Jesús Mendoza Zaragoza
Polémica ha sido la intervención de los obispos de las cuatro diócesis guerrerenses ante los patrones de la delincuencia organizada en Guerrero. Particularmente con aquéllos que tienen su área de influencia en las regiones de la Tierra Caliente, de la Sierra, del Norte y del Centro del estado de Guerrero. Ya antes, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza lo había hecho, a título personal. En los ambientes políticos y sociales ha sido vista de diferentes formas, ya de aprobación o de desaprobación. Y en el ámbito de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha encontrado una manifestación de respaldo esta búsqueda episcopal orientada a reducir los efectos de las acciones violentas que se dan en la confrontación entre grupos o bandas y en los abusos graves hacia la población.
La Iglesia católica en Colombia tiene una vasta experiencia en este tema. La situación de conflictos armados en este país ha sido larga, desde los años 60 del siglo pasado, y ha sido también extremadamente compleja. Grupos civiles armados de los más diversos han estado en el escenario colombiano. En primer lugar, han estado las formaciones guerrilleras con un perfil ideológico y político (FARC y ELN) que pretendían una transformación del país por la vía de las armas. En segundo lugar, han estado los cárteles de narcotraficantes con sus ejércitos armados para el negocio de las drogas y, en tercer lugar, los paramilitares al servicio de los terratenientes y los grandes ganaderos del país.
En estas condiciones, desde el año de 1987 la Iglesia ya participaba en conversaciones entre las guerrillas y el gobierno nacional como mediadora y con la exigencia de los derechos humanos de ambas partes. Y así, tiene que hacer un largo camino de aprendizaje, buscando la creación y la promoción de una cultura de reconciliación y paz, en donde los ciudadanos se sientan partícipes del proceso. En el año 1995 la Iglesia colombiana creó la Comisión de Conciliación Nacional con la que ha buscado moderar y sistematizar su acción, ya no siendo negociadora o representante, sino facilitadora y conciliadora.
Estos encuentros con los grupos civiles armados –ya sean guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares– fueron denominados como diálogos pastorales, con la intencionalidad de facilitar el encuentro entre las partes en conflicto y con los gobiernos. Con el nombre de diálogos pastorales se quiere señalar que esta acción de la Iglesia, representada por sus pastores (obispos y sacerdotes) es eso, una acción de carácter pastoral, aunque tenga resonancias e impactos políticos como todo lo que hace la Iglesia en la esfera pública. En un principio, estos diálogos no fueron bien vistos por los actores políticos, pero paulatinamente, fueron mostrando resultados en la disminución de las violencias y en sus efectos relacionados con las comunidades y con la sociedad colombiana. Estos diálogos han sido una contribución para llegar a los actuales procesos de paz que se están llevando a cabo en los diversos territorios de Colombia.
Es cierto que los conflictos armados entre los cárteles de las drogas, las bandas de la delincuencia organizada y los ejércitos regulares en México, son muy diferentes a los colombianos. Sin embargo, esa experiencia sudamericana puede ayudarnos a buscar caminos en los cuales las iglesias puedan aportar acciones o estrategias para la pacificación del país y para construir una cultura de paz.
Para comenzar, es necesario contar con un análisis, un diagnóstico y una visión adecuada para México. En un artículo anterior, yo señalaba la diferencia entre la llamada pax narca y la paz con justicia. La paz con justicia implica transformaciones estructurales, económicas, políticas y culturales, sobre todo, como condiciones necesarias para que todos los mexicanos tengamos las condiciones necesarias para una vida digna. Esta es la visión estratégica, tan necesaria cuando hablamos de construcción de paz. Jamás podemos resignarnos a la pax narca que las organizaciones criminales deciden y establecen de acuerdo con sus propios intereses.
Sin embargo, cuando obispos y sacerdotes, teniendo la capacidad para acercarse de manera pastoral, a quienes toman decisiones violentas, con el fin de reducir el sufrimiento de la población, buscan caminos para proteger a las comunidades de los abusos del poder armado de los criminales. Es un esfuerzo pastoral en la medida en que se apela a la conciencia moral de las organizaciones criminales y de quienes toman las decisiones en ellas, para que éstas hagan el menor daño a la gente. Hasta aquí se puede llegar con esta pax narca, por ahora. Pero quizá algún día cambien las condiciones en el país para que puedan abrirse los mecanismos de justicia transicional que den paso a la paz con justicia.
Hay que tomar en cuenta que, en el mundo de la delincuencia organizada podemos distinguir varias esferas muy diferenciadas. La primera, es la de los “patrones”, los dueños, quienes toman las decisiones, como “empresarios” en sus negocios ilícitos. Otra esfera es la que está formada por sus “trabajadores”, como narcomenudistas, halcones, sicarios y demás, que cumplen las órdenes de los dueños de las organizaciones. Y hay una tercera esfera, formada por la base social de los territorios que tienen controlados o de los segmentos de la economía que tienen secuestrados, como el comercio ambulante, los trasportistas, etc. La responsabilidad de los actores de cada esfera es diferente y necesita ser diferenciada. Y casa esfera tiene sus propias necesidades. De esta manera, la Iglesia tiene que acercarse a cada una de estas esferas de manera diferente para cumplir con su misión pastoral.
Y las víctimas, ¿dónde quedan en una intervención pastoral con los victimarios? Precisamente esta acción pastoral orientada hacia las organizaciones criminales se plantea para reducir los niveles de victimización. Y en cada intervención hay una obligación moral de ponerse del lado de las víctimas, atendiendo a sus necesidades, ya sean personas, familias, comunidades o territorios. Para que esto suceda se requiere un hondo análisis de las situaciones, un discernimiento pastoral y una estrategia orientada hacia la paz con justicia que implica una necesaria trasformación social. Compleja tarea para los obispos de las diócesis guerrerenses si quieren avanzar en este camino de pacificación.
