Abelardo Martín M.
Mucho más allá del escándalo, el “amarillismo informativo”, la morbosidad por indagar o conocer detalles inútiles, la agresividad y el reflejo de la violencia inexplicable e inaudita, el caso de la muerte de la niña Camila Gómez Ortega, de 8 años, es el crudo reflejo de una sociedad en franco proceso de descomposición, en un estado en el que el dolor, el sufrimiento, la marginación y la pobreza azotan como al Nazareno a toda la población.
Referirse a los detalles de la muerte de Camila, nombre que en mitología romana se vincula a un carácter de “doncella guerrera”, que evoca en su significado pureza moral o espiritual, y en arameo se refiere a “la que mantiene el fuego o la que está al lado del señor”, impide analizar el fondo y la forma de un problema que tiene que ver con la convivencia social, la ausencia de principios, valores de respeto a la vida y al desenvolvimiento humano, pero sobre todo también exhibe con crudeza la ausencia de gobierno, el imperio generalizado de la violencia y la nula capacidad de la autoridad para no nada más “poner orden”, sino crear las condiciones para que el pueblo conviva en paz, armonía y crecimiento.
Otis demostró en Guerrero la capacidad de destrucción y la fuerza de la naturaleza a la que el modelo económico actual lejos de respetar, propicia la contaminación y la agresión al medio ambiente; pero la muerte de Camila exhibió la miseria humana, la ausencia de principios éticos y morales, la incapacidad de un gobierno que se mantiene en la superficialidad, a la defensiva permanente y en la incapacidad de, siquiera, consolar a la población frente al martirio que padece.
El caso de Camila remite, irremisiblemente, a otro caso que sacudió y conmovió al país pero en especial al estado de México con la muerte de otra niña, Paulette Gebara Farah, también en el mes de marzo de 2010, en Huixquilucan, estado de México, gobernado en ese tiempo por quien a partir de 2012 fue presidente de la república, Enrique Peña Nieto, acontecimiento que también sorprendió y conmovió, como hoy Camila, a la opinión pública. El caso de Camila nos refleja como un espejo al que todos nos asomamos para ver nuestro aspecto, las arrugas, el desarreglo y el deterioro que nos incomoda y disgusta. Todos somos Camila de una u otra forma.
La semana mayor estuvo ahora atraída por el caso de Camila cuyo sacrificio, ojalá, sirviera para cambiar la situación prevaleciente en Taxco, en Guerrero, principalmente, pero también en todo México.
Culminamos así el tránsito por la Semana Mayor, espacio que auspicia la reflexión y la devoción religiosa, pero sobre todo la actividad turística y de recreación, y ahora estamos a dos meses exactos de que tenga lugar la elección presidencial, y junto con ella, la definición de más de veinte mil cargos en todo el país, entre legisladores federales, gobernadores, alcaldes, regidores, entre otros, en todo el territorio nacional.
Por ello, hace un mes arrancaron las campañas de quienes compiten por la Presidencia, y ahora ya se ha agregado el proselitismo del resto de las y los candidatos a los cargos mencionados.
También, por supuesto, el ambiente político se ha calentado; a medida que los comicios se aproximen más es previsible un mayor interés ciudadano así como alguna variación en las tendencias de voto reflejadas en las encuestas.
Ya desde ahora, inevitablemente en el actual mundo digitalizado en que vivimos, en paralelo tiene lugar una lucha cibernética en que predominan los ataques mutuos, una guerra sucia con bots, campañas negras y fake news. Todo ello crecerá en intensidad y agresividad en los siguientes sesenta días.
Más lamentable aún es que también se ha incrementado la violencia física directa contra aspirantes de diversos partidos, en todo el país suman ya más de una docena de asesinatos en este rubro, además de amenazas y atentados fallidos contra otros más.
De estos crímenes, por lo menos dos han tenido lugar en Guerrero, contra líderes partidarios en Atlixtac y en Atoyac, además del secuestro del dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado.
En la entidad, estos hechos oscuros se contrastan con el gran esfuerzo colectivo para recuperar la actividad turística en Acapulco y en otros puntos que complementan ese polo vital en la economía estatal.
Al terminar la Semana Santa, si bien todavía está por levantarse y ponerse en operación una gran parte de la infraestructura hotelera y de servicios en el puerto, según datos de la Secretaría de Turismo estatal, en los lugares de alojamiento que ya están funcionando se tuvo una ocupación superior al 95 por ciento, es decir, prácticamente lleno total, proporción similar a lo registrado en Ixtapa Zihuatanejo, y un poco menos en Taxco.
En esta última población, por desgracia la nota en el viacrucis no fue la afluencia de visitantes ni la tradicional procesión de encapuchados y autoflagelación de penitentes, sino el secuestro y asesinato de la niña Camila, seguida por el linchamiento de algunos de los supuestos responsables de su muerte a manos de una población cansada y enardecida, ante la negligencia y torpeza de las autoridades, desde el jefe de policía cuya primera reacción fue atribuir el crimen a descuido de la madre de la menor, hasta la gobernadora que aquí también confirmó su estilo: primero no aparecer por días y luego reaccionar de manera tardía y elusiva.
En Guerrero, a sus ancestrales problemas de pobreza, marginación y violencia, se suma ahora un gobierno que carece de estrategias preventivas eficaces y capacidad de reacción inmediata ante las crisis, con lo cual se genera un cuadro de anarquía e ingobernabilidad.
Todo ello fue manifestado y reprochado por la oposición en el Congreso federal con motivo del reciente asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la policía, e incluso llegó a proponerse iniciar el proceso de declaración de desaparición de poderes en la entidad. Lo de Camila en Taxco hará que ese debate se recrudezca, ahora apoyado con un nuevo elemento.
En ese ambiente sobrecalentado viviremos las próximas semanas, tanto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a referirse a la posibilidad de un golpe de Estado “técnico” para arrebatarle el poder al movimiento que encabeza, en tanto la oposición acusa del uso de los instrumentos del Estado a favor del partido en este momento mayoritario.
A las campañas por la presidencia de la república se sumaron ya las que llevarán a renovar gobernadores, presidentes municipales y congresos estatales, hasta sumar más de 20 mil cargos de elección popular cuya atención pretenderá atraer a la ciudadanía y a toda la población, hastiada y cansada de moldes de “mercadotecnia política” que recuerdan los peores años del priismo y del panismo, con una gran cantidad de candidatos sumidos en el desprestigio, ocupados en “tapar el sol con un dedo” y mostrarse como la salvación de sus electores. Mentira tras mentira, en un auténtico alud de spots que saturan y envenenan a la opinión pública. Lejos de alentar la democracia, muchos de estos personajes y de estas campañas desestimulan la participación ciudadana.
Veremos qué tanto escala, a lo largo de este mes y del siguiente, en medio de campañas electorales que subirán el tono de la violencia verbal y, por qué no decirlo, también el clima de tensión y violencia en todo el país. Las guerras sucias en la red de unos y de otros enrarecerán aún más el ambiente y provocarán, inevitablemente, que la llegada a la meta sea “de fotografía”, no sólo en el caso de la presidencia de la república, sino en varios de los estados en los que se elegirá nuevo titular del ejecutivo o en alcaldía y cargos de elección popular, por lo que la intervención de la autoridad electoral será de relevancia y definición.
No se necesita ser adivino para prever que el conflicto post electoral está a la vista, pero como repetía el experimentado político Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación del presidente López Portillo: “no anticipemos vísperas”.
