Espera padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos que Lambertina Galeana declare quién le ordenó destruir la evidencia o dónde están las grabaciones. La ex magistrada está en un penal federal de Morelos y recibe atención médica
Chilpancingo, Guerrero, 16 de mayo de 2025. Después de la detención ayer de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Lambertina Galeana Marín, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero emitió este jueves un comunicado donde negó tener conocimiento sobre los videos del Palacio de Justicia de Iguala relacionados con el caso Ayotzinapa, que presuntamente fueron borrados.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Aguirre Rivero publicó su posicionamiento sobre la detención de la ex magistrada. Una hora antes, había publicado una foto donde dio a conocer una reunión que sostuvo con los ex gobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer y Héctor Astudillo Flores.
El escrito de Aguirre Rivero de manera íntegra dice lo siguiente: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia. 1. En consecuencia, jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio. 2. Confío en que la magistrada habrá de aclarar a cabalidad los hechos que se le imputan y desmentir los señalamientos dolosos que se han vertido en torno a mi persona.
3.Y con relación a la nota publicada el día de hoy en el periódico El Universal, por el columnista Salvador García Soto, quien insinúa que el día en que acontecieron los lamentables hechos de Iguala, el suscrito se encontraba en las oficinas de Protur del puerto de Acapulco, nada más alejado de la realidad. Por ello, solicito a la Fiscalía General de la República se recaben las sábanas de llamadas (geolocalización) de mi equipo de telefonía celular, a efecto de establecer fehaciente e indubitablemente dónde me encontraba. Asimismo, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan ante las autoridades competentes por daño moral. 4. Finalmente, deseo reiterar mi disposición de colaborar con la UEILCA y la COVAJ en todo aquello que esté a mi alcance”.
“Estoy en paz y con mi conciencia tranquila. La verdad, tarde o temprano, saldrá adelante.
Atentamente Licenciado Ángel Aguirre Rivero. Ex gobernador de Guerrero, Ciudad de México, 15 de mayo de 2025”, finaliza.
Lambertina Galeana Marín fungió como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero en 2014, cuando el 26 de septiembre fueron desaparecidos los 43 normalistas.
Este miércoles, la ex magistrada fue detenida en Chilpancingo, acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Se reúne con Figueroa y Astudillo
Aguirre Rivero publicó primero a la 1:31 de la tarde una foto de la reunión que tuvo con los ex gobernadores Figueroa Alcocer y Astudillo Flores, en un restaurante de la Ciudad de México, con el siguiente mensaje: “Hoy tuve una grata y significativa reunión con los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Héctor Astudillo Flores”.
“Nos dimos un tiempo para compartir recuerdos de vivencias en común, analizar con seriedad y respeto la realidad de Guerrero y del país, y sobre todo, para ratificar los lazos de amistad y camaradería que el tiempo ha fortalecido. Conversaciones como esta siempre enriquecen, porque surgen de la experiencia, del cariño por nuestra tierra y del compromiso permanente con las y los guerrerenses. ¡Un gusto coincidir, dialogar y seguir construyendo puentes desde la madurez política y el afecto personal!”.
Los tres fueron ex gobernadores priistas de Guerrero: Figueroa Alcocer lo fue de 1993 a 1996, año en que solicitó licencia al cargo después de la masacre en Aguas Blancas y dejó como interino a Aguirre Rivero hasta 1999, quien en una segunda ocasión fue el primer mandatario –ya por el PRD –entre 2011 y 2014, y dejó el cargo después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en la ciudad de Iguala.
Después de un interinato del académico Rogelio Ortega Martínez, Héctor Astudillo fue electo en 2015 y dejó el cargo en el 2021, año en que las elecciones dieron el triunfo a la actual mandataria estatal, la morenista Evelyn Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio.
A las 2:04 de la tarde Aguirre Rivero publicó otro mensaje en el que expone su postura de la detención de Galeana Marín, en el cual se deslindó públicamente de cualquier implicación en la supuesta destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La declaración del ex gobernador ocurre luego de que medios de comunicación, particularmente el columnista Salvador García Soto en El Universal, vinculó al ex mandatario con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en lguala, insinuando que se encontraba en oficinas de la Promotora Turística de Guerrero (Protur) cuando desaparecieron los 43 normalistas.
La ex presidenta del TSJ está en un penal federal de Morelos; buscaría el arraigo domiciliario
La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, se encontraba hasta la tarde de ayer a disposición del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, imputada por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
El abogado penalista Valentín Sandoval Montiel, quien rastreó el caso, informó que la ex magistrada cuenta con un defensor público federal y está en prisión preventiva, mientras su familia aporta las pruebas para acreditar su edad y su situación de salud para pedir que enfrente el proceso bajo arraigo domiciliario.
Galeana Marín, de 79 años de edad, fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) a las 8 de la mañana en su casa de la calle Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, cerca del centro de la capital.
