El presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karen Herrera acuden a la sede del TSE para apoyar a los magistrados tras los registros de la Fiscalía. Guterres se muestra alarmado “por las recientes acciones del Ministerio Público que amenazan la confianza en el proceso democrático”
Ciudad de México, 3 de octubre de 2023. Cientos de guatemaltecos, en su mayoría miembros de comunidades indígenas, iniciaron ayer un paro nacional indefinido para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por sus intentos de intervenir en los resultados electorales de este año.
La protesta fue convocada la semana pasada por la agrupación indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste), y fue acuerpada ayer por docenas de organizaciones civiles y sociales.
Un tramo de la carretera del Atlántico ha quedado interrumpido por los manifestantes. Se esperan a lo largo de la jornada numerosos bloqueos en las principales arterias de entrada y salida de las ciudades, por lo que las autoridades han instalado un fuerte dispositivo policial para velar por la seguridad de la población.
Las autoridades guatemaltecas confirmaron ayer por la mañana que al menos siete carreteras que conectan el territorio se encuentran bloqueadas por las comunidades indígenas, incluyendo un sector de la capital del país centroamericano.
Los líderes indígenas piden la renuncia de Porras, del fiscal Rafael Curruchiche, y del juez penal Fredy Orellana, a quienes acusan de querer modificar los resultados electorales de los comicios celebrados en junio y agosto, según información de EFE.
“Nos declaramos en paro nacional indefinido, haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país a sumarse a la protesta”, señaló un comunicado de los 48 cantones de Totonicapán.
La marcha llega tres días después de que el Ministerio Público allanara por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y decomisara cajas con votos, pese al rechazo de organizaciones locales e internacionales que los acusan de violar la ley.
De igual forma, el pasado 1 de septiembre, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, señaló a Porras, Curruchiche y Orellana de llevar a cabo “un golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura como mandatario en enero próximo.
Precisamente al respecto, el gobierno de Estados Unidos anunció el domingo sanciones para quienes “socaven” la democracia en la nación centroamericana.
“Estamos tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala”, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, también han convocado al pueblo a manifestaciones pacíficas para defender la democracia.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su ‘número dos’, Karin Herrera, han acudido ayer a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para apoyar a los magistrados tras los registros llevados a cabo por la Fiscalía el viernes.
“Nuestro apoyo y nuestra solidaridad ante el embate y la agresión de la que están siendo objeto de manera sistemática por parte de un Ministerio Público que está actuando fuera del marco de su competencia de una manera absolutamente espúrea”, ha dicho Arévalo.
En este sentido, el presidente electo ha aseverado durante una rueda de prensa conjunta con los magistrados del órgano electoral que la Fiscalía busca “burlar la voluntad del pueblo” guatemalteco y una “restauración autoritaria” del poder.
“Los allanamientos que han tenido lugar en las últimas semanas han sido expresión del absoluto desprecio y falta de respeto que existe por parte del Ministerio Público contra el ordenamiento legal y contra ese corazón de la democracia que constituye el proceso electoral y el resguardo del voto”, ha agregado.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado ayer “alarmado” por las recientes acciones de la Fiscalía guatemalteca, que registró la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incautó actas de las elecciones presidenciales.
“(Guterres) está alarmado por las recientes acciones del Ministerio Público que amenazan la confianza en el proceso democrático. Pide a todos los actores que defiendan el Estado de derecho y la voluntad democráticamente expresada”, ha indicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric. (Con información de Agencias).
Texto: Redacción- Europa Press / Foto tomada de Internet
