidades de hasta 2 mil pesos quincenales, por ello obtenían más dinero al final del año, y finalmente se limitó su ahorro a 300 pesos máximo.
Los responsables de la Caja de Ahorro también eligen la institución bancaria que manejará los recursos, aunque muchos años la cuenta se mantuvo en Bancomer, este año y los próximos tres, será en Santander; al concluir su administración, Martha Guadalupe García Bautista, Filiberto Jaime Gómez Estrada y Ruffo Ortiz Valle, deberán cancelar la cuenta para que los nuevos responsables abran una propia.
La caja actuaba de manera autónoma hasta que en diciembre de 2015 se reformaron los reglamentos del STTAISUAG, con ellos pasó a ser profesionalizada, es decir, que los responsables deben rendir un informe trimestral al CEC en el que se detalle el número de ahorradores, los montos de préstamos solicitados en el año, los recursos totales y los intereses.
Los reglamentos entraron en vigor en enero de 2016, cuando ocurrió el fraude de Guadalupe Gutiérrez Campos, Erik Manrique Catalán y Felipe Alonso Alonso, quienes manejaron la Caja de Ahorro de 2013 a 2016, sin que el CEC advirtiera el desfalco que, según la auditoría de diciembre del año pasado, fue de 6 millones 785 mil 947 pesos y afectó a 640 ahorradores, según Alcaraz González.
A pesar de que los ex responsables estaban obligados a rendir un informe trimestral, ocultaban datos al CEC, lo que se reportó a la Comisión de Vigilancia, y en diciembre del año pasado trascendió el fraude que llevó a 120 universitarios a dejar la caja.
De acuerdo con Alcaraz González, el STTAISUAG pagó a 310 defraudados sus ahorros de 2016 sin incluir los intereses, con las cuotas sindicales y otros préstamos que obtuvo con la Administración Central, sin embargo, 330 todavía esperan su pago.
También informó que en la auditoría que se aplicó a la Caja de Ahorro se reveló que los universitarios deben 3 millones 25 mil pesos, ya que solicitaron préstamos, pero no se les aplicaron los descuentos, lo que tampoco aclararon ante la comisión.
El 27 de septiembre el CEC solicitó a los deudores que aclararan si pagaron o no sus préstamos y “algunos” admitieron su falta, por lo que espera que con estos recursos se finiquite la deuda a los defraudados.