▼ Victoria Tauli-Corpuz, en visita oficial, se reúne en Tlatzala, Tlapa, con víctimas de violaciones a los derechos humanos, organizaciones sociales, policías comunitarias y mujeres y ofrece que comunicará sus demandas al gobierno mexicano
▼ Siente el dolor de los padres que han perdido a sus hijos, dice ante familiares de los 43 de Ayotzinapa
▼ Le exponen sobre el asesinato del nahua Bonfilio Rubio, las violaciones a Valentina e Inés cometidos por soldados, y las luchas contra las mineras
Ofrece Victoria Tauli-Corpuz a organizaciones indígenas que comunicará sus demandas al gobierno, durante su visita a Tlatzala, Tlapa. Se reúne con organizaciones sociales, policías comunitarias y mujeres. Siente el dolor de los padres que han perdido a sus hijos, dice ante familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Texto y foto: Carmen González Benicio
Tlatzala, Tlapa (Guerrero).- En su visita a Guerrero en la comunidad nahua de Tlatzala del municipio de Tlapa, la relatora especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz se comprometió a comunicar a las autoridades de México los planteamientos de organizaciones sociales, policías comunitarias, mujeres indígenas en materia de salud, feminicidios, educación, desapariciones forzadas, y asesinatos cometidos por militares.
Dijo que estas épocas de injusticia son inaceptables en cualquier sentido de la palabra.
La relatora originaria de Filipinas quien realiza en México una visita oficial para conocer la situación de los pueblos indígenas habló en inglés, y se apoyó en una traductora en español, en el acto de bienvenida a la comunidad en la cancha municipal, antes de escuchar los casos.
En su traducción mencionaron que su misión es estar con los pueblos y comunidades indígenas, y ver a qué retos se han enfrentado, sus formas de vida y sus culturas, y que lo que escuchara de los participantes lo comunicaría a las autoridades de México.
Agregó que las propuestas y recomendaciones que le hicieran también se las haría saber al gobierno, a las autoridades.
Dijo que parte de su misión será asegurarse de que todas las recomendaciones y sugerencias del ex relator Rodolfo Stavenhagen, quien estuvo en La Montaña, se estén abordando y se estén siguiendo.
Dijo que la mayoría de las recomendaciones estaban relacionadas con los temas que ya le habían compartido hasta el momento, de modo que revisaría si esas sugerencias ya se estaban abordando o de lo contrario haría posteriores sugerencias y recomendaciones.
Dijo que al conocer el dolor que los padres y madres expresaban, ella también lo sentía y compartía ese dolor de los padres que han perdido a sus hijos, y que estas épocas de injusticia son inaceptables en cualquier sentido de la palabra.
Agradeció la bienvenida, dijo que esperaba de verdad llevar justicia a todos los asuntos planteados, que se sentía alentada por su unidad y determinación que tenían los pueblos y que haría lo que estuviera a su alcance para que se haga justicia.
A los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa les dijo que esperaba que pudieran encontrar respuestas, y sepan qué sucedió con ellos, ya que estuvo una representación.
Mencionó que es indígena de la provincia de la Montaña en Filipinas, por lo que sabía perfectamente lo que han vivido y pasado y agradeció que la hayan recibido en el territorio de La Montaña.
La máxima autoridad en el Sistema Universal de Derechos Humanos en materia de derechos de los pueblos indígenas deseó toda la fuerza a los participantes, para que puedan cambiar la situación de los pueblos.
El acto inició con la bienvenida en la entrada de la comunidad, donde le colocaron un huipil y collar de flor de cempasúchil, caminó a la cancha con los representantes de las comunidades, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en especial de la familia de Magdaleno Rubén Lauro Villegas y la de Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado por soldados en el crucero de Huamuxtitlán en el 2009.
Acudieron representantes de organizaciones sociales, de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como habitantes del lugar, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, el director del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, entre otros.
Cuentan a Tauli-Corpuz casos de despojo
y de abusos de militares en Tlatzala, Tlapa
Abordan cinco temas sobre violaciones graves a derechos humanos como el asesinato del nahua Bonfilio Rubio, las violaciones a Valentina e Inés, y las luchas contra las mineras
Carmen González Benicio
Tlapa, Guerrero.- La relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita oficial a la comunidad nahua de Tlatzala, del municipio de Tlapa, escuchó los casos de violaciones de derechos humanos de indígenas nahuas, me’phaa, na savi y ñomnda del estado de Guerrero.
Fueron cinco temas abordados por separado sobre violaciones graves a derechos humanos, de padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, entre ellos los de los papás de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, joven originario de Tlatzala, quienes mencionaron que le pidieron a la relatora que no olvide el caso para que se castigue a los responsables, y para que presenten a su hijo; y se presione al gobierno mexicano para que presente avances porque no hay nada nuevo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo único que quieren es verdad y justicia.
Del nahua, Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado por soldados en el crucero de Huamuxtitlán en 2009 cuando iba en un autobús, su hermano, José, pidió a la relatora que el gobierno mexicano esclarezca el asesinato, y que haya justicia, ya que el militar asesino está libre y les dijeron que no hay nada que perseguir. Para que el Ejército reconozca que hizo daño, se castigue a los culpables y reparen el daño.
