Solicita la FGR a la Suprema Corte resolver en última instancia si se instala la Comisión del caso Iguala ordenada por un tribunal. Se posterga de nuevo la sentencia del 31 de mayo de 2018, bajo el argumento de que su conformación sería un “atentado al debido proceso”
Iguala, Guerrero, 23 de marzo de 2026. Una bolsa con restos óseos humanos etiquetada del 2014 fue hallada durante los cateos en octubre pasado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, en las instalaciones de la funeraria El Ángel que tenía la concesión de la morgue, donde tiene tres hornos crematorios, uno de ellos que opera de manera irregular.
La información del hallazgo se dio a conocer a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y a sus representantes legales durante la inspección del viernes a las instalaciones de los crematorios de la funeraria que comparte con el Servicio Médico Forense (Semefo), a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo, cerca de la comunidad de Rancho del Cura.
“La novedad es que nos informaron que encontraron una bolsa con restos (humanos) etiquetados según del 2014, para los padres eso genera duda”, declaró este domingo el abogado Isidoro Vicario Aguilar, quien dijo que no les dieron detalles de la bolsa hallada, de su contenido, su peso, la cantidad de restos óseos, qué partes son o si es que están incinerados”.
Declaró que la indicación es que encontraron unas bolsas y que “todo indica que son restos, porque también hay otras bolsas con restos pero son de otras fechas”. Los padres pidieron la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) antes de manipular o tocar esos restos, “para que no nos vayan a salir con una sorpresa después”.
El 9 y el 22 de octubre, la Unidad Especial que investiga el Caso Ayotzinapa de la FGR aseguró diversas instalaciones de las funerarias El Ángel y Rueda, deteniendo a sus propietarios Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo, Rodolfo Rueda Mazón, este último quien desde 2011 tenía la concesión de la morgue.
Después de cinco meses de este aseguramiento e inicio de las diligencias, el viernes, de 9 de la mañana a la una de la tarde, se permitió el ingreso de una comisión de 15 padres y madres en atención a una notificación que se les hizo la tarde del martes anterior, para participar en esta diligencia, informó el representante legal de los padres, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Isidoro Vicario.
Informó que en esa convocatoria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj) hubo una notificación en la que advertía, “…y sin que existan indicios que supongan un hallazgo extraordinario”.
Contó que, aunque en un principio hubo intención de los padres de no asistir a la convocatoria, acudieron con la comisión de 15 padres con participación de las organizaciones que los representan, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
En esta diligencia, dijo, a los padres se les informó que tras los cateos de octubre pasado en crematorios de la funeraria El Ángel, “encontraron unos restos (humanos) que están en bolsas, y lo que llama la atención, que hay unos restos que están etiquetados que son del 2014”.
Puntualizó que esos restos hallados no se han analizado, por lo que querían informar a los padres, dijo el abogado, y agregó que están solicitando la intervención del equipo de expertos argentinos para que participe en las investigaciones y se puedan realizar los estudios correspondientes.
Informó que la FGR aceptó la petición de los padres para que los expertos argentinos participen en las investigaciones, incluso les informaron que desde hace 15 días se estaban poniendo en contacto.
En medio del hallazgo realizado a más de 11 años de los hechos y la notificación después de cinco meses de su localización durante los cateos de octubre, Vicario Aguilar dijo que genera “muchas dudas” para los padres y para los defensores.
Indicó que cuestionaron la certeza de que efectivamente esos restos sean del 2014, “porque esa funeraria no estaba ahí en 2014”.
Agregó que los padres desconocen por qué los convocaron “o si es que nos están tratando de decir que esos restos pudieran tratarse de los estudiantes”.
Recordó que “no estaba ubicada esa funeraria en ese lugar, sino que estaba en otro, y después se pasó la funeraria cerca del Semefo”.
De acuerdo con registros periodísticos de El Sur, el 28 de septiembre de 2011 el entonces secretario de Salud del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonso, acompañado del alcalde priista Raúl Tovar Tavera y el empresario José Luis Abarca Velázquez, a quien impulsó en 2012 para ganar la alcaldía bajo el cobijo del PRD, inauguró las nuevas instalaciones del Semefo que ese mismo año había otorgado la concesión a su familiar, Rodolfo Rueda Mazón.
En las declaraciones ofrecidas por teléfono, Vicario Aguilar expuso que el hallazgo hecho en octubre y que se haya convocado a los padres cinco meses después ha generado suspicacia, “si se realizó un cateo desde octubre cómo es que desde ese tiempo ha estado esa bolsa y ahora nos están convocando a la diligencia”.
Indicó que “se supone que no han tocado esa bolsa porque la Fiscalía está esperando que de manera conjunta puedan realizarse los trabajos con el Equipo Argentino”.
A pregunta hecha, el representante de los padres indicó que durante ese cateo en el que presuntamente fueron hallados los restos en una bolsa sellada, no hubo ninguna representación de ellos. Tampoco les han informado de una fecha tentativa de cuándo se inician las investigaciones a esos restos.
Señaló que los padres cuestionaron ¿por qué cinco meses después se les informó de ese hallazgo?, por lo que dijeron que “no van a tener certeza ni credibilidad de los resultados si es que no hay una colaboración con el equipo Argentino de Antropología”.
