EDITORIAL
Las amenazas a la directora de la oficina de este periódico en la Ciudad de México, Viétnika Batres, y el simultáneo ataque cibernético a la página digital de El Sur, aparentemente sin relación, por algunos elementos parecen configurar un acto de intimidación para nuestro medio.
En uno de los mensajes que recibió la compañera la noche del miércoles desde una de sus cuentas personales, se leía: “Estamos en todo el mundo. No saques más reportajes”.
Y ayer, en el contexto de diversas fallas que afectaron el funcionamiento de la edición digital de El Sur del lunes al jueves, el área técnica del periódico descubrió que se trató de una intervención maquinada y que desde sitios ubicados en ciudades de Estados Unidos, Francia y China hubo un masivo “ataque de denegación de servicio (DDoS)”, que consiste en una alta cantidad de solicitudes hechas a través de páginas web falsas y automatizadas para evitar el acceso de usuarios legítimos a nuestros servicios en la red.
No sabemos cuál es el origen ni el motivo de estas agresiones. Casi no publicamos editoriales del periódico fijando posición sobre los diversos problemas que aquejan a los guerrerenses y a los mexicanos, y que al hacerlo algunos poderosos se sientan afectados. Tampoco tenemos una columna que indague sobre los movimientos y las correrías de los políticos del estado en la que apuntemos algo que cause agravio a algún personaje con poder para atacarnos.
De ningún problema hacemos campaña gratuita ni tenemos una agenda política propia que tratemos de imponer a los hechos de nuestra realidad.
Sí le damos preeminencia, en nuestra primera plana, a los acontecimientos y a las tomas de posición alrededor de los mismos, que creemos tienen una influencia decisiva en la vida cotidiana de los guerrerenses y en el funcionamiento de las instituciones del Estado.
En lo que va del nuevo gobierno federal hemos dado amplio espacio al debate sobre la creación de la Guardia Nacional, y destacado a las posiciones críticas de la misma que la ven como una traición a los compromisos de campaña hechos por el ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Y el ejemplo más contundente del fracaso de los militares en tareas de seguridad pública, encomienda a la que se pretende dar continuidad, es precisamente Guerrero, uno de los estados más inseguros y con más violencia criminal en el país y donde los militares tienen un papel relevante desde hace 40 años.
Otro asunto que ha tenido espacio relevante en nuestras páginas en las últimas semanas es el relativo al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa, donde hemos destacado las voces –incluida la del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas– que señalan que varios grupos de civiles armados son parte de esta o aquella banda del crimen organizado.
Ambos poderes –el del Ejército y el de la delincuencia organizada– tienen los recursos suficientes como para emprender una campaña de amenazas contra quienes suponen que afectan sus intereses.
Estamos ciertamente especulando. Tomaremos las previsiones técnicas necesarias para contener los ataques cibernéticos contra nuestra página. Y en el caso de las amenazas contra nuestra compañera Viétnika Batres, a quien no dejaremos sola y le enviamos toda nuestra solidaridad, es de esperar de las nuevas autoridades federales, que de diversos modos expresan que son distintas a las anteriores, una investigación seria y dedicada que dé con los responsables.
El Estado mexicano tiene las herramientas tecnológicas para dar con quienes amenazan a periodistas en el ámbito digital. Exigimos una actuación rápida que impida que cunda esta práctica y se convierta en una herramienta más de los enemigos de la libertad de prensa y de expresión.
