Exige la ONG Víctimas de Desplazamiento Forzado seguridad para las comunidades de Chilapa agredidas. Llevan los gobiernos estatal y federal servicios públicos
Tlapa y Chilpancingo, Guerrero, 22 de mayo de 2026. Los cuerpos de seis hombres desmembrados fueron dejados en la caja de una camioneta de redilas tipo estaquita en la entrada del poblado de Teticic, municipio de Olinalá, luego de que un grupo de hombres armados irrumpió por la tarde del miércoles en algunas viviendas. En otra región, el cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado la noche del miércoles cerca del hotel Icacos, en el centro de Zihuatanejo.
En la mañana del jueves fuentes gubernamentales confirmaron el hallazgo de los seis hombres y las partes de sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Tlapa, donde permanecen sin ser identificados.
La camioneta estaba en el camino artesanal de la comunidad de Teticic, a unos metros de la antena de telefonía celular.
Los seis hombres fueron torturados, mutilados en extremidades, decapitados y tenían disparos de arma de fuego, las manos atadas a la espalda y heridas con armas punzocortantes en el rostro y cuerpo.
Estaban semidesnudos apilados en la caja de la camioneta de redilas Nissan tipo estaquitas, roja, desde donde escurría sangre.
Las edades de las víctimas son de 25, 50, 60, 20, 35 y 40 años.
En el lugar se encontraron un machete con manchas de sangre, así como diferentes prendas de vestir y calzado que presuntamente correspondía a las víctimas.
El hallazgo de los cuerpos lo hizo la Guardia Nacional a las 11:30 de la noche del miércoles, al acudir al llamado de los pobladores, al llegar acordonaron el área y los peritos del Ministerio Público llegaron a las 4:00 de la mañana del jueves a realizar el levantamiento de los cuerpos.
Vecinos pidieron ayuda a los gobiernos estatal y federal, pero no los atendieron
En la noche del miércoles los pobladores pidieron ayuda al gobierno estatal y federal ante la incursión violenta de hombres armados a Teticic, que, dijeron, se extendió hasta el poblado de Tecorrales que está más abajo, pero no los atendieron.
Vecinos informaron que los civiles armados llegaron disparando por las calles y de manera violenta se metieron en algunas casas de los pobladores, llevándose a los hombres, por lo que en la noche del miércoles hablaron de desaparecidos y, el jueves, en la madrugada la Guardia Nacional encontró los seis cuerpos desmembrados en la camioneta.
Las fuentes mencionaron que los civiles armados son de un grupo delincuencial que trata de imponerse “limpiando a los contrarios”, y al no encontrar a quien busca se va contra los familiares como una forma de escarmiento o para que den la cara, por lo que algunas personas no saben ni por qué se los llevan, después aparecen muertos, una táctica utilizada por el Ejército en contra de la guerrilla en la década de 1970.
Denunciaron la lentitud con la que actúan las fuerzas armadas del Estado, porque ayer se les informó desde que entraron los sicarios como a las 4 de la tarde y no llegó nadie, pese a que hay un destacamento de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de Olinalá, a una hora y media aproximadamente a Teticic.
Mencionaron que los agentes llegaron como a las 11 de la noche, cuando ya todo había pasado.
La zona violenta
Es la segunda incursión violenta que realizan civiles armados en la comunidad de Teticic, en la primera mataron a un hombre y otro quedó herido.
Además de ese poblado están un abuelo y sus dos nietos desaparecidos cuando fueron a dar de comer a sus vacas en su rancho, un domingo; días después, el 31 de marzo, fueron parte de los siete cuerpos desmembrados encontrados en la carretera Tlapa-Olinalá, en el crucero que comunica con la cabecera de Cualac, que se supo cuando fueron reclamados.
Los otros cuatro eran de una familia de la comunidad de Chautipa, también fueron considerados desaparecidos porque salieron al campo y no volvieron.
El 11 de mayo en la carretera Olinalá-Papalutla, en el crucero a Lomas de Cocoyoc y Temalacatzingo fueron encontradas las partes del cuerpo de seis hombres dentro de costalillas dispersas en el centro y las orillas del camino.
El 2 de abril fueron emboscados y asesinados un papá, su hijo y un acompañante originarios de Olinalá cerca de la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo, quedando sus cuerpos en el interior de su camioneta.
