Las autoridades no se quieren aliar con la población, con la misma CRAC que ha demostrado resultados “ahora se le desconoce porque atenta contra los intereses delincuenciales”, denuncia Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 14 de junio de 2023. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que las cifras de la violencia que dio a conocer ayer la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, comprueban que la estrategia de militarización en Guerrero no ha servido para desarticular las estructuras de la empresa criminal que opera en la entidad.
“La estrategia de seguridad sigue siendo equivocada porque las autoridades no se quieren aliar con la población, con la misma Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC). Por el contrario, esta institución que ha demostrado resultados ahora se le desconoce porque atenta contra los intereses delincuenciales”, denunció.
El defensor de derechos humanos fue entrevistado a la salida de la Secretaría de Salud después de una reunión con integrantes del Consejo de Comunidades y Autoridades de Tecoanapa con la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro.
Ayer en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez informó que Guerrero ocupa el séptimo lugar entre los estados del país con más víctimas de homicidio, al contabilizarse 673 en lo que va del año.
De acuerdo con ese mismo informe, Acapulco ocupa el cuarto lugar entre los 50 municipios con más víctimas de homicidios en el país.
“Indudablemente que es por la estrategia fallida de esta remilitarización en Guerrero, sobre todo con sus operativos ostentosos denominados Operación Acapulco u Operación Guerrero que, en realidad, no van al nudo del crimen organizado. No han desmontado las estructuras de esta empresa criminal que hay en Guerrero”.
Aunado a ello dijo que esta empresa criminal tiene hundidas sus raíces en las estructuras de la seguridad pública, “y hay complicidad entre grupos políticos, caciques y militares de alto rango con el crimen organizado”.
Aunque matizó que la “delincuencia institucionalizada” que se colude con la delincuencia organizada viene de lejos, desde el pacto que hubo durante la guerra sucia entre militares y caciques como Rubén Figueroa cuando fue liberado.
Desde entonces, según Barrera Hernández, se comprometieron a desmantelar cualquier brote de insurgencia armada y cívica porque para ellos todo era guerrilla y permitieron que florecieran grupos paramilitares que empezaron a asesinar, desaparecer y perseguir a personas.
Abel Barrera dijo que esa delincuencia institucionalizada se enquistó en los grupos de la delincuencia organizada y que esa estructura es la que no se ha desmantelado, y permanece en algunas instituciones.
Añadió que el actual gobierno lo único que ha hecho es meter más militares, “pero dejan que funcione el sistema criminal en función de tolerar a los grupos de sicarios que están en las principales ciudades, donde viven, trabajan y asesinan”.
Mientras tanto, explicó que los militares y los elementos de la Guardia Nacional sólo están para servir a intereses de la clase política, empresarial, de grupos de poder y para cuidar a las instituciones, garantizar el libre tránsito en la Autopista del Sol y en las carreteras cuando hay protestas sociales.
“Se han dedicado a mantener el orden pero dentro de las instituciones, y a cuidar a los funcionarios, pero se han olvidado de la seguridad ciudadana, por eso vemos lo que pasa en Acapulco, donde diariamente asesinan en los mercados, en las calles y en las playas”.
El defensor de derechos humanos recalcó que no se entiende cómo, si el gobierno tiene el diagnóstico de donde están los puntos rojos y tiene ubicados a los grupos de la delincuencia, por qué no funcionan los operativos.
Añadió que en Guerrero todo mundo sabe en donde operan y donde están, pero no les hacen nada, “y eso quiere decir que hay pactos o intereses macro delincuenciales que uno no alcanza a ver, y eso explica por qué no los tocan, y, al contrario, se siguen robusteciendo los grupos del crimen organizado”.
“Y también vemos que dentro de la clase política del estado hay gente que son como secuaces de estos grupos, la estructura del poder político está corroída, es decir, el problema es que la delincuencia está al interior de las instituciones del gobierno”.
Para Barrera Hernández este no es un problema solamente de una sociedad que ha permitido y ha dejado que pululen estos grupos, sino de un gobierno que ha permitido que se reproduzcan estos grupos porque al interior tiene “padrinos o representantes”.
Declaró que esto es un problema grave y por eso las estadísticas de la violencia van al alza, en términos de mayor inseguridad.
Dijo que si Acapulco ocupa el cuarto lugar entre los 50 municipios con más violencia en el país quiere decir que campea la delincuencia, es decir, que están por encima de las instituciones los intereses de la delincuencia.
Barrera Hernández añadió que la economía de Guerrero depende en gran medida de la delincuencia organizada, “no hay más economía exitosa que esa, lo demás es pobreza. Acapulco es un mar de pobreza en medio de los negocios de la criminalidad”, lamentó.
El director de Tlachinollan declaró que la violencia y el crimen organizado ya son un asunto muy delicado y grave y pero que a pesar de ello algunas autoridades prefieren guardar silencio.
“La estrategia de seguridad sigue siendo equivocada porque las autoridades no se quieren aliar con la población, con la misma Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria”.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
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