A la ex presidenta del TSJ se le señala por la desaparición de videos de las cámaras que estaban instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a al grupo más numeroso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las primeras versiones indicaron que Galeana Marín fue trasladada a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, sin embargo el abogado Sandoval Montiel informó que fue puesta a disposición del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, en donde recibe atención médica.
Dijo que de acuerdo con los datos que recabó, la ex funcionaria judicial tiene prisión preventiva en lo que su familia acredita su edad y su situación de salud, puesto que se encuentra enferma, aunque no se especificó cuál es su padecimiento.
Indicó que con estos datos podrían pedir al Ministerio Público Federal el cambio de medidas cautelares.
De los delitos que se le imputan, el de desaparición forzada de personas está tipificado como grave y es por el que le dictaron la prisión preventiva “y en el que se están basando las autoridades federales”, puesto que por el de contra la administración de justicia no amerita prisión preventiva y pudo haber obtenido el arraigo domiciliario por su edad y su estado de salud, “que requiere de cuidados paliativos”.
Mientras tanto, fuentes del TSJ informaron que hasta la tarde de ayer los magistrados no habían determinado cual será la postura que asumirá el Poder Judicial con respecto a la aprehensión de la ex magistrada, por lo que rechazaron emitir declaraciones u opiniones a título personal.
Espera padre de uno de los 43 que la ex magistrada revele que pasó con los videos
Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, uno los 43 normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, consideró importante que se haya ejecutado la orden de aprehensión contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por la destrucción de la grabación de imágenes de circuito de vigilancia de Ciudad Judicial en Iguala, la noche del 24 de septiembre de 2014, aunque criticó el retraso de la acción judicial.
Planteó que las autoridades busquen más información que aporte al esclarecimiento de los hechos y del destino de los estudiantes detenidos desaparecidos, y que no sea solo una prisión domiciliaria, de “los estamos agarrando pero los llevamos para su casa, a eso no le veo el chiste”.
Señaló que “(la orden de aprehensión) era de muchos años atrás, ahorita la señora ya está bien viejita (tiene 79 años), ¡sabrá Dios si puede hablar! Creo que tenía que dar algo (el gobierno) a la opinión pública a unos meses de 11 años de los crímenes”.
En consulta telefónica, indicó que era 60 las órdenes de aprehensión que solicitó el primer fiscal en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo (junio 2019-septiembre de 2022) y quien dimitió al cargo justamente por las diferentes que hubo en los procedimientos para aprobar las detenciones que requirió.
Puntualizó que había muchos servidores públicos estatales.
Reconoció que comience la ejecución de las detenciones, y ojalá hable, aventuró. Sin embargo, precisó que lo fundamental ahora para los padres de los estudiantes es que el gobierno federal abra los 800 folios de los archivos militares que negó la anterior administración federal, y regrese el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creado para coadyuvar con asesoría la búsqueda de los estudiantes y las investigaciones.
Recordó que el GIEI se retiró del país porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador protegió al Ejército, al cerrar los archivos al escrutinio de los especialistas. Sin acceso a los documentos no podían realizar su encargo.
De la detención de la magistrada en retiro, aclaró que conoció la noticia a través de la prensa y le pareció raro. Sin embargo, señaló que le corresponde por la función que desempeñó, esclarecer la razón de fondo de que haya ordenado que deshiciera de los videos, que son evidencia de crímenes de lesa humanidad.
Indicó que ex magistrada debería decir quién le ordenó destruir la evidencia, o en su defecto, dónde están esos videos que estuvieron en su momento bajo su responsabilidad.
Advirtió que en esta fecha hubo otra noticia de la muerte de un sobreviviente del 26 de septiembre en Iguala, quien falleció sin apoyo de las autoridades ni se precisarán las causas de la muerte, y que conoció a través de un boletín. Aclaró que no lo conocía, y preguntó por él a otros integrantes del movimiento.
Estimó que habrá más noticias y más detenciones, porque Gómez Trejo gestionó más en Guerrero que se desestimaron en el gobierno de López Obrador.
Consideró que en este periodo no necesariamente se reforzaron los procesos con mayor investigación y elementos de prueba.
Señaló como referencia que el ex jefe antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, obtuvo un amparo para que le retirarán el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas.
Así como la situación legal de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos que operaba la plaza de varios municipios en la región Norte de Guerrero, que sólo está en prisión por delincuencia organizada.
Recordó que fue una demanda principal que se aplicarán las órdenes de aprehensión que gestionó Gómez Trejo, porque evidencia el entramado de autoridades que intervinieron en los hechos de Iguala y protegieron a los perpetradores.
Adelantó que tentativamente, el 28 de este mes podrían reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer el estado de la investigación.
Texto: José Miguel Sánchez, Zacarías Cervantes y Lourdes Chávez/ Foto: Cuenta de X de Ángel Aguirre