En la primera semana de las vacaciones de Semana Santa hubo otros homicidios en la cabecera municipal de Olinalá.
Las irrupciones violentas en las comunidades de Olinalá están generando el desplazamiento de las familias que se ven inmersas en las disputas del territorio que ha trascendido es entre los grupos de la delincuencia organizada Los Ardillos y Los Tlacos.
El municipio de Olinalá es gobernado por el priista Manuel Sánchez Rosendo, quien llegó a la alcaldía por la coalición PAN-PRI-PRD.
Los desplazamientos forzados
Por medio de las redes sociales se pidió la intervención inmediata de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la grave crisis de seguridad que prevalece en las comunidades donde los pueblos están siendo tomados por los grupos criminales, ante la ausencia de autoridad, lo que hace que las familias abandonen sus hogares, los cuales quedan bajo el control de los delincuentes.
Mencionan comunidades del municipio de Ahuacotzingo, entre ellas.Tlaquiltcingo,Tecozajca,Sompazolco, Rincón de Cozahuapa, Las Jícaras, El Mirador.
Del municipio de Olinalá: Chautipa, Rancho La Esperanza, Teticic, Tecorrales y Tepetitlán.
En Zihuatanejo
El cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado la noche del miércoles cerca del hotel Icacos, en el centro de Zihuatanejo.
Vecinos de la colonia El Hujal reportaron al número de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego.
Al arribar elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Guardia Nacional encontraron en la calle Caoba, un cadáver de un hombre de unos 40 años.
Autoridades ministeriales informaron que presentaba lesiones de bala en distintas partes del cuerpo.
La víctima estaba descalza y con las manos atadas.
El cadáver sin ser identificado fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en Zihuatanejo.
Exige Víctimas de Desplazamiento Forzado seguridad para los pueblos de Chilapa atacados
El colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado, acompañado por 39 organizaciones de una docena de estados exigió garantías de seguridad e integridad física permanentes en Chilapa, para “detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva”, así como atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad, ante la crisis humanitaria por desplazamiento forzado.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja”, señaló, en referencia a los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos contra comunidades nahuas ocurridos del 6 al 11 de mayo, que causaron la salida de más de mil pobladores, tres muertos, seis heridos y 15 desaparecidos.
En un pronunciamiento, expuso que el uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos evidencia una escalada de violencia en la zona que vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia; que no es la primera vez que ocurre desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial sin que exista una sola estrategia integral y sostenida para la pacificación mediante reconstrucción del tejido social, prevención de las violencias y condiciones reales de seguridad.
Añadió que la respuesta oficial con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, se ha limitado a despliegues que no atienden las causas estructurales ni garantizan soluciones duraderas, que eventualmente los uniformados se retiran, pero permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
También criticó que no existen planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición, y predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten recuperar los proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad.
Demandó a los tres órdenes de gobierno atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de denuncia penal, una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación, un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado, y criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro.
Sostuvo que las organizaciones seguirán señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados.
“El desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades”, enfatizó y que “el Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional”.
Recordó que la población se vio obligada a abandonar sus casas que han sufrido saqueos, destrucción, que el patrimonio de las familias se ha perdido por completo, incluyendo las cosechas, las reservas de granos básicos y animales de corral o ganado.
Agregó que el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral, que esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades porque anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y las hunde en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Firman el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz, la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Foro para el Desarrollo Sustentable, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, así como asociaciones de desplazados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Quintana Roo, así como de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.
Llevan los gobiernos estatal y federal servicios públicos a Alcozacán y Coatzingo, difunden
Funcionarios del gobierno estatal y federal llevaron servicios públicos y apoyos para las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, municipio de Chilapa de Álvarez, cumpliendo con los compromisos que hicieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, después de que la primera denunció ataques a balazos y con explosivos lanzados desde drones a cuatro comunidades, del 6 al 11 de mayo, de los que acusó al grupo del crimen organizado Los Ardillos.
Ayer el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el director general para el Fomento y Preservación de la Paz Zona 2, Carlos Rodrigo Cortés Chávez, quien acudió en representación del Gobierno de México, y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, la titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alondra García Carbajal, entre otros, estuvieron en la Feria de los Servicios que se instaló en las dos comunidades.
