Gaspard Estrada (*)
El pasado lunes, los magistrados de la corte de apelaciones de Porto Alegre, la llamada TRF-4, desecharon los recursos procesales interpuestos por los abogados del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, de tal suerte que la condena a doce años y un mes de prisión fue confirmada. Sin embargo, después de una sesión maratónica el pasado jueves, la Suprema Corte de Justicia le concedió una suspensión provisional al popular político, a la espera de pronunciarse de manera definitiva a principios de abril al respecto de un amparo interpuesto por los abogados de Lula.
Si, como se dice en los medios, los magistrados le conceden este amparo, Lula podrá continuar en libertad, y ser candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores (PT) de manera provisional. En efecto, a raíz de la votación de la ley de la “ficha limpa” (ley de “no antecedentes penales” en español), todo político condenado en segunda instancia pierde sus derechos políticos, aunque continúe su batalla jurídica en una jurisdicción superior. De tal manera que, si bien es posible que Lula esté presente en la campaña del PT, lo más probable es que no pueda ser el candidato de ese partido a la presidencia de Brasil.
Sin embargo, la disputa política ligada a la elección presidencial apenas comienza. De la misma manera que en 1989, todo apunta a que existirá una oferta política muy fragmentada en la primera vuelta. El viernes pasado, en una entrevista a la revista Istoé, el presidente Michel Temer anunció que será candidato a la reelección, a pesar de tener menos del 10 por ciento de aprobación en las encuestas de opinión. Para él y su equipo, esta candidatura tiene como objetivo principal evitar que su base política de apoyo en el Congreso y en los estados desaparezca, teniendo en cuenta que ellos tienen numerosas cuentas pendientes con la justicia. De tal manera que para la cúpula en el gobierno, es indispensable disponer del apoyo político del próximo gobierno. El principal problema de esta estrategia reside en la gran impopularidad del gobierno y de su presidente.
Hoy en día, prácticamente todos los precandidatos a la presidencia intentan distanciarse de la figura presidencial, ante el miedo de ver su impopularidad transferirse a sus candidaturas. Además, conforme se acerca la elección presidencial, su coalición en el Congreso parece hacer agua desde ahora. En el mes de diciembre, Temer intentó hacer votar una muy impopular reforma de las pensiones, que disminuiría fuertemente éstas a futuro para los empleados del sector privado y para los funcionarios públicos más modestos, al tiempo que los funcionarios con mayor capacidad de influencia, es decir, los más poderosos y mejor pagados, como los militares de alto rango, los jueces y magistrados, no verían su jubilación disminuir. Ante semejante escándalo, los diputados rechazaron la propuesta, lo cual encendió la alerta en el seno del equipo de Michel Temer.
Es así como se puede entender porque hace poco más de un mes, el presidente brasileño decidió intervenir militarmente en el estado de Rio de Janeiro, con el objetivo de llevar a cabo una acción político-mediática de peso. Si bien este golpe efectista fue aprobado por buena parte de la población, según las encuestas, no se ha reflejado en un aumento de la intención de voto a favor de Michel Temer.
Sobre todo, el cruel asesinato de la concejala Marielle Franco, hace dos semanas, puso en evidencia las fallas de esta operación, y ante todo su intencionalidad política. Ante tal situación, la campaña presidencial que está por comenzar se antoja más impredecible que nunca, en un contexto de parálisis política, de estancamiento económico y de polarización social. Esperemos que de aquí a la elección, la situación política y social no siga degradándose.
Twitter: @Gaspard_Estrada
(*) Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