El nuevo hallazgo evocó al caso similar del hallazgo hecho el 29 de octubre de 2014 por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio -prófugo en Israel- de una bolsa negra en el río San Juan de Cocula con restos calcinados que fueron identificados como del normalista Alexander Mora Venancio, hecho que evidenció la manipulación y fabricación de evidencias en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Vicario Aguilar informó además que en la inspección del viernes a los padres les informaron que, derivado de las investigaciones encontraron varias irregularidades administrativas detectadas en el Semefo y la funeraria El Ángel, entre ellas el uso no oficial de uno de tres hornos crematorios con los que cuentan, y que al parecer operaba de forma clandestina
En la inspección verificaron que dentro del predio de la funeraria se realizan excavaciones en las que peritos forenses criban la tierra para buscar restos óseos o algún indicio. Asimismo, encontraron ropa y cuerpos que llevan años sin que se puedan entregar a sus familiares.
En esta diligencia participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación y presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, la secretaria técnica de la Covaj, Claudia Galindo y el Fiscal Especial del caso, Mauricio Pazarán.
Pide la FGR a la Suprema Corte resolver en última instancia sobre Comisión del caso Iguala
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver en última instancia si debe o no instalarse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, con lo que postergó nuevamente la sentencia del 31 de mayo de 2018, en la que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas ordenó su creación, bajo el argumento de que su conformación sería un “atentado al debido proceso”.
A casi ocho años de los ataques cometidos en Iguala, en los que tres alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados, 25 heridos y 43 desaparecidos de manera forzada, el Primer Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación del caso por las irregularidades durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La reposición de la investigación del caso y la integración de la Comisión de Investigación se dictaminó por dicho Tribunal al resolver el 4 de junio de 2018, los amparos 203/2017 y 206/2017, presentados por algunos acusados que se dijeron víctimas de tortura.
El ordenamiento indica que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, debe estar integrada por dos representantes de las víctimas, un agente del Ministerio Público Federal de la FGR que no haya sido parte de las investigaciones del caso y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ésta última que el 23 de febrero pasado mediante un comunicado de prensa rechazó integrarse a esta Comisión, al considerar que “no resulta jurídicamente viable”.
Sólo de los padres se ha designado a sus representantes como ordena la sentencia, Mario César González Contreras y Emiliano Navarrete Victoriano, no así la FGR ni la CNDH.
De acuerdo con información del diario Reforma, la FGR pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en última instancia si se debe o no instalar la Comisión para la Verdad del Caso Iguala, al considerar que su creación sería un “atentado al derecho del debido proceso”.
En cumplimiento a la sentencia de amparo, el 26 de enero pasado el Tribunal Colegiado de Apelaciones con sede en Tamaulipas, requirió a la fiscal de la República, Ernestina Godoy, y a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos nombrar a sus representantes ante el organismo, pero sólo lo hicieron los segundos.
En consecuencia, la FGR informó al órgano jurisdiccional de Tamaulipas que existe la imposibilidad jurídica de designar a su representante en esta Comisión, por lo que solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver el asunto de forma inapelable.
“La FGR expone la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento respecto de designar un agente del Ministerio Público para que integre la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala”, indica el acuerdo publicado por el tribunal.
Asimismo, “solicita se remitan los autos al Pleno de la SCJN a efecto de que ejercite facultad de atracción para conocer la materia del cumplimiento del amparo que nos ocupa, sosteniendo que dicho asunto reviste interés nacional, además de la determinación de inconstitucionalidad de las normas o en su defecto de los actos de autoridad como lo es el caso, son competencia originaria del máximo Tribunal”.
El 12 de febrero el director de Amparo de la FGR, Rodolfo Dillanes Ramírez informó mediante escrito al magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas, Miguel Ángel Batres Antonio, que concretar la Comisión para la Verdad implica romper el monopolio de la acción penal del Ministerio Público establecido en la Constitución.
Dice que “designar agentes del Ministerio Público de la Federación a fin de integrar la Comisión, implicaría un rompimiento de la unidad ministerial para ejercer facultades no previstas en la Constitución y las leyes que rigen el actuar del Ministerio Público de la Federación”.
Advierte que, “de las actuaciones ministeriales que llegaren a desarrollar en dicha Comisión, serían contrarias a los principios de legalidad establecidos en la propia norma constitucional, y que como ya se manifestó, necesariamente traería como consecuencia un atentado al derecho del debido proceso”.
En medio de esta negativa de la FGR de nombrar a un representante para la conformación de esta Comisión de Investigación para el caso Iguala, el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas, impuso a la fiscal de la República, Ernestina Godoy una multa equivalente a los 3 mil 394 pesos, y da un plazo de tres días a partir de ser notificada de este acuerdo para cumplir la sentencia, de lo contrario le impondrá una multa mayor, equivalente a 11 mil 314 pesos, se informó este sábado.
La resolución del Tribunal Colegiado establece que sólo las víctimas y la CNDH determinarán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse en el caso.
Asimismo, que los miembros de la Comisión tendrán “libre e inmediato” acceso a todo centro de atención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, “en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso, lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.
La conformación de esta Comisión solicitada por los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos y organizaciones sociales es en respuesta a un amparo concedido en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado, aún durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por la falta de confianza en las investigaciones del caso.
Después en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto presidencial, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), y que ante la falta de facultades de investigación de ésta, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), por lo que la sentencia había quedado estancada por la inconformidad de instituciones.
Alejandro Guerrero/ Foto: Cortesía Tlachinollan
