Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021. El proceso por el caso Odebrecht será cerrado el próximo lunes, después de 17 meses, acordó esta tarde un juez de control.
Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, rechazó concederle al ex director de Pemex la prórroga que solicitó por 30 días y sólo le concedió 10, pero contados a partir del 3 de diciembre, por lo que vence el próximo lunes 13.
La defensa del ex funcionario había pedido la ampliación del plazo del cierre del proceso porque apenas ayer por la tarde la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó un nuevo dictamen contable que elaboró para calcular los sobornos que los brasileños presuntamente entregaron a Lozoya.
Los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda expusieron que necesitaban 30 días para verificar y cotejar las cifras contenidas con las 7 fuentes de información que sirvieron de base para elaborar el documento.
Pero el fiscal federal Kristian Jiménez Hernández se opuso desde un principio porque dijo que la información que tomó en cuenta la Coordinación de Servicios Periciales de la FGR, para elaborar el dictamen contable, ya formaba parte de la carpeta de investigación.
Añadió que la defensa del ex funcionario tampoco estaba ofreciendo realizar un acto de investigación nuevo sobre dicho peritaje, sino sólo revisar cifras, por lo que no debía autorizar la prórroga del proceso.
Previamente, Zúñiga anunció que cerrará el próximo 17 de diciembre el proceso por el caso Agronitrogenados.
El juzgador consideró que ha sido suficiente ampliar durante un año y cinco meses este procedimiento contra el ex director de Pemex por el delito de lavado de dinero.
Justifica abogado de Lozoya solicitud de aplazamiento
Al iniciar la audiencia, la defensa de Lozoya planteó al juez una solicitud de 30 días de prórroga para cerrar el proceso del caso Agronitrogenados, pero enseguida redujo su pretensión a 15 días, contados a partir del 3 de diciembre.
Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda, los defensores, dijeron que la ampliación la solicitaban porque Pemex no había entregado la documentación de la oferta de mil millones de dólares que Yara Internacional, la empresa de fertilizantes más grande del mundo, le hizo a Pemex por la planta de Agronitrogenados de Cosoleacaque.
También alegaron que la FGR aún no les había aportado las traducciones de la información enviada por Alemania, a través de una solicitud de asistencia jurídica, de los informes bancarios de las empresas Elmo Wolfsburg y Luximo Wolfsburg, ambas propiedad de Lozoya.
Los fiscales federales, encabezados por Antonio Domínguez Zavaleta, se opusieron a la solicitud de la defensa de Lozoya porque en su opinión la información que requerían ya estaba a su disposición y esta misma tarde podían obtenerla en las oficinas de la Fiscalía.
Lozoya tomó la palabra para manifestarle al juez que las pruebas que solicitaba eran necesarias para demostrar que la planta “chatarra” no fue comprada por Pemex con un sobreprecio.
“Este nuevo acto de investigación es para preservar mis derechos fundamentales y es importante que se presente una prueba sobre los mil millones de dólares, sobretodo porque hubo una oferta por parte de una empresa. Yo creo que es un valor indicativo del valor real y no lo que comentan los medios de comunicación”, dijo Lozoya.
Este medio día inicia una segunda audiencia para definir si le conceden una prórroga en su proceso por el caso Odebrecht.
Juez ordena a FGR entregar datos sobre la investigación al ex senador Lavalle Maury
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar acceso al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury a ciertos datos de la carpeta de investigación para que pueda ejercer su debida defensa.
En una audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, la defensa del ex senador panista pidió que se le permita acceder a los datos.
El juez declaró fundada la solicitud y ordenó a la FGR que le otorgue acceso completo a la carpeta de investigación.
El ex senador panista enfrenta un proceso por presuntamente recibir un soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
El pasado 13 de abril, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, vinculó a proceso al ex legislador federal.
La FGR lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Lo anterior por presuntamente recibir dinero que supuestamente tiene su origen en la constructora brasileña Odebrecht.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
