Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
A una semana de la jornada electoral, el caos de la violencia nos abruma y desquicia. Lo más aterrador es que no hay autoridad que sea capaz de contener esta oleada delincuencial. Es inaudito que varios candidatos y candidatas estén buscando reelegirse como presidentes y presidentas municipales cuando su administración ha sido un desastre.
El caso de Acapulco es patético, porque la presidenta Abelina no ha podido revertir la violencia y la inseguridad en el puerto. Argumentará que es asunto que le incumbe al estado y la federación, sin embargo, no hay acciones eficaces para prevenir el delito, al contrario, la percepción de inseguridad es generalizada en la población, que a diario testifica algún delito de alto impacto.
Las comunidades rurales están abandonadas y no se libran de las garras de la delincuencia. Las colonias pobres del puerto son enclaves del olvido controlados por los grupos delincuenciales. Las familias van al día, no tienen recursos extra para mejorar su vivienda maltrecha. Los hijos e hijas abandonan la escuela, porque hay la necesidad de vender algo en la calle para que la comida alcance. La asfixia económica genera mucha angustia y desesperación en las madres trabajadoras que no tienen opciones para contar con un ingreso seguro. La desigualdad se profundiza y ensancha. El cobro de piso en los comercios y las playas hace inviable cualquier actividad económica. Ya no hay ingreso que alcance para sostener a los delincuentes. Los millones de pesos que la federación invierte en la Guardia Nacional no se materializa en mayor seguridad para la población ni tranquilidad en las familias.
Para los partidos políticos y sus dirigentes esta realidad lacerante no es relevante, más bien todo lo trivializan y lo consideran como parte de la normalidad. Son temas que rehúyen o que endosan a la federación. La seguridad municipal está desfondada, los policías del puerto no están capacitados. No cuentan con equipo adecuado, todo está racionado y sobrellevan una responsabilidad que los desborda. Son cooptados por el crimen organizado y trabajan para otro patrón. La extorsión forma parte de sus funciones básicas. Los jefes obligan a los policías a delinquir porque sus cargos tienen que ser redituables.
La ambición de poder de los actuales candidatos y candidatas no tiene parangón. Nada puede estar por encima de la meta que se han trazado, de ganar la elección para asegurar ingresos millonarios. La disputa por los cargos públicos está al rojo vivo. Hay una contienda con prácticas ilegales, sobre todo con la compra del voto. Abundan también las amenazas, se han consumado varios asesinatos de candidatos o miembros de sus equipos. Lo más grave es la intromisión de los grupos delincuenciales que están metidos en la contienda, ya sea imponiendo a sus candidatos o apostándole con recursos a uno de ellos para asegurar el triunfo.
Las reglas del juego limpio nadie las respeta. Todos los partidos y sus representantes ya saben cómo evadir la normatividad electoral. Han desarrollado prácticas nocivas para asegurar el voto de la población. Corporativizan el voto con los líderes de comunidades, colonias y de organizaciones sociales a cambio de dinero, de trabajo o alguna obra. Hay dirigentes que presionan y chantajean a sus subordinados para que voten por determinado candidato. En algunas escuelas de comunidades de Tlapa, los maestros y maestras en coordinación con el comité de padres de familia, obligaron a las mamás y papás a participar en el cierre de campaña del candidato que apoyan. Les advirtieron que si no asistían serían multados con 250 pesos. Ya no esperan que les den algún incentivo, sino que ahora son amenazados con quitarles el dinero que no tienen.
Como guerrerenses hemos sido un bastión de las grandes transformaciones de nuestro país. Nuestro estado es un referente nacional en la lucha por la democracia. La población ha dado muchas batallas contra gobiernos autoritarios. Protagonizó luchas para desmontar la estructura caciquil del partido único. Los ciudadanos y ciudadanas tomaban ayuntamientos y denunciaban fraudes electorales. Peleaban en las calles y las carreteras. Era una lucha desigual, sin embargo, la población no se replegó, continuó dando la pelea para romper con las estructuras de un poder omnímodo.
Estas conquistas por la democracia han servido para contar con un sistema de partidos que son garantes para promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida democrática de nuestro país y fomentan la pluralidad política e ideológica del electorado.
Ahora que existen otras condiciones políticas para que la población decida libremente en qué partido adscribirse y por qué candidato votar, constatamos prácticas viciadas de los institutos políticos que se han transformado en meras franquicias electoreras que negocian las candidaturas al mejor postor.
