En mitin en la dependencia en la Cdmx, Vidulfo Rosales señala que no se han cumplido unas 40 órdenes de aprehensión de personas que podrían tener información relevante del paradero de los jóvenes. Matan en Edomex a un miembro de Guerreros Unidos que está ligado a los crímenes de hace siete años en Iguala. Niega juez amparo a Tomás Zerón contra su detención
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2021. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 realizaron un mitin frente a la sede nacional de la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves, a tres días de que se cumplan siete años de los delitos cometidos en Iguala. Respaldados por decenas de jóvenes de distintas normales rurales del país, los familiares de los 43 exigieron que desde la FGR se deje de obstruir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Tenemos muchas órdenes de aprehensión que desde hace seis meses no se han ejecutado y nosotros ignoramos por qué razón esto no se ha podido llevar a cabo. Vemos que dentro de la misma FGR hay otras áreas que están obstaculizando la rápida investigación para el esclarecimiento de este caso”, declaró a medios Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de los estudiantes.
Esas órdenes de aprehensión –alrededor de 40– implican, dijo, tanto a personas que obstruyeron la investigación como a personas que participaron en los hechos de Iguala, y que podrían resguardar información relevante del paradero de los jóvenes desaparecidos por fuerzas del orden.
El abogado señaló que, a pesar de que en la actual administración la investigación se mantiene abierta y dinámica –con cotidianas búsquedas en terreno–, persisten áreas del gobierno federal que no apoyan el trabajo que encabeza Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, y que no “caminan al parejo con la voluntad del presidente” Andrés Manuel López Obrador.
“Me refiero justamente a la FGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional –puntualizó Rosales–. Hay que investigar cuál es el nivel de participación de la institución armada, pero no hay voluntad, el Ejército sigue siendo esta institución hermética, no hay total apertura para rendir cuentas ante la justicia”.
Con las órdenes paralizadas y la falta de varias “detenciones excelentes”, llegar a tener un entendimiento más estructurado y fidedigno de los hechos ocurridos hace siete años es todavía un horizonte remoto, reconoció Vidulfo.
“Se hace mención de que fue la delincuencia organizada, pero en ese entonces quienes se los llevaron, a nuestros hijos, fueron las patrullas”, recordó en su turno Hilda Leguideño, mamá del normalista Jorge Antonio Tizapa Leguideño. “Están involucrados militares, la Policía Federal también está involucrada: hubo una coordinación de las diferentes fuerzas policiacas sin que hasta el momento se les expida órdenes de aprehensión”.
Buscar en vida, no sólo en fosas clandestinas
Este viernes los familiares de los normalistas se reunirán con López Obrador en Palacio Nacional, y una de sus expectativas es conocer más detalles sobre la línea de investigación que tiene que ver con las corporaciones policiacas.
De acuerdo con lo que informó una comisión de madres y padres al final del mitin, durante la reunión con el presidente las autoridades de la FGR proporcionarán información sobre nuevas detenciones y avances en la investigación.
A tres años de la actual administración, aún no se cuenta con resultados contundentes y mucho menos en lo que concierne a la participación de elementos del 27 Batallón de Iguala, no obstante los señalamientos hechos desde el inicio del caso por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Clemente Rodríguez, papá del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, comentó que el presidente “en su campaña nos prometió seguir las cuatro líneas de investigación y no hemos tenido ningún resultado.
“El único resultado que hemos tenido es haber encontrado… por mi hijo, dos fragmentos, y esto como padres, se los digo, no me convence, no hay una investigación muy clara, no hay justicia, no hay detenciones de estas personas; Ángel Aguirre Rivero anda suelto, Tomás Zerón de Lucio y todas aquellas personas involucradas no están tras la rejas”.
Madres y padres también demandaron que las búsquedas de sus hijos no sólo se enfoquen en fosas clandestinas, sino que se dediquen más esfuerzos a las búsquedas en vida. Asimismo, manifestaron su desconfianza en parte de las informaciones que estarían aportando algunas de las personas detenidas y vinculadas al caso.
Clemente Rodríguez expuso sus dudas de la información de Juan Miguel Pantoja, El Pajarraco, presunto implicado, miembro de Guerreros Unidos: “Diciendo que nuestros hijos fueron quemados él está ganando tiempo para que le den su libertad”.
Más que “un huesito”
Blanca Nava, mamá del normalista Jorge Álvarez Nava, insistió: “Queremos hechos. Que ya no busquen en fosas, porque ellos se van por cosas que les están diciendo los que están detenidos, pero los detenidos no se van a echar la culpa”, dijo.
