Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas, tanto en sus comunidades como en los diferentes condados de Nueva York. Además de las muertes maternas, de los niños y niñas indígenas que mueren por desnutrición, los feminicidios, la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes que se vieron obligados a incorporarse a las filas del sicariato, en el primer semestre del 2020 se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas que han muerto por Covid. El desmantelamiento de los centros hospitalarios, la carencia de personal médico, de equipamiento y medicinas son indicadores funestos de la discriminación y el racismo, que cotidianamente enfrentan las madres y padres de familia cuando llegan a los hospitales o clínicas de salud.
La falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios, pero sobre todo desdeñan las muertes que ocurren en las comunidades indígenas. Son atisbos del etnocidio que se sigue reproduciendo por parte del Estado ante el abandono secular y el despojo sistemático de sus riquezas naturales y del presupuesto público, por parte de una clase política voraz, que se ensaña con la población más vulnerable. El escenario es cruento en las regiones indígenas porque el desmantelamiento de la vida comunitaria está tocando fondo, sobre todo porque se ha ido resquebrajando la red de solidaridad que los pueblos han sabido tejer en las últimas décadas para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas. El gran número de muertes de jóvenes indígenas en Nueva York nos muestra el rostro del racismo que padecen en Estados Unidos, por el simple hecho de asumir una identidad cimentada en sus raíces culturales y por pertenecer a la población estigmatizada por el presidente Donald Trump, que los sataniza por el hecho de ser personas indocumentadas.
En nuestro país la brecha social y económica institucionaliza la discriminación y el racismo, porque la clase política y el empresariado mexicano siempre se han erigido como los herederos de la revolución y los elegidos y ungidos para gobernar un país pluricultural. Sigue imperando una forma vertical de ejercer el poder con una visión etnocéntrica que tiene como paradigma el individualismo, la privatización de los bienes públicos y el modelo extractivista para garantizar la acumulación capitalista. Las consecuencias de este sistema depredador se han traducido en miseria, muerte y sometimiento a una población indígena insumisa, que ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país, pero que al final de las gestas históricas, siempre han sido relegados tratándolos como súbditos o seres sin derechos.
En Guerrero la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos nos remite a momentos clave de nuestra historia. La lucha independentista y la gesta revolucionara no se entiende sin la participación de estas poblaciones y de sus dirigentes. A pesar de que, en el estado, el mismo Congreso celebra con bombo y platillo el legado histórico que nos dejó José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, que es como la carta de los derechos humanos en América, los diputados y diputadas de esta Legislatura se han negado a atender la demanda legítima de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero para impulsar una reforma que reconozca plenamente sus derechos como tales.
En esta lucha varias organizaciones sociales y autoridades comunitarias buscamos el acercamiento con diputados de la actual Legislatura del estado, con el fin de emprender un proceso de diálogo que iniciamos en los meses de mayo y junio de 2019. Celebramos cuatro sesiones de parlamento abierto, donde invitamos a varios expertos y expertas en los temas e hicimos mesas de trabajo para discutir las problemáticas y propuestas en la materia.
Posteriormente se organizaron 10 foros de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en diversas regiones y municipios del estado de Guerrero, siendo éste un ejercicio inédito por la participación de diferentes actores sociales y políticos, pero sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. El primer foro fue en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla; el segundo se realizó en la cabecera municipal de Metlatónoc; el tercero, en Tlapa de Comonfort; el cuarto en la comunidad de Paraje Montero; el quinto, en San Luis Acatlán; el sexto, en Marquelia; el séptimo, el Tlacoachistlahuca; el octavo, en la comunidad de Las Juntas-Caxitepec municipio de Acatepec; el noveno, en Xalitla municipio de Tepecoacuilco de Trujano; y el décimo en Acapulco.
Los foros de consulta cumplieron con los requisitos de ser previos puesto que se realizaron anteriormente a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma; libres e informados pues a nadis se le condicionó ni se le obligó a ir, sino que por su propia voluntad los participantes acudieron a manifestar sus voces de reclamo y propuestas sobre sus derechos; de buena fe, porque no hubo otra intención más que la del reconocimiento pleno de los derechos; y culturalmente adecuados porque se dieron en el marco de sus asambleas estando presentes sus autoridades. Se contó con intérpretes y las decisiones las tomaron de acuerdo con sus sistemas internos.
Después de todo este proceso de consulta en el mes de octubre 2019, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso nombró un Comité Técnico Comunitario, el cual se encuentra integrado por autoridades indígenas y afromexicanas, así como expertos en el tema. Una vez que tomaron protesta los integrantes de dicho Comité éste comenzó a trabajar y redactó la iniciativa de reforma constitucional tomando en cuenta todas las participaciones y propuestas que se dieron en los foros de consulta.
En diciembre de 2019, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó la iniciativa de reforma constitucional que redactó el Comité Técnico Comunitario, la cual fue respaldada por otros 19 diputados y diputadas, siendo turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Sin embargo, hasta el 1 de junio pasado, luego de que diversas autoridades comunitarias e integrantes del Comité Técnico Comunitario realizaran una manifestación ante las instalaciones del Congreso del Estado, para pedir la dictaminación y aprobación de dicha reforma, fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), tomando como acuerdo central discutir esta propuesta para el 24 de junio siguiente.
Se sostuvieron dos reuniones virtuales entre los integrantes del Comité Técnico Comunitario y la Jucopo, y a pesar de que los diputados y diputadas han expresado su disposición y la voluntad política de legislar en materia de derechos indígenas y afromexicanos, no hay avances a más de ocho meses y ni siquiera un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Recientemente, el 3 de agosto el Comité Técnico Comunitario dio una conferencia de prensa en la que exhortó a los diputados integrantes de la Jucopo para que se instalara este 9 de agosto una mesa de trabajo para debatir los temas. Contrario a lo esperado, emitieron un comunicado argumentando que los anexos de los foros de consulta no habían sido entregados y en consecuencia no podían determinar que dicha iniciativa había sido sometida a consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Conviene traer a colación las palabras del EZLN hechas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona cuando de igual manera el gobierno en turno y los partidos políticos traicionaron los Acuerdos de San Andres Larrainzar: “Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos.
“Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron”
Estos Acuerdos tienen más de 20 años y no han sido cumplidos. No es posible que a pesar de todo este tiempo que ha pasado los legisladores se sientan con el derecho de decidir quién debe tener derechos y quién no. Ojalá que la reforma en el estado de Guerrero se logre plasmar conforme al interés supremo de los sujetos principales que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar sus demandas históricas. Ya es tiempo de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho público y que formen parte de las transformaciones sociales que se requieren en nuestro estado para que haya justicia, equidad, pluralidad política, autonomía, respeto a los sistemas normativos y una verdadera representación política en todos los órganos de gobierno.
