Lambertina Galeana Marín tiene prisión preventiva y su familia intentará mostrar que no puede estar en una cárcel por su edad y su situación de salud
Chilpancingo, Guerrero, 16 de mayo de 2025. La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, se encontraba hasta la tarde de ayer a disposición del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, imputada por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
El abogado penalista Valentín Sandoval Montiel, quien rastreó el caso, informó que la ex magistrada cuenta con un defensor público federal y está en prisión preventiva, mientras su familia aporta las pruebas para acreditar su edad y su situación de salud para pedir que enfrente el proceso bajo arraigo domiciliario.
Galeana Marín, de 79 años de edad, fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) a las 8 de la mañana en su casa de la calle Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, cerca del centro de la capital.
A la ex presidenta del TSJ se le señala por la desaparición de videos de las cámaras que estaban instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a al grupo más numeroso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las primeras versiones indicaron que Galeana Marín fue trasladada a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, sin embargo el abogado Sandoval Montiel informó que fue puesta a disposición del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, en donde recibe atención médica.
Dijo que de acuerdo con los datos que recabó, la ex funcionaria judicial tiene prisión preventiva en lo que su familia acredita su edad y su situación de salud, puesto que se encuentra enferma, aunque no se especificó cuál es su padecimiento.
Indicó que con estos datos podrían pedir al Ministerio Público Federal el cambio de medidas cautelares.
De los delitos que se le imputan, el de desaparición forzada de personas está tipificado como grave y es por el que le dictaron la prisión preventiva “y en el que se están basando las autoridades federales”, puesto que por el de contra la administración de justicia no amerita prisión preventiva y pudo haber obtenido el arraigo domiciliario por su edad y su estado de salud, “que requiere de cuidados paliativos”.
Mientras tanto, fuentes del TSJ informaron que hasta la tarde de ayer los magistrados no habían determinado cual será la postura que asumirá el Poder Judicial con respecto a la aprehensión de la ex magistrada, por lo que rechazaron emitir declaraciones u opiniones a título personal.
Texto: Zacarías Cervantes
