Aclararon que la seguridad interior es una función que la Carta Magna reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Armada, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, por medio de las policías.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018. La Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, que buscó regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero nunca fue aplicada.
Por 10 votos contra uno, con diversos argumentos, el pleno eliminó la ley luego de fuertes pronunciamientos de los ministros en contra de la “normalización” de la participación militar en el combate a la delincuencia.
Seis ministros sostuvieron que el Congreso no tenía facultad constitucional para emitir una ley sobre seguridad interior, materia claramente distinta de la seguridad nacional y la seguridad pública.
Aclararon que la seguridad interior es una función que la Carta Magna reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Armada, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, por medio de las policías.
Varios ministros indicaron también que en el modelo constitucional actual la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada y motivada, y bajo mando civil.
Desde la sesión del martes pasado, diversos ministros habían calificado a esta ley como “fraude a la Constitución”, y como un “incentivo perverso” para que las autoridades civiles no asuman su responsabilidad de dar seguridad a la población.
En la sesión de ayer, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, afirmó que el Congreso sí podía emitir esta ley, pero que debían eliminarse los artículos tendentes a normalizar o quitarle su carácter excepcional a la participación del Ejército en seguridad pública.
Agregó que, de invalidar todos esos artículos, la ley quedaría desarticulada, por lo que consideró necesaria una nueva norma congruente y que dé certeza jurídica.
“En ningún artículo de la Constitución se otorga facultad expresa para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Fernando Franco, quien agregó que la Corte no puede reparar este vicio mediante la supresión de porciones de la ley.
“Al pretender regular una vertiente de la seguridad nacional, en realidad reglamentó aspectos de seguridad publica”, destaco Alfredo Gutiérrez.
El ministro Jorge Pardo proponía interpretar que, como el Congreso sí puede legislar sobre seguridad nacional, también podía hacerlo sobre seguridad interior, idea que solo fue apoyada por Aguilar, por Gutiérrez con ciertos matices, y por Margarita Luna.
Esta última se sumó a Norma Piña para apoyar la invalidez con el argumento de que la mayoría de los diputados recibió el dictamen minutos antes de su aprobación en fast track, el 30 de noviembre de 2017, por lo que hubo un vicio irreparable en el procedimiento legislativo.
Pardo defendió su proyecto, que anulaba 30 porciones de la ley, pues consideró que ésta no tenía el fin único de legitimar la participación de militares.
“La ley no está empoderando a las las Fuerzas Armadas para que realicen funciones de seguridad pública en sustitución de las corporaciones civiles”, afirmó.
Beneficios sólo a criminales que se entreguen, colaboren y reparen el daño, aclara Alfonso Durazo
El próximo gobierno no buscará acercamientos o diálogos con ningún criminal para ofrecerle beneficios por entregar las armas y otros alivios legales, advirtió Alfonso Durazo, que encabezará la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Aclaró que cualquier beneficio aplicaría sólo para aquellos infractores que se entreguen y colaboren con las autoridades.
“No es acercamiento; aquellos criminales que se entreguen, que cumplan, que colaboren con la justicia, que reparen el daño, podrán recibir alguna rebaja en la pena”, afirmó tras una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
No hay ningún mando civil confiable para dirigir la Guardia, dice.
Alfonso Durazo defendió la decisión del gobierno entrante sobre que la nueva Guardia Nacional quede bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional.
El futuro titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que, tras un diagnóstico, se concluyó que no existe ningún mando policiaco civil confiable para conducir la Guardia.
Ante los señalamientos de que la estrategia de seguridad del futuro Gobierno implicaría continuar con la militarización del país, Durazo acotó que los elementos que conformarán la Guardia, a diferencia de la actual tropa, tendrán una formación de respeto a los derechos humanos y regulación del uso de la fuerza.
“El asunto no es la militarización; no depende de que estén ubicados en Sedena, depende de la formación de los integrantes de los cuerpos de seguridad; en este caso, los integrantes de la Guardia Nacional tendrán una formación específica para prestar servicios a la seguridad”, dijo en entrevista.
“No van a ser los propios militares, son policías militares que tienen una formación distinta; no hay un cambio de postura”, zanjó.
En un video, ayer López Obrador apremió a los legisladores a que aprueben la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.
Sostuvo que las Fuerzas Armadas –que serán parte fundamental de la nueva corporación– no pueden seguir realizando labores de seguridad pública sin un marco legal que respalde su labor.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
Advierten ONG de los riesgos de la militarización que implica el plan de seguridad de López Obrador
Integrantes de organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo de militarización que implica el plan de seguridad presentado por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Los activistas lamentaron que el futuro Mandatario haya propuesto reformar la Constitución para otorgar facultades en materia de seguridad pública a una Guardia Nacional que actuará bajo un mando castrense.
José Antonio Polo, director general de Causa en Común, consideró que la estrategia de López Obrador va incluso más allá de la cuestionada Ley de Seguridad Interior.
“Parecía imposible, pero con la Guardia Nacional y el mando operativo militar en todo el país, van a rebasar a la Ley de Seguridad Interior por la derecha”, advirtió.
El especialista Alejandro Madrazo Lajous, del colectivo #SeguridadSinGuerra, lamentó que se pretenda aprobar una reforma constitucional para usar al abiertamente al Ejército en investigaciones criminales.
“Otros que no entienden, carajo. Se acabó el beneficio de la duda y todavía no empiezan”, expresó.
Alfredo Lecona, del colectivo #FiscalíaQueSirva, sostuvo que la nueva propuesta también es un plan de guerra.
“Ni en los sueños más salvajes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se vieron con el poder para reformar la Constitución para perpetuar la militarización como López Obrador quiere para su plan de guerra”, señaló.
Catalina Pérez Correa, de Estudios Jurídicos del CIDE, recordó que el futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, había prometido el regreso de los militares a los cuarteles en tres años.
“Ahora nos dice que en ese lapso tendremos la consolidación de la militarización”, reprochó.
“Si la Constitución es un problema para tener a militares haciendo prevención del delito y otras funciones de seguridad pública reservadas a los civiles, la modificamos y ya está”, ironizó.
Maite Azuela, del colectivo #SeguridadSinGuerra, consideró que el planteamiento superó la aberración de la Ley de Seguridad Interior.
“La guerra como estrategia de paz es sangrienta, descontrolada y su trinchera es la impunidad ¿No hay otra salida?”, cuestionó.
Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, lamentó que se pretendan llevar a la Constitución las labores que hoy realizan, de facto, las Fuerzas Armadas.
“Si entendí bien, nuestra policía básicamente va a militarizarse y van a buscar constitucionalizar sus funciones”, expresó.
“Entonces, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tire la Ley de Seguridad Interior nos quedan otros seis años de militarización como estrategia de seguridad pública”.
Por su parte, Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, subrayó los logros conseguidos por esa corporación desde el ámbito civil. “La Policía Federal es resultado de 90 años de arduo trabajo por construir una instancia civil que atiende la misión de proteger y servir”, dijo.
Texto y foto: Agencia Reforma
