Abelardo Martín M.
La cúspide de cualquier gobierno en México ha sido, tradicionalmente, al iniciarse el quinto año de la administración sexenal, y el del presidente Andrés Manuel López Obrador significa que este acontecimiento no solamente se recupera, sino se confirma.
El momento de mayor poder y control político y de popularidad social del presidente de la república en turno ha ocurrido en el segundo semestre del cuarto año de gobierno, lo que se había perdido un poco a consecuencia del desgaste mediático al que son sometidos los mandatarios mexicanos en los últimos cinco sexenios.
El caso de mayor debilidad y desgaste le ocurrió al ex presidente Enrique Peña Nieto, quien en los dos primeros años de su administración agotó el llamado bono democrático y tuvo que dedicarse a defenderse de los ataques ocasionados por los escándalos de la Casa Blanca, en las Lomas de Chapultepec, y de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sin contar con el recrudecimiento de la violencia, la pérdida creciente del dominio gubernamental sobre amplias extensiones del territorio nacional en prácticamente todos los estados del país.
Durante los gobiernos priístas, la mejor demostración de control político y de gobierno fue condición indispensable para iniciar el proceso de sucesión presidencial, de acuerdo al deseo del mandatario en turno. Era necesario que el presidente estuviera en el momento cúspide de poder para que la entrega del mando a su sucesor correspondiera totalmente a sus deseos. Esta circunstancia comenzó a debilitarse a partir del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, continuó con Vicente Fox (quién no pudo nombrar ni siquiera candidato dentro de su partido), continuó con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Llegaron al quinto año totalmente desgastados y debilitados.
Hoy se viven momentos diferentes. El presidente AMLO recuperó esa “prerrogativa” y mediante un discurso de apertura, de inclusión, democrático, según sus propias definiciones, hace ya tiempo que provocó la competencia por la candidatura presidencial del partido Morena, y la muestra de la marcha de ayer confirma su poderío, cuando está por iniciar el penúltimo año de su gobierno.
En el complejo momento político que vive el país, la marcha que encabezó el pasado domingo el presidente López Obrador, representa sin duda un punto de quiebre hacia el futuro inmediato de nuestro país.
Aunque es innegable que el evento fue ideado originalmente como una respuesta a la también multitudinaria manifestación de dos semanas antes, en que organizaciones y partidos políticos, pero también ciudadanos de a pie expresaron su oposición a una reforma electoral que ahora parece irrealizable, desde el inicio el proyecto tomó otra dimensión.
De manera inédita, la marcha fue planteada como una celebración popular que acompañaría, como fue, el informe del presidente a cuatro años de haber iniciado su gobierno.
La fecha culmina un proceso que en términos históricos es en realidad muy breve, pero que se ha significado como una larga y dificultosa batalla para transformar a nuestra nación y erradicar los vicios y rezagos que nos han impedido transitar hacia una patria de bienestar y justicia, sin pobreza ni desigualdad.
Luego de varios años, cualquier gobernante se enfrenta al deterioro que representa el enfrentamiento con la realidad, la resistencia de inercias e intereses, y el desencanto por objetivos no conseguidos.
Todo ello ha ocurrido en México durante el pasado cuatrienio, pero en las muchas horas que duró el recorrido dominical, pudo constatarse que nuestro gobernante conserva el cariño, la confianza y el apoyo popular, más aún, que el entorno adverso ha servido para acrecentar esa cercanía e identificación con la gente.
Por supuesto, ello no es suficiente para resolver ni las graves carencias en muchos órdenes que arrastramos por décadas y aún por siglos, ni remover los obstáculos para construir una nación de avanzada.
Sin embargo el informe presentado en el Zócalo pudo mostrar un inventario de logros que se están produciendo de manera cotidiana, el avance de las grandes obras proyectadas, la firme voluntad de culminar todo lo que se ha emprendido, y la decisión de no permitir que haya corrupción en ninguna de sus vertientes.
El balance es relevante porque ocurre en un periodo estelar de este gobierno, justo cuando desde el poder y en la calle se habla todos los días de la sucesión presidencial, y la gente analiza los perfiles y personalidades de quienes aspiran a suceder al actual mandatario.
Mientras al interior del aparato oficial y entre sus corcholatas se compite para ver quién garantiza la mejor continuidad del movimiento de transformación, también se escuchan, cada vez con más fuerza, voces críticas de dentro y de fuera, que apuestan por un cambio y proponen otros modelos, otras ideas, otras formas de conducir a la nación.
La jornada del domingo y sus ecos recientes se convirtieron en una gran fiesta del presidente; pero pasada la euforia las preocupaciones por lo que no va bien volverán a tomar tono y volumen.
Un tema fundamental a este respecto es la seguridad pública, un ámbito en que la problemática no ha cedido a lo largo de cuatro años, en la que mientras la versión oficial habla de reducciones en las cifras y tendencias, los saldos sangrientos se acumulan y los casos de alto impacto se repiten.
Así ha ocurrido, por ejemplo, en Zacatecas, donde las fuerzas de seguridad han tenido la más grave pérdida de este periodo, al ser abatido por la delincuencia un general que tenía a su cargo el mando de la Guardia Nacional en esa entidad.
Así se ve también en Guerrero, donde siguen ocurriendo de manera constante muertes violentas, ataques contra comercios y unidades del transporte público y denuncias de extorsiones y cobro de derecho de piso, entre otros delitos.
Como muestra, hace unos días la secretaria de Salud estatal, durante su comparecencia de glosa del primer informe de la gobernadora, informó que unos quince centros de salud ubicados en la Tierra Caliente, la Montaña y la Costa Grande permanecen cerrados básicamente por la actuación de las bandas del crimen organizado.
A nivel nacional y en Guerrero, no han perdido actualidad las palabras del presidente de la República, cuando hace tiempo reflexionó que, de no resolverse el tema de la seguridad, no habría transformación posible.
A cuatro años de gobierno, ese reto no está aún resuelto, es una de las grandes amenazas a la consolidación de la transformación, y constituye un desafío para el gobierno que suceda a éste que terminará en menos de dos años.
Hoy nadie duda que López Obrador detenta y concentra el poder, impone día tras día la agenda política y la de la opinión pública, asume los costos de su permanente sobreexposición mediática y avanza en los propósitos de la 4T. O sea, tiene el control y también el poder, lo que sus antecesores ya habían perdido a estas alturas. No es poco el resultado.
