El abogado de las madres y padres critica que se haya difundido información que es de mucho impacto y dolor para los familiares, y genera incertidumbre porque se establece incluso un presunto final de los normalistas
Chilpancingo, Guerrero, 21 de enero de 2021. El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, demandó una investigación exhaustiva que fortalezca o descarte la declaración de un presunto líder de Guerreros Unidos que vincula de manera directa a militares del 27 Batallón de Infantería en la detención de los normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y que presenta otra narrativa del caso. En consulta telefónica, señaló que la información difundida en la prensa sobre una declaración del 10 de febrero de 2020 en el expediente de Ayotzinapa, es de mucho impacto y dolor para los familiares, y genera incertidumbre porque se establece incluso, un presunto final de los normalistas, por lo tanto la Fiscalía General de la República debe confrontar la información con datos de prueba para ir consolidando o descartando dicha aseveración.
Según el declarante de la FGR, militares, policías y narcotraficantes detuvieron a los 43 normalistas en Iguala, y los dividieron en tres grupos, y uno de éstos fue llevado al 27 Batallón de Infantería, para un interrogatorio que les permitiera identificar a presuntos infiltrados de un grupo contrario del narcotráfico, en la manifestación de los estudiantes.
Explicó que detrás de los autobuses de los estudiantes que iban hacia Iguala, se integraron en el crucero de Xochipala, cinco o seis camionetas y una Urvan con 20 o 30 personas armadas del grupo contrario de Tlacotepec, de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis.
Tras el interrogatorio, los militares entregaron a los estudiantes detenidos, algunos muertos, a una célula de Guerreros Unidos, Los Tilos, que se habría encargado de desaparecerlos con ácidos, y a otros los cortaron en partes y enviaron los restos a los Servicios Funerarios El Ángel, en las afueras de Iguala, para cremarlos. Incluso señala que hubo un total de 70 u 80 personas muertas esa noche, entre estudiantes y presuntos sicarios de Tlacotepec.
Rosales Sierra subrayó que llama su atención el involucramiento de las fuerzas armadas en la detención de los estudiantes, pero hay otros puntos que no son consistentes con lo que se ha reunido a la fecha, por ejemplo, no hay respaldo para decir que esa noche pudo haber hasta 80 muertes.
Tampoco hay datos de que los estudiantes se hayan mezclado con personas ajenas a la escuela, “es una declaración que está ahí y no ha sido motivo de información en las mesas de trabajo que hemos tenido con las autoridades, y ahora se presenta en los medios”.
Aclaró que los representantes legales, como coadyuvantes de la investigación, conocen los testimonios, y particularmente esta declaración, pero de parte de la FGE no ha habido datos de avances en esa línea para dar certeza de lo que el testigo afirma.
Por otro lado, dijo que el testimonio es consecuente con los mensajes que intercambiaron los jefes de Guerreros Unidos que operaban en Estados Unidos y los mandos estaban en Iguala, interceptados por la DEA en Estados Unidos, donde se daban instrucciones de qué hacer con los detenidos y muertos el 26 de septiembre.
Por lo tanto, opinó que el asunto amerita una investigación que le dé consistencia, no obstante que a la fecha no se ha puesto en la mesa como una teoría sólida, ni tienen más información. “Son filtraciones que están saliendo y que no hacen bien a la investigación, tienen otros propósitos, no del conocimiento genuino de la verdad”.
Estimó que la declaración trasciende en el contexto de lo mucho que se ha hablado de los militares, “y que alguien desde dentro quiere seguir polemizando”.
Es el caso del exsecretario de la Defensa Nacional del sexenio anterior, Salvador Cienfuegos, su arresto en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, su extradición a México a petición del gobierno de la república, y el reciente descargo de delitos.
Rosales Sierra insistió en que más allá de la declaración, la FGR debe continuar una investigación a los militares, y pedirán que no se soslaye el asunto.
Respecto a la presunción de que los estudiantes fueron cremados en una funeraria, recordó que en otro momento Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), propuso la revisión de los servicios funerarios en la región, pero no se llegó a consolidar en la investigación.
De las órdenes de aprehensión a militares que ya se anunciaron, aclaró que no tiene informaron de que se sustenten en esta declaración, y la detención del capitán José Martínez Crespo, en una prisión militar, es por delincuencia organizada. Aún no enfrenta cargos por la desaparición de los 43.
Según la declaración del testigo, Martínez Crespo intentó aprehender a más normalistas en el hospital Cristina, donde hay testimonios de los estudiantes de que los hostigó y amenazó con que dieran sus nombres reales, o no los iban a encontrar.
El ministerial Wenceslao
En la declaración el testigo Juan también dice que los restos de los estudiantes fueron esparcidos por minas en Taxco, y una parte de las cenizas fue entregada al policía ministerial Wenceslao Elizalde Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014 a fin de que las investigaciones de la entonces Procuraduría del Estado de Guerrero, consiguiera resultados positivos.
Fuentes locales indican que esta versión alude a un coordinador de la Policía Investigadora Ministerial asesinado en la Montaña, el 29 de mayo de 2018, Wenceslao Elizalde Zapotecatl.
Según el reporte policiaco de ese día, el mando murió en enfrentamiento a balazos, cuando la corporación entró a la comunidad de Alpoyeca a ejecutar una orden de aprehensión.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Tomada de Internet
