Acapulco, Guerrero, 29 de agosto de 2025.- La desaparición “es el delito más terrible porque significa la tortura diaria de las familias” de no saber dónde está su consanguíneo y el Estado mexicano no se compromete a resolver esta “crisis” humanitaria, señaló la especialista en derechos humanos, Eliana García Laguna, durante el tercer día de conversatorios organizados por la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La ex subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) dictó la conferencia magistral Desapariciones forzadas generalizadas y / o sistemáticas cometidas en México, en un pequeño salón de la plaza comercial Costera 125, en el que también participó el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y asesor jurídico de la asociación, Guadalupe Bollás Bernabé.
Frente a unas 20 personas, la especialista puntualizó que en la ley general hay diversas disposiciones que no se han llevado a cabo por las autoridades, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No identificadas y No reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y el Registro Forense Federal.
“No existe porque no hay presupuesto, porque no hay voluntad, porque el presupuesto hay que gastárselo en las grandes obras de relumbrón que no funcionan”, como el Tren Maya, ejemplificó.
La también secretaria técnica de la Comisión de Derechos Digitales de la Cámara de Senadores opinó que las recientes reformas a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, “no sirven absolutamente para nada para buscar personas desaparecidas, sirven para otras cosas, para poder generar un estado autoritario y de vigilancia y de control ciudadana”.
Criticó que en Guerrero apenas se va a aprobar la ley paralela a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de 2017.
Sobre todo considerando que el estado fue el primero del país en tener una Ley de Desaparición Forzada en 2001, “no es un problema sólo del gobierno federal, es un problema de los legislativos, del Poder Judicial, es un problema de que el Estado mexicano no está involucrado con la verdadera acción intensa, comprometida, para atender el hecho más grave que hay de violación a los derechos humanos, que es la desaparición forzada”.
“Hay muchos, muchos delitos que son violaciones graves a los derechos humanos, pero la desaparición de personas es el delito más terrible porque significa la tortura diaria de las familias, significa todos los días levantarte sufriendo porque no sabes dónde está tu familiar”.
“Y todos los días tienes que estar pensando qué vas a hacer desesperadamente para buscarlo y a pesar de eso no hay una acción del Estado que se comprometa como tal para resolver la crisis de desapariciones, para contener la violencia y para poder construir la paz en este país.”
García Laguna, involucrada en la reforma para elevar a rango constitucional los derechos humanos y en la creación de la Ley General de Víctimas de 2013 y de la Ley de Desaparición, señaló que la crisis forense es “paralela a la desaparición” y que debería ser atendida con asistencia internacional, por ejemplo, con la Cruz Roja.
Para que funcione la Ley de Víctimas, tendría que conformarse un sistema, “lo instalaron en el 2014 y en una traición de (Enrique) Peña Nieto a las víctimas, nunca más volvieron a convocar”; tampoco lo hizo su sucesor presidencial Andrés Manuel López Obrador y hasta el momento la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
El gobierno de López Obrador desapareció en 2020 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en el año en curso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tuvo un presupuesto de mil 120 millones 716 mil pesos, de los cuales sólo 660 millones de pesos fueron destinados a la ayuda a las víctimas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un amparo contra la eliminación de la disposición de la Ley de Víctimas de apartar el 0.014 por ciento del presupuesto general del país para la ayuda, la asistencia y la reparación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor, si se cumpliera el presupuesto tendría que ser de 990 millones de pesos en 2025, estimó García Laguna.
Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Trigo
