METALES PESADOS
Tryno Maldonado
El presidente Andrés Manuel López Obrador se fue convirtiendo, a lo largo de su sexenio, en innegable cómplice de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es responsable, tanto por aquiescencia como por ser, hoy en día, el máximo mando de las fuerzas armadas. Como tal, ha faltado a varios artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Aunque AMLO ha querido centralizar el sensible tema de la crisis de desapariciones durante su administración al mero caso Iguala, decenas de miles de víctimas siguen atravesando en todo el país un sinuoso camino por verdad y justicia para sus familiares ante la omisión cotidiana de un gobierno que ha ocultado por motivos políticos las cifras de desapariciones.
Recientemente –luego de su incumplible promesa de hacerse cargo él mismo del caso Ayotzinapa y a seis años de no entregar resultados– López Obrador publicó un “reporte” sobre la situación de las investigaciones. Pero llamarle “reporte” a ese documento es decir mucho. Disparates. Insensibilidad. Ignorancia sobre el caso. Eso es lo que realmente es.
El escritor Jorge Volpi analiza ese texto en su columna del diario Reforma y llega a una conclusión inmediata sobre el estilo en que está redactado: repleto de torpezas gramaticales que dejan ver no sólo el descuido y el desprecio para quien va dirigido (las familias de los 43 normalistas) sino el tono, que Volpi describe como síntoma de autoritarismo, egolatría y nula empatía hacia las víctimas.
A decir de las familias de Ayotzinapa a través del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan: “Más que un informe, sentí como si el presidente estuviera acusándose de todo lo que le han hecho. No veo que se trate de un informe, porque no habla de las líneas de investigación, de los avances que se han tenido o de lo que se ha hecho por encontrar a nuestros hijos. Sobre eso no hay nada. No me pareció que sea un informe, es más bien un texto donde busca justificarse. Como mamás no esperábamos mucho, debido a la postura que el presidente tomó de hace tiempo, de salir en defensa de los militares”.
El reporte termina siendo una sarta de conjeturas, descalificaciones e insultos que se ahoga y se anula en su desesperación por encubrir y exculpar al Ejército mexicano con meras suposiciones y un profundo desconocimiento de los seis puntuales informes sobre el caso que entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que también AMLO descalifica abiertamente.
El presidente falta al Artículo 5 de la Ley de Desaparición Forzada, que es claro respecto a agotar todas las líneas de investigación, incluidas las que llevan hacia el Ejército: “I. Efectividad y exhaustividad: todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación”.
Pero, además, la ley lo obliga a algo que no ha hecho: “IV. Enfoque humanitario: atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los familiares”. Así como: “VIII. Máxima protección: la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y sicológico e intimidad de las víctimas”.
Sin embargo, la responsabilidad del jefe del Ejecutivo va más allá y es clara en la Ley: “Artículo 28: Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30”.
“Artículo 29: Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.
“Artículo 30: Se impondrá una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días de multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28”.
Como jefe supremo de las fuerzas armadas a las que encubre, AMLO debería pisar la cárcel por su aquiescencia en las líneas de investigación del caso Ayotzinapa.
Finalmente, el análisis crítico de Volpi a la escritura del presidente concluye que la carta o reporte de éste revela su verdadera naturaleza: un caudillo autoritario, ególatra y mendaz, a quien le preocupa más su imagen que la verdad o la justicia.
Que así sea juzgado.