En el caso de las mujeres me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, atacadas sexualmente por militares en 2002, pidieron justicia y castigo a los militares responsables, y que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones por los hechos ocurridos hace 15 años y que no vuelvan a pasar.
En el apartado de defensa de la tierra y territorio estuvieron representantes de la comunidad me’phaa Juba Wajiín, o San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, quienes emprendieron una lucha contra los proyectos mineros en la Región de la Montaña, “pedimos a la relatora que le diga al Estado Mexicano que respete su voluntad de rechazar la minería”, contó el representante Valerio Mauro.
“Le dijimos que estamos cansados, pero seguimos luchando, porque parece que el gobierno no quiere reconocer que le ganamos, porque cada que sale una resolución favorable, el gobierno impugna y con eso nos dice que no reconoce nuestro derecho a vivir libres de minería”, dijo.
El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) habló de su organización de cinco años para defender el territorio, y que integra 20 núcleos agrarios que se declaran contra las mineras.
Asimismo, Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), dijo que le pidieron que llame al gobierno mexicano a que pare la represión, asesinatos de indígenas que se organizan para defender la tierra y el territorio y que muchas veces son encarcelados.
Otro asunto fue la situación de mujeres, donde se abordaron los casos de feminicidios en la región y la falta de atención de las instituciones que imparten justicia; el caso de las jornaleras que mueren en los campos agrícolas; y la violencia obstétrica en los hospitales.
En el apartado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estuvieron los casos de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, donde hacen falta maestros para la primaria y el preescolar violentándose el derecho a la educación de los niños pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Guerrero, que no ha cumplido, porque requieren aulas, canchas techadas, comedores y servicios de drenaje, agua y pavimento en la comunidad.
El Consejo de Comunidades Damnificadas atrajo el caso de la comunidad de Mini Numa, municipio de Metlatónoc, que exigió hace años atención médica, y de Buena Vista, municipio de Atlixtac, que exige maestros, hace tiempo.
De los jornaleros agrícolas, reclamaron que los gobiernos municipal, estatal y federal desatienden al no brindar los recursos para la operación del comedor, los registros y apoyos que les corresponden y que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga “se gasté el dinero” pagando bailes y jaripeos para su campaña, dijo Flores Sánchez Crescencio.
Sobre seguridad y violencia, estuvieron ex presos e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que, a decir de Felicitas Martínez, plantearon que se reconozcan la Ley 701, en la reforma integral que trabajaron varias organizaciones y se respeten los acuerdos internacionales donde se contempla, igual que la Policía Ciudadana y Popular (PCP).
De la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Israel Jiménez y el abogado Leonel Rivero pidieron que se respeten los convenios internacionales y se acepte la Ley de Consulta de comunidades Indígenas, que no es nuevo, pero se hace hincapié en este gobierno que ha violentado más derechos colectivos en las comunidades indígenas, pues no hay mecanismos para ejercerla.
El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón habló sobre el incremento de la violencia en Chilapa, que ha dejado la desaparición de personas, asesinatos y desplazamientos forzados.
La presentación de casos inició a las 10:30 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde, cuando, de acuerdo con la agenda, se presentaron 18 casos que se plantearon en privado en la comisaria, donde estuvo la relatora, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y algunos colaboradores.
Preocupa a la relatora que los derechos básicos
no se garanticen en La Montaña, dice Abel Barrera
Texto: Carmen González Benicio
Tlatzala, Tlapa (Guerrero).- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que espera que en su informe la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz plasme los puntos centrales que debe atender el gobierno, que debe garantizar los derechos humanos, colectivos de los pueblos indígenas para que el trato desigual no siga siendo la característica principal del gobierno mexicano.
Agregó que en el informe del próximo año y en el preliminar que será en una semana, ayude a visibilizar los problemas que los pueblos han manifestado como sujetos de derecho, como lo hizo en su momento el ex relator Rodolfo Stavenhagen.
Comentó que en la visita oficial de la relatora a la comunidad a Tlatzala, municipio de Tlapa, le preocuparon las violaciones graves, sobre todo en derechos humanos, defensa del territorio, la criminalización de la protesta por quienes defienden el territorio y los bienes naturales amenazados con mega proyectos como los de las empresas mineras.
Consultado al término de la exposición de casos a la relatora, agregó que ella externó que era preocupante que los derechos básicos no fueran garantizados al escuchar que la gente demande maestros, clínicas y alimentación.
Además le preocupó la violencia e inseguridad que han llevado al aumento de casos de personas desaparecidas y desplazadas, y que los órganos comunitarios como la CRAC-PC y la Policía Ciudadana y Popular (PCP) no fueran reconocidas en un marco legal y son hostigadas.
Además de la denuncia de los derechos económicos y sociales en La Montaña, dijo que la región está olvidada y es la que menos presupuesto tiene, así que en lugar de que se le diera preeminencia al Ejército, se deberían de apoyar otros rubros como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la que le redujeron presupuesto.
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