Netzahualcóyotl Bustamante Santín
La noche del 18 de diciembre de 1993 una multitud provista de palos y piedras enjuició a cuatro hombres que integraban una gavilla de asaltantes que asolaban las comunidades de Ayotoxtla y Escalerilla Lagunas en Zapotitlán Tablas. Fueron colgados de árboles en un paraje de la segunda localidad acusados de violaciones y asaltos, una escena terrible que cimbró a la opinión pública nacional.
Tres décadas después de aquel ajusticiamiento en la Montaña guerrerense, el país entero ha vuelto a estremecerse por el feminicidio de una menor y la ulterior venganza colectiva. Ahora tocó el turno a Taxco, una ciudad que está herida, dolida, quebrada. El clima de terror y violencia no cesan y los agravios acumulados estallaron el 28 de marzo. El hartazgo ciudadano tuvo su epicentro nacional en el barrio de La Florida donde comenzó la pesadilla y terminó el calvario. Qué razones movieron a una mujer y a sus cómplices a quitarle la vida a una niña de apenas ocho años; qué circunstancias incuban y alientan estos actos criminales, en nombre de quién se actúa así.
Desde el primer momento los vecinos (y no las autoridades responsables de hacerlo) efectuaron una investigación expedita sobre la desaparición de Camila. Aportaron evidencias y testimonios que a la postre fueron certeros y oportunos. Solicitaron primero e imploraron después, la presencia de la Fiscalía estatal para detener a los presuntos responsables. Después de 15 angustiantes horas la paciencia se agotó y la furia explotó con saña en un tramo de la avenida de Los Plateros, anteriormente conocida como John F. Kennedy. En la solemne Semana Santa taxqueña, sus días de gloria, un grito de rabia estrujó la comunidad. Era sobrecogedor el cortejo fúnebre de la menor seguido por sus compañeros de aula de segundo grado y al frente un sonido de tambores luctuoso.
El clamor de justicia por feminicidios no es reciente. El 22 de enero de 2018, Magdalena Aguilar vecina del barrio de Guadalupe fue encontrada sin vida en un local de venta de cerveza. Previamente, sus familiares habían interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público de la ciudad por la desaparición que igual que ahora, fue ignorada. Magdalena fue salvajemente asesinada por su exesposo con la intervención de la madre de éste que pretendió deshacerse del cuerpo desmembrado de la joven nutrióloga. El pasado noviembre un juzgado de Iguala sentenció a César Gómez Arciniega a 55 años de cárcel por el feminicidio.
El año pasado 155 mujeres fueron asesinadas en Guerrero y solo 16 de ellas fueron reportadas como muertes violentas por razones de género (feminicidios). En 2022 el número de víctimas fue de 128, de acuerdo con una nota publicada por este diario en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre 1985 y 2019, Guerrero ocupó en ocho ocasiones el primer lugar nacional con las tasas más altas de defunciones femeninas con presunción de homicidio según el informe La Violencia Feminicida en México.
No existen antecedentes de linchamientos en Taxco. En sus calles se cierne una mezcla de dolor, impotencia y azoro ante los acontecimientos. La abulia e indiferencia de las autoridades indigna y ofende. A quién acude la ciudadanía ante su indefensión, quién la protege, quién le ofrece seguridad. Los protocolos de actuación antes, durante y después fueron un desastre. Quizá la intervención policial hubiera devenido tragedia mayor, por eso era imperioso atender los primeros reclamos ante la desaparición de la menor y en un segundo momento contener la multitud. Legalmente, una autoridad también es responsable por omisión, aunque es altamente probable que aquí, como en la larga historia guerrerense de agravios desde el poder, se antepongan el silencio cómplice y la impunidad institucional.
La postura inicial de la titular del Ejecutivo estatal invitando a visitar Taxco en lugar de condenar los hechos abonaron al mar de confusiones. Si como dice el alcalde Mario Figueroa, él solicitó el apoyo en incontables ocasiones a las autoridades estatales para atender la crisis y no obtuvo respuesta, el perjuicio se comete no contra el edil sino contra una población entera cuya súplica fue ignorada. El municipio se encuentra en medio de la disputa y la descoordinación entre autoridades locales y estatales.
Familiares y vecinos de la niña Camila dieron una oportunidad a los funcionarios de la Fiscalía para asumir sus obligaciones sin que tuvieran respuesta. Esos mismos servidores públicos tenían en sus manos una segunda oportunidad: la de realizar una investigación exhaustiva y diáfana sobre el móvil del asesinato y las personas responsables de concebirlo y ejecutarlo. La posibilidad de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, les evitará la carga.
Treinta años después de que pobladores de Escalerilla Lagunas hicieron justicia por propia mano, las exigencias ciudadanas hacia los gobiernos de distintas filiaciones políticas se mantienen, son las mismas de todos los años, acabar con la inseguridad y desterrar la impunidad.
Tras los lamentables hechos y el fatal desenlace, bien haría el gobierno del estado en aplicar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por violencia feminicida y la Fiscalía por su parte, instalar una agencia del Ministerio Público especializada en la materia.
Taxco ya no será igual después de lo vivido. El episodio debe ser un llamado urgente a pacificar la ciudad y cambiar una imagen que no ayuda a su lucimiento. La cotidiana violencia criminal y contra las mujeres está haciendo sufrir inmerecidamente a este Pueblo Mágico.