Los dirigentes de los partidos se erigen como los grandes personajes que tienen en sus determinaciones quiénes serán los ungidos. A pesar de que existen varios métodos para la selección de los candidatos y candidatas, no hay certeza en los mismos militantes de que se actuara con transparencia y objetividad.
Los problemas inician desde el momento en que cada partido selecciona el método para elegir a sus candidatos y candidatas. Este diferendo de origen genera inconformidades entre quienes no quedaron dentro de la lista de los elegidos. Los filtros que cada partido pone para este trabajo selectivo pierden credibilidad y confiabilidad. Al cerrarse los canales institucionales para inconformarse, varios grupos acuden a los tribunales electorales y otros más ejercen presión a sus dirigentes para ser tomados en cuenta. Al no prosperar las negociaciones vienen los desacuerdos y rupturas. Para no quedar fuera de la contienda se buscan otras opciones políticas y se hacen amarres con otros partidos. Al final se trata de un negocio dejando de lado los principios ideológicos que sustentan cada partido. Lo que impera es el dinero, la compra de candidaturas, lo que trae como consecuencia que las contiendas electorales estén vacías de contenido y que todo se reduzca a confrontaciones estériles entre los candidatos y candidatas.
El actual proceso electoral está marcado por estos vicios: las candidaturas son producto de negociaciones cupulares, los que aparecen en las boletas electorales no necesariamente son las personas más idóneas para ocupar el cargo que aspiran.
Al electorado no le dejan otra opción que votar por el candidato que considera menos malo o de plano anula su voto. Mientras tanto los candidatos hacen malabares para granjearse la voluntad de la gente. Prevalece una relación economicista, de ponerle precio al voto y de asegurar a un electorado dispuesto a depositar el sufragio en favor de quien se lo pagó. A un amplio sector de la población no le interesa conocer sus propuestas. El desinterés que existe se debe a que los candidatos no tienen planteamientos serios, que se nutran del sentir de la gente. Sus discursos son vacuos, demagogos, sin visión de cambio y sin sustento argumentativo. Los eventos públicos se reducen a dar refrescos, despensas, playeras o enseres domésticos. Son arengas improvisadas e incoherentes. Lo que más importa es difundir la imagen de los candidatos en las redes sociales y mostrar el mejor ángulo para que se vea que tiene mucho público.
Ningún candidato aborda temas torales que nos tienen al borde del estallido. No se documentan para tener una opinión seria sobre los graves problemas de la inseguridad y la violencia que se vive en cada municipio. Se embelesan con su ego y se asumen como los salvadores del pueblo. Es de suma preocupación que varios candidatos y candidatas no tengan una preparación sólida para hacer frente a una complicada agenda de temas que urge atender en nuestros municipios. Muchos llegarán sólo para esquilmar el dinero del pueblo y para hacer alianzas truculentas con los jefes de las plazas. En lugar de establecer alianzas con los diferentes sectores de la población, evaden a la gente y no asumen su responsabilidad de rendir cuentas. Pactan con el crimen para que los proteja a cambio de ponerle en charola de plata las direcciones que generan mayores ganancias.
Como guerrerenses nos hemos resignado a tolerar todo tipo de gobiernos, a soportar sus graves falencias, a padecer su incompetencia, a soportar su despotismo y egolatría. Nos tenemos que aguantar otro trienio o sexenio porque sabe comprar la voluntad de los dirigentes de su partido.
Este proceso electivo en lugar de ser una oportunidad para realizar cambios desde la raíz de los problemas se transforma en una amenaza porque son los mismos personajes que hacen daño al pueblo los que vuelven aparecer en las boletas electorales.
Es una tragedia la que vivimos, no sólo por el flagelo de la delincuencia que controla la mayoría de municipios sino porque las autoridades del estado están ausentes. No afrontan los problemas básicos de una población empobrecida, no atiende las demandas más sentidas de los trabajadores, no dialoga con las organizaciones sociales ni los colectivos de víctimas, no implementa acciones que garanticen seguridad a la población.
La densa bruma de la ingobernabilidad nos sofoca. El fuego de la violencia nos toma como rehenes y las llamas que destruyen nuestros bosques nos avasallan. Nos encontramos en medio de dos fuegos que nos colocan al borde de la exasperación.