En un video transmitido en las redes sociales del gobierno del estado, Francisco Rodríguez dijo que “estamos cumpliendo el compromiso y la palabra empeñada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda”.
Ricardo Castillo entregó un paquete para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la primaria de Alcozacán, similar al que la SEG llevó el martes pasado para las escuelas de la zona, que consiste en una computadora, escritorio, silla ejecutiva, material de oficina y de limpieza.
El maestro que coordina la USAER resaltó que atienden a unos 90 niños con diversas discapacidades y dificultades de aprendizaje.
Durante un recorrido, Francisco Rodríguez mostró los módulos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), del Centro de Capacitación 8 del DIF con sede en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, cuyo personal realizó cortes de cabello; del IMSS Bienestar, donde se contó con revisión odontológica, y otros.
Alondra García informó que, al momento en que se grabó el video, llevaban 80 consultas médicas, “vamos a seguir hasta que terminemos de atender a la última persona”.
La Guardia Nacional también instaló un módulo de reclutamiento, donde también se hicieron actividades lúdicas con unos 120 menores de edad; el encargado resaltó la importancia de “recuperar ese vínculo con la sociedad, ese puente, esa confianza, somos el número uno en seguridad pública y estamos para atender a toda la ciudadanía”.
También personal de la Defensa ofreció consultas médicas, atención psicológica y valoración dental; en tanto que la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con una encargada, “estamos hablando con los jóvenes, las niñas, los niños, sobre los valores fundamentales para el bienestar social”.
Además, informaron sobre los servicios de la Fiscalía, la prevención del delito y atención a mujeres en caso de violencia; la encargada precisó que se atendieron más de cien menores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también atendió a unas 50 personas que pidieron informes sobre empleo; la Secretaría de Seguridad Pública Estatal contó con actividades lúdicas, zona de reclutamiento e información sobre las funciones de la dependencia, como prevención social del delito, el encargado informó que atendieron a unos 150 menores de edad.
El secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, declaró que, en el módulo de la dependencia, se atendieron a unas 150 personas, se repartieron folletos de los distintos programas; destacó que hay 300 beneficiarias de la tarjeta Violeta en Chilapa.
Manifestó que hay acciones emergentes como la construcción de pisos, techos, “y vamos a seguir atendiendo a la gente para dar atención integral”.
Otras dependencias que participaron fueron la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud y la Niñez.
En su mensaje, Carlos Rodrigo Cortés dijo que la iniciativa de las ferias “no es una novedad”, sino una acción del gobierno del estado; reconoció que la administración de Evelyn Salgado “trae una política social consolidada que busca atender las causas que generan la violencia” y los funcionarios representan “una luz de esperanza”.
Recordó que el gobierno federal continúa con el Tianguis del Bienestar para entregar a las comunidades todo lo incautado, en diversos hechos; felicitó a Francisco Rodríguez, “la gente te reconoce y eso es muy importante porque tenemos un gobierno de la gente, no cercano, un gobierno de la gente que camina de la mano con la gente, que va construyendo un mejor porvenir”.
Francisco Rodríguez agradeció el apoyo del gobierno federal y manifestó que “no tiene que pasar algo extraordinario para que nos reunamos, para hacer las cosas bien, hemos hecho muchas otras cosas, vamos a seguir caminando y mi propósito es devolver a la ciudadanía los espacios que son de ellos”.
En un comunicado, el gobierno del estado detalló que en la feria participaron “31 dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Guerrero, cuyas acciones se realizan con el acompañamiento y observación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para dar seguimiento institucional a la atención brindada a las familias de la región”.
Según el comunicado, Carlos Rodrigo Cortés dijo que “la violencia también se combate generando oportunidades, esperanza y condiciones de bienestar, eso es lo que ha venido haciendo la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Añadió que Francisco Rodríguez “informó que se instalará una mesa de diálogo para la construcción de la paz, con la participación del Gobierno de México, el Gobierno del Estado, autoridades comunitarias, municipales, instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de construir acuerdos que permitan a las familias realizar sus actividades de manera normal y en tranquilidad”.
Carmen González Benicio, Redacción/ Foto: Redes Sociales
