Humberto Musacchio
Después del golpe de Luis Echeverría y sus paniaguados a Excélsior, el 8 de julio de 1976, se podía pensar que las agresiones a la libre expresión eran cosa del pasado, pero entraron al relevo las bandas criminales y algunos políticos, los que asesinan u ordenan asesinar periodistas o quemar oficinas y talleres de periódicos.
En el presente sexenio, ese clima de violencia es propiciado por los cotidianos ataques que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador contra los informadores que considera sus enemigos, aunque en realidad son colegas que ejercen su oficio con sentido crítico y se permiten analizar y cuestionar lo que ocurre en nuestra vida pública. En otras palabras, hacen su trabajo, que es servir a los lectores, radioescuchas o televidentes, a lo que están obligados y saben hacer con mayor o menor acierto y desde muy diversos puntos de vista.
Quien espera que los periodistas coincidan en todo y por todo con el poder público y quienes lo ejercen, bien puede sentarse a esperar seis años o más. El periodismo es un oficio político, pero no es la política. Para un periódico, una estación de radio, un canal de televisión o un sitio de internet, en el centro de sus quehaceres está la política, no son partidos sino empresas, tienen por supuesto intereses y orientación política, y el trabajo de sus profesionales es informar, analizar y criticar los hechos, pero no la búsqueda de diputaciones, senadurías, presidencias municipales, gubernaturas o la Presidencia de la República.
Existe la idea de que un periodista no debe tener partido, pero en tanto que ciudadano, ese es un derecho que le concede la Constitución y él sabe si lo ejerce o no. Lo exigible en su caso es que haga su trabajo y que lo haga bien, que informe con veracidad, que analice con conocimiento y juzgue con bases.
Lo más novedoso es que ahora políticos menores –muy menores—emulen a su jefe y vayan más allá de regaños y condenas, pues se permiten denunciar jurídicamente a los periodistas. Ocurrió con la diputada de Morena Andrea Chávez Treviño, quien acusó de violencia de género a Denise Dresser porque esta mencionó la “posible” relación de la diputada con otro político, señaló el uso para fines particulares de un avión de propiedad federal y, según la falsamente ofendida, nuestra colega dijo que la señora Chávez tenía un cargo público por una relación personal, lo que nunca aseveró la demandada.
De inmediato, el INE, travestido en fiscalía y juzgado, impuso medidas cautelares a Denise Dresser, como inscribir su nombre durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género. Luego vino la sentencia de una sala regional del Tribunal Electoral que condenó a la periodista a pagar una multa de 20 mil 748 pesos (más de lo que gana al mes el grueso de los periodistas).
El asunto ha obligado a Denise Dresser a contratar un abogado, porque desde luego no puede ni debe admitir culpabilidad alguna en este asunto. Si se tratara de un litigio por difamación, que no lo es, lo procedente sería que el caso se dilucidara en otro tribunal, no en uno electoral. Pero el caso sigue en esa jurisdicción y ahora la Sala Superior del TEPJF debe revisarlo.
La denuncia de la diputada Chávez incluye –dice El Universal—a otros periodistas, como Guadalupe Loaeza, Raymundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, Lourdes Mendoza, Federico Arreola, Nayeli Roldán, Leopoldo Mendívil, Hiroshi Takahashi y Fernando Belaunzarán.
Por lo pronto, la diputada ya empezó a recular, pues anuncia que se desistirá “de todas las denuncias de terceros”, pero como confunde el indebido empleo de bienes públicos para fines particulares, insiste en que seguirá su litigio contra Denise Dresser. En reciprocidad, podemos anunciarle que no pocos periodistas seguiremos ejerciendo la libertad de expresión y exigiendo que aclare antes las autoridades competentes el uso (y abuso) del avión gubernamental y otros aspectos de interés público.
Esperemos que en el TEPJF se imponga la cordura, pues si no se desechan todos los cargos contra la colega, habremos de considerar que se trata de una declaratoria de guerra contra la libre expresión y el gremio periodístico.
