Chilpancingo, Guerrero, a 5 de marzo de 2025.- En la armonización de la reforma Judicial federal con la Constitución local, entregada ayer al Congreso del Estado, se plantea que la renovación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea de manera escalonada, iniciando en el 2027 y concluyendo en el 2036, además de eliminar el Consejo de la Judicatura, el Instituto para el Mejoramiento Judicial, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado y los juzgados de paz.
En la iniciativa presentada al Congreso del Estado, se prevé que mediante elección se nombrará de manera escalonada a los jueces y magistrados del TSJ, iniciando con una en 2027 y otra en 2033, concluyendo con la renovación total en el 2036.
“Que los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces electos en la elección de 2027 serán renovados de manera escalonada. El 50% de los cargos que resulten electos durarán un periodo de seis años, concluyendo en la fecha de la toma de protesta de las personas electas en la elección de 2033, mientras que el otro 50% restante permanecerá en funciones por nueve años, concluyendo en la fecha de la toma de protesta de las personas electas en la elección de 2036. La asignación del periodo de los cargos se determinará con base en el número de votos obtenidos por cada candidatura, correspondiendo el más largo al 50% de las personas electas con la mayor votación”, se indica en la iniciativa entregada el lunes por los poderes Ejecutivo y Judicial al Congreso local.
La asignación de los periodos de seis y nueve años se realizará con base en el número de votos obtenidos en la elección, correspondiente el plazo más largo a quienes hayan recibido “mayor respaldo ciudadano” y así garantizar “un criterio objetivo y democrático en la determinación de su permanencia en el cargo”, se indica en el documento.
Sin detallar el procedimiento, la iniciativa dispone que la elección de magistrados y jueces se realice de manera estatal y no por distritos judiciales, lo cual, se explica es para fortalecer la administración de justicia “asegurando eficiencia operativa, movilidad funcional y una mejor distribución de los recursos humanos y presupuestales del Poder Judicial”.
“Que uno de los principales beneficios de esta disposición es que se permita la movilidad de las personas juzgadoras en toda la entidad, facilitando cambios de adscripción ordinarios conforme a las necesidades del servicio en las distintas regiones o distritos judiciales”, justifica el documento.
Como parte del proceso de selección de los aspirantes, el Congreso local emitirá una convocatoria pública. Para después dar paso a la evaluación técnica y la selección de candidaturas. Para ello se conformarán comités de evaluación, uno por cada poder del estado, garantizando la paridad de género y el acceso equitativo a los cargos.
Los listados generados deberán depurarse mediante insaculación pública, y cada poder del estado postulará únicamente a dos de las seis o cuatro personas previamente seleccionadas, según se explica en el documento.
Haber de retiro, sólo para quienes renuncien antes de agosto de 2027
En el tema de los haberes de retiro, se plantea que los magistrados y jueces que no quieran participar en la elección y presenten su renuncia antes del 31 de agosto del 2027 tendrán a salvo su derecho de acceder a su haber de retiro conforme lo marca la ley, mientras que “las personas juzgadoras que decidan participar en la elección y no resulten electas, recibirán un pago único equivalente a tres meses de salario integrado y veinte días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a las que tengan derecho”.
Otro punto que se menciona en la iniciativa es la extinción de los Juzgados de Paz a más tardar el 31 de agosto de 2027, bajo el argumento de que “la resolución de conflictos de menor cuantía y los asuntos que históricamente atendían estos juzgados han sido absorbidos de manera más eficiente por los juzgados de primera instancia y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación”.
Se elimina el Consejo de la Judicatura y se crea el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial; para el caso del Tribunal de Disciplina los cinco magistrados que lo integrarán serán electos mediante el voto popular y los del Órgano de Administración se nombrarán a propuesta de los tres poderes de la entidad.
Se plantea también la ex-tinción del Instituto para el Mejoramiento Judicial y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, para instituir en su lugar la Escuela de Formación Judicial, esto con la justificación de exista “un órgano especializado que garantizará la profesionalización, actualización y certificación de las personas juzgadoras y demás servidoras y servidores públicos del Poder Judicial”.
Garantizar la elección y el presupuesto para jubilar jueces y magistrados, pide abogado
De acuerdo con el abogado constitucionalista, Valentín Sandoval Montiel, más allá de la reforma, la elección y la desaparición de algunos de sus órganos, se debe revisar si habrá presupuesto para mantener a los jueces y magistrados que decidan retirarse y no participar en la elección.
Esto porque se tendría que valorar el presupuesto para pagar a los jueces y magistrados entrantes electos y a los retirados, todo con el presupuesto con el que opera el Poder Judicial.
“El tema con Guerrero es que es un Poder Judicial viejo, ha envejecido… más del 80 por ciento de los jueces tienen más de 20 años y se van a retirar antes de la elección, por qué razón, porque si van a la elección pierden su haber de retiro. Y nadie se va a arriesgar teniendo más 20 años laborados a participar si hay una ley que dice que te puedes retirar con el 100 por ciento de lo que ganas”, consideró Sandoval Montiel.
“¿Cuántos de esos jueces y cuántos de esos magistrados van a querer participar cuándo tiene una ley que los jubila, a nadie le conviene, entonces es un tema de financiamiento”. agregó.
Texto: José Miguel Sánchez / Foto: Jessica Torres Barrera – Archivo
