A punto de enfrentarse ejidatarios de Lomas de Chapultepec por un predio




Ejidatarios de Lomas de Chapultepec, encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Horacio Zamora Gallegos, delimitaron una ampliación de terrenos en el ejido para entrar al Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).
Pero ese acto fue tomado como un desalojo por ejidatarios que en noviembre reocuparon las tierras que les quitaron hace 14 años y ahora pertenecen a la inmobiliaria Papagayo.
Ayer al mediodía, unos 50 campesinos de Lomas de Chapultepec comenzaron la delimitación de una ampliación en el ejido, la cual se hizo en las inmediaciones de las tierras que reocuparon ejidatarios el 21 de noviembre.
De ello, el otro grupo, encabezado por Lauro Valeriano, alertó que se trataba de un desalojo por parte de la inmobiliaria para sacar a 300 familias asentadas allí con el argumento de que hace 14 años les expropiaron las tierras y como estaban deshabitadas decidieron reocuparlas.
Desde las 11 de la mañana, el abogado de los afectados, José Sánchez Sánchez, fue alertado sobre el desalojo y después informó que se trataba de unas 200 personas de San Marcos y El Mégano, quienes portaban armas de grueso calibre y pretendían entrar por el río.
El terreno en cuestión se ubica a 10 metros del puente de Barra Vieja, sobre la carretera Acapulco-Pinotepa.
Ahí los ejidatarios manifestaron que hay interés de inversionistas por esas tierras de Punta Diamante porque cuentan con playa, laguna y río, pero señalaron que les pertenecen porque también les fue arrebatada una zona que era panteón y donde están enterrados sus familiares.
Los campesinos que se asentaron de nuevo en la propiedad de la inmobiliaria Papagayo son encabezados por Lauro Torres Valeriano, quien se mantuvo en el acceso de los terrenos que ahora llevan por nombre colonia Paraíso de Chapultepec.
En entrevista dijo que los campesinos dirigidos por Horacio Zamora Gallegos quisieron entrar por la fuerza y aseguró que la gente que lo acompañaba no era del ejido sino contratados, “porque a él ya no lo siguen”.
También el abogado José Sánchez reveló que pidieron el auxilio de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para evitar el enfrentamiento, pues arguyó que las personas que llegaron a los terrenos eran traficantes de droga e iban con armas de grueso calibre.
Después vía telefónica mencionó que “llegó un destacamento” de militares para acorralar a los narcotraficantes.
Por su parte, el presidente del comisariado ejidal de Lomas de Chapultepec, Horacio Zamora, rechazó que se tratara de un desalojo y aclaró que sólo delimitaron la ampliación de terrenos pertenecientes al ejido, debido a que mantenían un conflicto desde que fueron expropiadas 882 hectáreas durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu.
A pregunta expresa sobre la presencia de campesinos que llevaban machetes, el presidente del comisariado explicó que tenían que llevar su arnés de trabajo, pero “este no es motivo para llegar a un enfrentamiento” y dijo que por ello pidió la presencia de la Policía Preventiva.
Horacio Zamora reiteró que sólo delimitaron las tierras que eran del ejido, “no estamos diciendo esto es de ellos y esto es de nosotros”. Agregó que 573 ejidatarios tienen derecho a estas tierras en la primera ampliación que se pretende certificar “para tener un documento oficial del ejido”.
Torres Valeriano justificó el distanciamiento con el comisariado ejidal Horacio Zamora porque cuando retomaron los terrenos, en noviembre, no lo tomaron en cuenta. “Por eso no nos puede ni ver”.
Indicó que la colonia la componen unas 163 hectáreas.
Al final del percance, los ejidatarios de la colonia Paraíso de Chapultepec levantaron una acta de hechos en la que señalaron que Horacio Zamora se hizo acompañar con personas ebrias y armadas, además de que destruyeron 300 metros de malla ciclónica para meterse a los terrenos.
Se quejaron que el acto fue con dolo para afectar a los vecinos al hacer la mediación, debido a que están protegidos bajo un amparo indirecto, con número 536/89 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Distrito.
Pidieron a las autoridades que en lo sucesivo sean tomados en cuenta para cualquier aclaración o medición.

