Gaspard Estrada
El pasado 17 de mayo, Ecuador regresó a los titulares de la prensa internacional. El asediado presidente de ese país, Guillermo Lasso, que enfrentaba una inminente votación de juicio político, activó una cláusula constitucional para disolver el gobierno, una medida políticamente tensa que podría provocar protestas en un país que ya vive una frágil situación de seguridad. El líder ecuatoriano invocó un procedimiento conocido como “muerte mutua”, mediante el cual se disuelve la Asamblea Nacional –liderada por la oposición– y se convocará a elecciones anticipadas, según un decreto publicado en el sitio web de la presidencia. La decisión del presidente de instaurar la muerte cruzada significa que Lasso puede gobernar por decreto hasta que se celebren elecciones para un nuevo presidente y cuerpo legislativo. Las elecciones se llevarán a cabo dentro de los próximos 90 días. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, y la fecha de la primera vuelta de las elecciones generales anticipadas está prevista para el próximo 20 de agosto. El CNE ha dicho que hará la convocatoria oficial a las urnas el próximo 24 de mayo. Los ciudadanos ecuatorianos elegirán al nuevo presidente y a los 137 miembros de la Asamblea Nacional que presidirán el país durante el período 2023-2025. Los pedidos de renuncia de Lasso se han vuelto más fuertes en los últimos meses, ya que el país está sumido en una crisis del poder adquisitivo y altas tasas de violencia criminal. Pero el anuncio de la muerte cruzada ha detenido el proceso de juicio político contra Lasso en la Asamblea Nacional, que comenzó ayer. Los legisladores habían acusado al presidente de interferir en la negociación de un contrato de transporte marítimo relacionado con la exportación de productos derivados del petróleo. Él ha negado todas las acusaciones y afirma que éstas tienen motivaciones políticas.
El expresidente Rafael Correa dijo en Twitter que la medida de Lasso era “ilegal” pero también una “gran oportunidad para deshacerse de Lasso, su gobierno y sus asambleístas alquilados, y recuperar el país”. Previamente la oposición ecuatoriana y la influyente federación de organizaciones indígenas (CONAIE) habían prometido realizar protestas masivas si Lasso instauraba la muerte cruzada. Y es que el caldo de cultivo de la protesta ahí está. Para muchos analistas, Lasso no ha cumplido las promesas de campaña de impuestos más bajos y más inversión extranjera directa. Tampoco ha podido transmitir una estrategia exitosa para detener la violencia.
Sin embargo, no siempre las cosas fueron tan difíciles para el millonario, que postuló a la presidencia con una plataforma de valores liberales antes de llegar al poder, en 2021. Al comienzo de su mandato, fue elogiado por una exitosa campaña de vacunación contra la Covid-19, disfrutando de altos índices de aprobación en ese momento. Pero después, las cosas se fueron complicando. Lasso sobrevivió a un intento de juicio político en medio de protestas por el aumento de los precios del combustible y los alimentos, el año pasado, y su nombre apareció en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que dejó en evidencia los manejos financieros turbios de grandes actores políticos y empresariales, incluyendo docenas de jefes de Estado (la ley ecuatoriana prohíbe a los servidores públicos tener activos en paraísos fiscales). Lasso respondió a la comisión legislativa de Ecuador que lo investiga que no había evadido impuestos y que su trayectoria fiscal estaba respaldada legalmente. Posteriormente, la investigación fue cerrada por la Contraloría.
A pesar de este freno impuesto a la justicia, la situación política, social y económica continuó deteriorándose. Las cosas se complicaron peligrosamente para Lasso cuando los medios acusaron al cuñado del presidente, Danilo Carrera, de corrupción, incluyendo un esquema de dinero a cambio de puestos en el gobierno y contratos de energía falsos. Los fiscales habían abierto una investigación sobre los contratos de energía falsos en enero. Tras el informe, Lasso pidió a los fiscales que investigaran a Carrera por su relación comercial y personal con Rubén Cherres, a quien las autoridades intentaron arrestar pero que fue encontrado asesinado a fines de marzo. Lasso ha rechazado la existencia de una estructura o red de corrupción en su gobierno. Sin embargo, en la opinión pública, su versión no ha sido bien recibida. De manera que, paradójicamente, la corrupción –que había contribuido al declive del Correísmo en Ecuador–, podría permitir el regreso de este último en unos meses.
* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter: @Gaspard_Estrada
