Coyuca de Catalán, Guerrero, 24 de marzo de 2025. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), investigan en Coyuca de Catalán, la muerte de un cocodrilo que ocurrió en octubre pasado, cuando se difundió que le quitaron la piel.
A través de las agencias del Ministerio Público federal y del estado, ya citaron a declarar a las personas que a través de los videos de redes sociales se mostraron con con el cocodrilo, después de qué lo mataron.
Después de las lluvias de 2024, se difundió que en Coyuca de Catalán apareció un cocodrilo en las aguas del río Balsas, pero fue hasta octubre cuando se informó que el cocodrilo se encontraba junto al malecón de la plaza principal de Coyuca de Catalán.
Se reportó que un policía municipal disparó contra el cocodrilo, y aparentemente no se conocía si le había pegado porque el animal se escondió. Personal de Protección Civil lanzó anclas al agua para ver si podían sacarlo, pero no lo localizaron.
Fue hasta dos días después que el cocodrilo apareció muerto río abajo, cerca del poblado de Santo Domingo, en una zona baja.
Un brigadista de Protección Civil difundió videos con el animal, señalando la herida de bala que tenía. Con palabras altisonantes, le dijo a la gente que era verdad la versión del cocodrilo, pues algunos decían que era falso y que ya podían acudir al río con calma y sin miedo.
Ese mismo brigadista difundió fotografías y videos, en los cuales se le observa con la piel del cocodrilo, trasladándola en sus hombros.
Este caso fue denunciado por particulares ante la Profepa, los cuales citaron a declarar a personal del Ayuntamiento involucrado en este caso, para que dieran explicaciones de los hechos.
La versión del brigadista fue que encontró al cocodrilo muerto y que desconocía quien lo había capturado y que solamente lo trasladó a una casa en el mismo pueblo.
La Profepa inició una investigación por la captura y muerte de la especie protegida.
Los cocodrilos, considerados como fauna silvestre, están protegidos por el Código Penal Federal, de acuerdo con el artículo 420, que establece sanciones de nueve años de prisión o hasta 3 mil días de salario mínimo de multa.
Texto: Israel Flores
