Chihuahua, Chihuahua, 14 de enero de 2018. La inseguridad en el país es un problema que ha empeorado por la corrupción política y los pactos de la presidencia en los que se intercambian recursos por silencio e investigaciones amañadas, advirtió este domingo el gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado.
En una concentración –”Por la defensa y la dignidad del pueblo de Chihuahua”, en la Plaza del Ángel de la capital del estado a la que acudieron miles de chihuahuenses–, Corral insistió en forma enfática que nunca se arrodillará ante el presidente Enrique Peña Nieto ni ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que le entreguen los recursos pactados en diciembre de 2017: 780 millones de pesos.
También resaltó que su lucha tiene un objetivo: la extradición (de Estados Unidos) del ex gobernador César Duarte Jáquez, para llevarlo ante la justicia del estado. Jamás, observó, un presunto delincuente había acumulado tantas órdenes de captura, como las 11 que hay contra Duarte. Y recordó que la corrupción del gobierno federal se ha convertido en una hidra de mil cabezas en la que se corta una y brotan dos más.
En ese contexto, expresó que el gobierno federal, encabezado por Peña, ha salido abiertamente a mentir y distorsionar el tema de la tramposa retención de recursos al gobierno de Chihuahua, castigado por su lucha contra la corrupción que ha desnudado y exhibido el modus operandi del viejo sistema político, la corrupción, así como la impunidad y protección para quienes están bien con el Presidente de la República.
Corral sentenció que además de encabezar una serie de acciones para que la federación entregue los recursos pactados, encabezará una serie de reuniones con congresistas de Estados Unidos no sólo ara que conozcan la clase de personaje que es Duarte sino que, por otras vías, apoyen un movimiento que lleve a la extradición del exgobernador chihuahuense.
En Chihuahua, dijo, no habrá impunidad ni silencio. Se romperá el viejo pacto presidencialista hasta sus últimas consecuencias. Peña Nieto falta a la verdad, precisó, cuando dice que ha apoyado a Chihuahua.
Y eso no es un asunto político ni de comparativos, en lo que también Chihuahua sale perdiendo, sino de matemáticas simples. Y antes de claudicar o rendirse de rodillas ante Peña y sus secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, Chihuahua recurrirá a otras medidas (hasta la colecta, ironizó) para que se mantengan los programas y la marcha del gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo mexicano afirmó este domingo que ha entregado a Chihuahua “los recursos económicos que le corresponden por ley”, y que para otorgar apoyos extraordinarios este año primero tiene que resolverse la controversia constitucional que el estado norteño piensa interponer tras denunciar represalias financieras.
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dieron a conocer un pronunciamiento en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, mientras Corral, un militantes del Partido Acción Nacional (PAN), celebraba en su estado un evento multitudinario para cargar contra la corrupción.
El conflicto entre ambas partes se desencadenó el pasado lunes, cuando Corral denunció que el estado no había recibido ciertos fondos acordados por parte de la SHCP, supuestamente como represalia por haber divulgado un caso de corrupción en el que estaría implicado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto.
“Los recursos que el gobernador del estado de Chihuahua menciona que no le fueron entregados en el mes de diciembre del año pasado se refieren a recursos extraordinarios” solicitados a la SHCP y a proyectos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, explicó el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo.
En este sentido, refirió que los montos están contemplados en cuatro convenios. Una de las transferencias establecidas “no se pudo realizar, ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado de Chihuahua fue rechazada por el banco comercial” y la Administración no presentó una cuenta validada a tiempo.
Por otra parte, continuó el subsecretario, otros dos montos correspondientes a solicitudes de recursos extraordinarios para el saneamiento financiero del estado no fueron concedidos porque “no hubo disponibilidad presupuestaria”, aspecto contemplado en una de las cláusulas de los convenios.
“A día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017”, defendió.
El subsecretario argumentó que para que este año se puedan firmar convenios destinados a la entrega de apoyos extraordinarios primero se habrá de resolver la controversia constitucional que el gobierno estatal dijo que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, remarcó que el criterio utilizado por el gobierno federal para otorgar los recursos ha sido el mismo para todos los estados mexicanos.
Como ejemplo puso a Tlaxcala y Zacatecas, gobernados por mandatarios priistas y a los que también afectó la falta de disponibilidad presupuestaria.
Texto: Redacción / EFE / Foto: Captura de pantalla
