Texto y foto: EFE
Sao Paulo, Brasil, 5 de abril de 2018. El juez federal Sergio Moro decretó hoy la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, y le concedió un margen de un día para entregarse. El ex funcionario será recluido en una celda especial y aislado de otros presos por seguridad, determinó el juez.
Moro permite en su auto que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas.
“Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 (hora local, 20.00 GMT), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, señaló Moro en su decisión.
“En razón a la dignidad del cargo ocupado, fue previamente preparada una sala reservada, una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superintendencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, y en la cual el expresidente estará separado de los demás presos, sin cualquier riesgo para su integridad moral o física”, según el mandato del magistrado.
La decisión evita que el político más carismático de Brasil y actual líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre sea conducido a un presidio común en Curitiba como otros condenados por la corrupción en Petrobras.
El juez también determinó que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa del expresidente y los responsables de la Policía Federal en Curitiba y que en ninguna hipótesis se utilicen esposas para detenerlo.
La decisión de Moro llega menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un “habeas corpus” para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