“Ahora encontraron unos fragmentitos en la Barranca (de la Carnicería), pues ahora ya no salieron del basurero (de Cocula) pero salen de la barranca. Qué casualidad que a siete años que estamos sigan los huesitos ahí, esta es una burla”.
Firme, con voz engrosada por la rabia y el pesar, afirmó que no se conformará con tener sólo “un huesito” para quedarse tranquila, en su casa. “A mí me tienen que entregar el cuerpo de mi hijo. Y quiero que todas las madres sepamos el paradero de nuestros hijos”.
Asesinan en Edomex a un miembro de Guerreros Unidos que está ligado a la desaparición de los 43
Juan Salgado Guzmán, alias El Indio, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos y ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue abatido en Metepec, en el Estado de México.
Fuentes estatales detallaron que el presunto delincuente que cayó durante la balacera que se registró la tarde de este miércoles en el centro del Pueblo Mágico de Metepec, habría sido Juan Salgado Guzmán.
Según informes policiales sobre el enfrentamiento, policías de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron una persecución para la detención de El Indio, desde Vicente Guerrero, tres calles atrás, de donde se registró la balacera.
De acuerdo con esta información, Juan Salgado, objetivo clave sobre el caso Ayotzinapa, estaba siendo buscado por las autoridades, luego de que en 2019 fue liberado junto con más personas y policías presuntamente involucrados en la desaparición de los normalistas en Guerrero.
Salgado Guzmán había sido detenido previamente en 2016 durante un operativo en el municipio de Tonatico en el Estado de México, donde supuestamente intentaba hacerse pasar por otra persona.
Con Juan Salgado Guzmán, El Indio, son por lo menos siete presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas que han sido asesinados.
El 21 de junio, El Sur publicó que el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, informó que desde 2015 habían sido asesinados seis presuntos implicados en el caso, incluido Humberto Velázquez, El Guacho, ejecutado el 16 de junio en Iguala, ex policía ministerial y ex militar, que era investigado como parte de Los Tilos, el brazo armado de Guerreros Unidos.
Niega juez amparo a Tomás Zerón contra orden de aprehensión por el caso Iguala
Un juez federal negó a Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por las supuestas torturas y alteración de evidencias en el caso Iguala.
En este expediente se le imputa al ex mando policiaco haber trasladado al Río San Juan a Agustín García Reyes, El Chereje, en forma ilegal y bajo torturas, para una de las más importantes diligencias del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que dieron lugar a la fabricación de la “verdad histórica” con la que la Procuraduría General de la República del anterior gobierno federal pretendió cerrar el caso, pues en ella se encontró una bolsa con restos humanos en los que fue identificado un estudiante.
José Fernando García Quiroz, Juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, negó cancelar la orden de aprehensión girada contra Zerón por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.
En opinión de García, el mandato de captura girado el 10 de marzo de 2020 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, cumple con todos los requisitos y formalidades legales, porque en el nuevo sistema acusatorio el requerimiento probatorio es mínimo.
“Es irrelevante lo que se alega en cuanto a que… se desatendió la relación que debe existir entre los datos de prueba y los hechos investigados, porque el quejoso parte de un falso supuesto al considerar ilegal la valoración de tales datos, porque no debe pasarse por alto, que conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio, el estándar de los datos de prueba en el estadío procesal en que se encuentra la causa penal, es mínimo, al no requerir de pruebas formalizadas”, dice la sentencia del juez de amparo.
Agrega que esta norma no representa un perjuicio para el inculpado, porque el nuevo sistema penal pretende “lograr esclarecer la verdad histórica de los hechos” delictivos y la probable participación del imputado, además de que los datos de prueba no son autónomos de los requisitos de legalidad.
El juez de amparo desestimó los reclamos de Zerón sobre la aplicación retroactiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura –vigente desde 2017– para fincarle ese delito por hechos ocurridos en 2014.
Dijo que, si bien esa norma es citada por el juez que ordenó su aprehensión, la referencia la hizo con relación a un artículo transitorio y para justificar la ley procesal que se aplicaría, pero no para imputar el delito.
Zerón también alegó que fueron violados los principios de probidad, buena fe y debido proceso por un conflicto de interés de Omar Gómez Trejo, quien fue Secretario Ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hoy es titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
En este asunto se imputa al ex titular de la AIC de torturas a Agustín García Reyes, El Chereje, y de llevarlo al Río San Juan, para la diligencia del 28 de octubre de 2014, en la que se hallaron restos humanos. En el lugar, según la FGR, habría manipulado a subordinados y violado la cadena de custodia, con el propósito de redireccionar la investigación.
Texto: Caterina Morbiato, Agencia Reforma y Redacción / Foto: Cuartoscuro
