David Colmenares Páramo
Argentina atraviesa por una crisis derivada de la dimensión y condiciones de su deuda externa, particularmente, la relacionada con el FMI. Tema que conocimos en México a fines de los años setenta, cuando se negaba de la existencia la Carta de Intención, lo cual fortaleció la estructura nacional de la desigualdad, esto es, mayor pobreza, un sector público debilitado, su política económica limitada ante la necesidad de cubrir su servicio de la deuda, dejando de lado la creación de empleos productivos y permanentes.
En 2018 Argentina pidió un crédito al FMI, de 50 mil millones de dólares, en ese momento, el más alto en la historia del FMI. Con el fin de estabilizar su economía y recuperar el crecimiento económico perdido, comprometiéndose a reducir el déficit y a controlar la inflación. Como señala el propio FMI, se ponen de acuerdo en respecto a un programa de políticas económicas. Es la llamada Condicionalidad: se firma una Carta de Intención, con un Memorándum de Entendimiento como pasó en México en 1977.
Con ello la deuda externa, se vuelve deuda eterna, producto del impacto que tiene sobre la economía, la distribución del ingreso, en suma, sobre la política económica y social.
Las cartas de intención son conocidas en Argentina; al respecto el ex auditor general de esa nación entre 2016 y 2019, Oscar Lamberto, escribió que “hasta 1989, la relación entre el país y el organismo era culposa. Se firmaron acuerdos que se incumplieron reiteradamente, pero la aversión popular que existía hacia el FMI era tanta que los gobiernos ocultaban las cartas de intención por temor al juicio de la gente porque, inevitablemente, con cada nuevo acuerdo venían los aumentos de impuestos, de tarifas y de precios, con la consecuente caída del salario real”.
Recordemos la experiencia mexicana a fines de los años setenta y principios de los ochenta, cuando se devalúa el peso por primera vez en muchos años, México recurrió al Fondo para solicitar un préstamo de contingencia, acompañado de una Carta de Intención que contenía medidas que impactaron fuertemente sobre la economía del país.
Hace poco, la Auditoría General de la Nación, terminó una revisión, y entre otras cosas destaca que el monto del acuerdo rebasa los 57 mil millones de dólares, el más importante de su historia e incluso de la del propio FMI, ya que como dice la agencia Sputnik, “significa más de 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país (Argentina)”.
El actual gobierno a partir de este Informe señala que hubo “múltiples irregularidades en la concesión y posterior realización del crédito concedido por el Fondo, al gobierno anterior”
En conclusión, su deuda externa, ha crecido de manera relevante, lo cual incluye préstamos y bonos en moneda extranjera. Al empezar el siglo no pagó lo acordado con sus acreedores e inició una reestructuración de su deuda que hoy asciende a casi 400 mil millones de dólares.
Su Ministerio de Economía ha señalado que en 2018 se da la mayor moratoria de su historia, llega a un Acuerdo y recibe un crédito de emergencia que como ya se mencionó, “representa 127 veces la capacidad de endeudamiento del país” (AGN)”.
Con la condicionalidad señalada por esta institución financiera, realizaron “medidas de ajuste fiscal y reformas económicas para reducir el déficit y estabilizar la economía”, con un alto costo social, inflación y por supuesto desigualdad y pobreza.
Hoy Argentina sigue negociando otra reestructura de su deuda es la nota casi permanente en ese país, y continúa negociando con el Fondo con el fin de obtener condiciones más favorables.
Recordemos la crisis griega de 2009 que duró cerca de 12 años.
Seguiremos en el tema.