El 72 por ciento de ejidos y comunidades en Guerrero han sido certificados, informan

 

“Absurdos”, los argumentos de las organizaciones sociales que se oponen al Procede, dice el subprocurador agrario. En reunión con alcaldes, piden funcionarios federales apoyo para que se inscriban los núcleos agrarios

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El subprocurador general de la Procuraduría Agraria, Rogelio Parra Silva, calificó ayer de “absurdos” los argumentos de algunas organizaciones sociales que se oponen al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), porque lo que “busca es dar seguridad jurídica” a los campesinos y “contribuir” para que terminen los “problemas agrarios”.

En tanto que el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, durante la reunión con alcaldes y representantes de municipios donde no han podido aplicar el Procede por conflictos agrarios, informó que hasta el momento “el 72 por ciento del universo de ejidos y comunidades en la entidad han sido certificados”.

En marzo, en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y el dirigente nahua Marcelino Díaz de Jesús acusaron a la Procuraduría Agraria “de atentar contra los pueblos indígenas” por medio del Procede, y argumentaban que “las tierras siempre han sido de tipo comunal”, pero que la aspiración del gobierno federal “es la individualización para que así la tierra se pueda vender”.

Parra Silva, consultado luego de una reunión con alcaldes y representantes de algunos ayuntamientos que por conflictos agrarios no se han incluido en el Procede, expresó que esas afirmaciones son “absurdas” porque lo único que buscan la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “es dar seguridad jurídica a los campesinos”.

Dijo que no sólo se han encontrado con ese tipo de argumentos de organizaciones sociales como táctica para resistirse a la aplicación del Procede, sino también “hay otros que dicen que con tener el título o certificado de propiedad el campesino va a pagar impuesto, pero esa no es la realidad”.

Y expuso que uno de los objetivos del Procede “es abatir la gran cantidad de problemas agrarios” que hay no sólo en Guerrero, sino en Oaxaca, Chiapas, Veracruz así como Michoacán; “el programa no es impositivo, si los campesinos a través de sus asambleas deciden no regularizarse sus tierras nadie los obliga”.

Adelantó que la regularización de la tenencia de la tierra a través Procede, y que es financiada por el gobierno federal, concluye en marzo de 2006, aunque para “tener buenos resultados creemos que los gobiernes estatales y municipales deben apoyar esta labor, cuya meta nacional es llegar a los 18 millones de hectáreas certificadas”.

Indicó que la consecuencia inmediata para los núcleos agrarios que no regularicen su situación jurídica se verá reflejada al “querer adquirir beneficios de programas interinstitucionales”.

Otra consecuencia se vería en los gastos, “porque hasta 2006 el gobierno federal apoyará a los campesinos para tener sus títulos y certificados de modo gratuito, y si los campesinos no quieren aprovechar después de marzo de 2006 los gastos –que son de 700 mil pesos por núcleo ejidal– que implica la delimitación por parte de técnicos especializados, va a correr por su cuenta”.

Buscan disminuir los conflictos, dice el delegado estatal

Durante el foro titulado Estrategias para la conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, expuso que el Procede es un programa que busca contribuir en la disminución de “conflictos agrarios” en la entidad.

En la sala de recepciones del ayuntamiento, Jaimes Ferrel precisó que desde 1993, un año después que entró en vigor el Procede como parte de la reforma al artículo 27 de la Constitución Mexicana, en Guerrero ha sido certificado 72 por ciento del universo de ejidos y comunidades.

Luego llamó a los presidentes municipales y al gobierno del estado para que antes de que concluya su administración “apoyen” a la Procuraduría Agraria, a fin de “buscar los caminos más cortos para que los núcleos agrarios obtengan sus títulos y certificados de propiedad”.

Enfatizó que los títulos de propiedad “evitarían las confrontaciones entre comuneros, confrontaciones que desembocan en el derramamiento de sangre, y lo que nosotros queremos son municipios que trabajen en paz”

Insistió en dirigir su discurso a los alcaldes y al gobierno del estado para que “apoyen” la aplicación del Procede, “y así al término de su administración entreguen un campo en paz, apto para el desarrollo sustentable que todos los guerrerenses queremos”.

Entre las “bondades” del Procede –según expuso la delegación estatal de la Procuraduría Agraria– está la “gratuidad” pues hasta marzo de 2006 el gobierno federal no va a cobrar por los gastos técnicos, y también se caracteriza el programa porque “no es impositivo”.

Agrega la delegación estatal en su informe que Guerrero tiene mil 53 ejidos, de ellos tiene certificados 903; en cuanto a comunidades hay 200 y de éstas 103 han sido certificadas. De las 350 ejidos y comunidades que faltan por certificarse 33 son viables para el Procede, 213 están en atención especial y 103 no son viables.

Acuerdan alcaldes impulsar el Procede

En la misma reunión algunos alcaldes se comprometieron a impulsar el Procede en sus localidades, aunque dijeron que si los conflictos agrarios “son ancestrales”, descartan que con el programa se solucionen.

De los 44 alcaldes que debían haber asistido a la reunión con las autoridades agrarias sólo acudieron algunos como el de Acatepec, Raymundo García; el de Tecoanapa, Ignacio Luna; el de Mártires de Cuilapan, Viliulfo Morales; de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca; y del resto de los municipios sólo acudieron representantes.

Entre las autoridades se encontraban el delegado estatal del Registro Agrario Nacional (RAN), Jaime Gutiérrez Robles; el supervisor operativo del Procede en Guerrero, Celso Bailón Díaz, así como el secretario técnico del Comité Operativo Nacional del Procede, Francisco Ríos.

Consejo 500 Años: funcionarios federales engañan a indígenas con el Procede

* Obligan a la gente a firmar en blanco: Alvarez

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena exigieron ayer a la Procuraduría Agraria que frene “los abusos y atropellos” contra las comunidades indígenas, en su intento por aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

En conferencia de prensa, el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Guillermo Alvarez Nicanor, explicó que el gobierno federal, en su intento por desarticular los conflictos agrarios en el país y particularmente en Guerrero, creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, “pero esto no es más que un atentado contra los pueblos indígenas”.

Señaló que la Procuraduría Agraria “con engaños” busca aplicar el Procede, y citó el caso reciente de San Agustín Oxtotipan, municipio de Martíres de Cuilapan, donde apenas el sábado pasado acudieron dos representantes de esa dependencia, Adriana Quevedo Sánchez y Samuel Muñoz Flores, “supuestamente para ayudarlos a actualizar el padrón de comuneros”.

Pero la actitud de los funcionarios se vio “sospechosa” –dijo Alvarez Nicanor– cuando “pidieron a los campesinos que firmaran unas hojas en blanco, y a quienes se negaban a firmar los amenazaron con sacarlos del Procampo”.

El fondo de esas hojas que fueron firmadas por 307 campesinos y que “rescatamos hoy de la Procuraduría”, según el dirigente indígena, son para “decir que los campesinos están de acuerdo con el Procede, pero no es así porque las tierras son nuestras”. Por lo que llamó al delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, para que “frene los abusos, atropellos” en contra de las comunidades.

Hay casos en el Alto Balsas –indicó– como en las comunidades de San Juan Telelcingo, San Agustín Huapan y San Francisco Oxtomatlan, donde ya “engañaron” a la gente con el Procede, y con ello la Procuraduría Agraria “pretende mostrar que no hay conflictos agrarios entre las comunidades, pero sí hay 14 focos rojos en la entidad”.

En su intervención, el también dirigente Marcelino Díaz de Jesús explicó que el Procede no puede aplicarse en las comunidades indígenas debido a que “las tierras son comunales, siempre hemos sido los dueños, sin embargo con el programa el gobierno federal aspira a la individualización para que así la tierra se pueda vender”.

Luego Díaz de Jesús calificó como “ruin y absurda” la manera en que la Procuraduría Agraria quiere emplear el Procede, por lo que advirtió que “si siguen engañando a las comunidades no nos hacemos responsables de lo que pueda sucederle a los empleados de esa dependencia”.